¿Desarme en Navidad?

Escrito por: ERICK BARINAS
El autor de esta columna ha sostenido muchas veces que en la República Dominicana existe un nivel desproporcionado de personas con armas de fuego.

El porte y tenencia ilegal de armas constituye un serio problema que desafía a las autoridades y lleva intranquilidad, desasosiego y desgracia permanente a la población.

Una política de desarme ciudadano aceptable para toda la ciudadanía debe aplicarse en primer lugar incautando las armas ilegales de aquéllos que olímpicamente las portan en las calles de nuestro país de manera desafiante e intimidante.

Si las autoridades competentes y los agentes policiales comienzan a detener a la gente en las calles y a incautarles sus armas a quienes las poseen legalmente, se actúa de manera arbitraria, odiosa, improvisada e irresponsable.

Un plan de desarme efectivo debe iniciar, reiteramos, incautando las armas de las personas y delincuentes que las portan de manera ilegal. Cuando se logren reducir drásticamente los niveles de tenencia y porte ilegal de armas, entonces puede implementarse un programa de desarme general de la población a través de mecanismos legales y transparentes.

En ninguna ciudad mínimamente desarrollada del mundo se observa a los ciudadanos con una pistola en el cinto, mucho menos a analfabetos y a individuos inconscientes, pavoneándose por las calles y penetrando armados hasta a los bancos y a las instituciones públicas.

Lamentablemente, cualquiera consigue y porta un arma en nuestro país, ya sea a través del contrabando o por otras vías. Para colmo, existe una absurda resolución que prohibe a los usuarios de los bancos el uso de celulares, lentes de sol y gorras, más no el portar armas fuego. ¡Increíble!.

Ponemos este ejemplo para que se vea que hace falta el diseño y aplicación de un plan integral de seguridad ciudadana de mediano y largo plazo, que involucre a los sectores público y privado del país, y a los mejores expertos nacionales e internacionales en la materia.

Hace falta levantar un inventario confiable de las armas legales que posee la población civil y establecer la posible cantidad de armas ilegales que hay en las calles.

Se impone que se establezca una legislación rigurosa que cree las condiciones para detener el contrabando de armas y el control y disminución de la posesión, porte y tenencia de armas por parte de la población civil.

Sin embargo, un plan de esa naturaleza y envergadura no puede hacerse sin una profunda depuración y reforma de la Policía Nacional y los organismos armados.

Hay que tener en cuenta que Quirino y otros criminales de su estirpe han alcanzado rangos militares con fines de todos conocidos.

Es decir que la calidad del agente policial y militar es necesario aumentarla sobre la base de una reestructuración orgánica y financiera que incluya una mayor inversión del Estado en capacitación y en el pago de salarios dignos y adecuados.

Otro tanto merece el tema de la irresponsabilidad judicial frente al fenómeno criminal.

Y es que el buen trabajo que realice la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad ciudadana será en gran medida inefectivo si la Justicia no cumple su rol de sancionar en forma ejemplar el crimen y la delincuencia.

Si bien se entiende que hay que introducir reformas al Código Procesal Penal a los fines de impedir que narcotraficantes, asesinos, secuestradores y asaltantes salgan olímpica e impunemente bajo fianza, igualmente se deben establecer controles eficaces que impidan la venalidad y complicidad judicial.

El desarme debe ser gradual, no antojadizo, ni temporal, ni arbitrario.

Primero se debe incautar las armas ilegales y después establecer mecanismos que prohiban el porte, el exhibicionismo y por último la tenencia. Pero la seguridad ciudadana tiene que estar garantizada no sólo por la Policía Nacional, sino también por la Justicia, gran responsable de la impunidad de criminales y delincuentes.

http://www.elnacional.com.do/opiniones/2008/12/6/1400/Desarme-en-Navidad