Al margen del establecimiento de la no reelección presidencial consignada en el pacto Leonel Fernández–Miguel Vargas Maldonado la pasada semana, que ha concitado el natural interés de la opinión pública y de la comunidad política dominicana, existe otro, mucho más importante para la suerte futura de República Dominicana, que ha sido acordado en secreto y que el país merece y debe exigir con claridad meridiana conocer su contenido y alcance, como lo es el de la nacionalidad dominicana.
Para nadie es un secreto que Estados Unidos y las grandes potencias, ante la no viabilidad del Estado haitiano, tienen entre sus planes provocar en los hechos la fusión de República Dominicana con Haití, estimulando grandes migraciones hacia nuestro territorio y reconociendo jurídicamente como ciudadanos dominicanos a más de un millón de ilegales haitianos que están en el mismo, al tiempo de otorgarle facilidades similares a otros tantos que puedan ingresar al través de una inexistente y desprotegida frontera.
Ese plan, que es el mismo que denunciara hace más de quince años el Dr. Joaquín Balaguer, entonces presidente de la República, está hoy en marcha con más fuerza que nunca. Hace apenas unos días pudimos ver y escuchar un reportaje de El Mundo Informa, de la poderosa y prestigiosa cadena norteamericana CNN, sobre la espantosa situación de hambruna por la que están atravesando millones de haitianos que, a juicio del reportaje en cuestión, representa una gravedad tan extrema que sus realizadores no admiten que pueda existir una situación más deplorable en todo el hemisferio.
Nadie puede tampoco alegar ignorancia de que la presión internacional ha logrado con éxito paralizar cualquier iniciativa del Estado Dominicano tendente a aplicar un régimen mínimo de ordenamiento de la inmigración ilegal, instituido en una ley aprobada hace más de cinco años por el Congreso Nacional, y que se presiona además por distintas vías para frustrar cualquier intento de control fronterizo, como el último constituído por el denominado Cesfront, al que se le ha dejado languidecer por falta de recursos mínimos para su correcta operatividad.
Es en ese marco en que el Presidente Leonel Fernández, organizando su futuro político, pacta su salida del poder en el año 2012 con el candidato opositor que aspira a sucederlo, en el que se le informa al país lacónicamente que han llegado a una acuerdo que la sociedad no conoce acerca del establecimiento de la combinación del jus sanguini y el jus soli en la nueva Constitución de la República, contrariando así las conclusiones unánimes que sobre el tema tuviera la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas de la Nación, realizada hace apenas unos pocos meses, que había resolutado la aprobación del jus sanguini, tal y como lo tiene nuestro vecino Haití.
Hay, pues, motivos claros para preocuparse del alcance de lo pactado, al margen de la discusión abierta, democrática y pública de la Asamblea Nacional. La sociedad dominicana debe estar muy atenta en saber si se va a ceder a las presiones de las grandes potencias, dándole a los haitianos ilegales la nacionalidad dominicana o si, por el contrario, se tomarán las previsiones necesarias para defender su soberanía y su integridad territorial.
Si los dominicanos permiten que se les impongan los dictados de las políticas que las grandes naciones del mundo tienen para resolver el problema haitiano en base al territorio y los recursos de la República Dominicana, verán en muy corto plazo las consecuencias de su indiferencia y pasividad mantenidas hasta ahora.
Si los partidos y líderes políticos que hoy tienen la hegemonía del Congreso Nacional convierten esta reforma constitucional en materia de nacionalidad como el instrumento por excelencia de la haitianización del país, pagarán históricamente un alto precio por ello y pueden estar seguros que más temprano que tarde verán a esa misma población pasiva de hoy, empujada por la fuerza de la realidad, demandar la abolición de cualquier texto antinacional que pueda ser aprobado en ese sentido.
Igualmente, conforme a informaciones que poseemos y aunque no figure escrito en el acuerdo dado a conocer, existen claras tratativas para echar atrás y desconocer el texto del Artículo 30 aprobado por la Asamblea Nacional, relativo a la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte.
Es claro, como lo ha denunciado el Episcopado Dominicano, que poderosos organismos internacionales procuran imponer en corto plazo la despenalización del aborto en la República Dominicana, para cuyos planes la existencia del Artículo 30 aprobado es un gran impedimento.
Al igual que en el tema de la nacionalidad, al parecer existe el interés de complacer las presiones externas en el tema del aborto y su despenalización.
Esos son, pues, peligros nacionales de ese pacto.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=101575
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