El dinero que fluye hacia los partidos políticos para financiar campañas electorales es una de las grandes preocupaciones de sectores importantes de la sociedad.
Cuando se propuso y se aprobó la ley para que el Estado financiara a los partidos políticos se planteó que sería una forma de controlar ese torrente de dinero que nunca ha sido real y efectivamente cuantificado en su totalidad, además de que se garantizaría representación a grupos con menos recursos.
La presencia del dinero a raudales se ha señalado como un peligroso instrumento de exclusión de reales líderes sociales, pero que carecen de dinero. Este dinero, en sí mismo, es un mecanismo de destrucción de la expresión democrática y esencialmente un obstáculo a la real representación. Los líderes comunales, sin dinero, están excluidos de participar y las comunidades más pobres igualmente quedan sin expresión efectiva.
Con mucho dinero, de acuerdo con este razonamiento, se controla a los partidos y a través de ellos a las instituciones públicas, como es el caso del Congreso Nacional, la Suprema Corte y otros mecanismos de control público.
De ahí es que el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez con mucha frecuencia ha advertido sobre ese resquicio en nuestra legislación que puede permitir el ingreso atropellante en los partidos políticos de recursos del narcotráfico que parecen originarse en una especie de cuerno de la abundancia.
Aun cuando tenemos una ley de financiamiento de los partidos políticos con fondos públicos, todavía, de acuerdo con lo confirmado por los propios ejecutivos de la Junta Central Electoral, no es posible fiscalizar totalmente el origen de los fondos que manejan. La Junta carece de los recursos económicos y humanos para poderlos supervisar. En cierta forma estamos donde mismo habíamos comenzado cuando se decidió que el Estado financiara a los partidos. A menos que se cumpla con la auditoría de los fondos que van a las organizaciones políticas, nuestra democracia será cada vez más excluyente.
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