La FNP y los partidos pequeños

Escoger el tamaño Muy Pequeña Pequeña Normal Grande Muy Grande POR ERICK BARINAS La Fuerza Nacional Progresista es un partido político pequeño, calificado ideológicamente como conservador, pero que, sin embargo, ha hecho significativos aportes al debate público en nuestro país. Al líder fundador de la FNP, el doctor Marino Vinicio Castillo, con quien se puede o no estar de acuerdo en todas sus posiciones, es preciso reconocerle el gran mérito de haber denunciado y enfrentado por décadas un problema tan serio y maligno como el narcotráfico y la drogadicción. El tiempo le ha dado la razón al doctor Vincho Castillo respecto de la gran incidencia del grave mal de las drogas, el narcotráfico y el lavado de activos. Pero igualmente, el doctor Castillo es un jurista brillante que ha prestado desinteresadamente su talento y sus servicios profesionales tanto al Estado como a la sociedad en diferentes etapas con propuestas sobre la realidad institucional. El partido azul ha sido coherente y constante en sus planteamientos sobre aspectos nacionales tan vitales como la migración ilegal haitiana y la nacionalidad, sobre la corrupción administrativa, el endeudamiento externo, la defensa del sector agropecuario, la reforma agraria y los campesinos, entre otros. El licenciado Pelegrín Castillo, diputado por la FNP, ha sido un congresista ejemplar, laborioso, honesto y preocupado. Como jurista y legislador ha participado en muchos proyectos importantes, incluyendo en la comisión que elaboró el proyecto de reforma constitucional. Pelegrín Castillo es un político estudioso, un dirigente equilibrado y decente que piensa y actúa sobre en función de los mejores intereses del país. Constituye una gran reserva moral y política y un paradigma. Por razones de espacio, no puedo enumerar otros aportes que la Fuerza Nacional Progresista y sus líderes han hecho a la sociedad. De ahí que me parezca injusto que a ese partido se le quiera meter en el mismo saco que a otras entelequias politiqueras que no hacen más que negociar y buscar beneficios económicos. Efectivamente, si hay una organización partidaria que se parece al PLD de los años 70, 80 y 90, es precisamente la FNP. Es un partido pequeño y de militantes, pero muy preocupado por los problemas éticos. La FNP no es de los partidos pequeños que ha apoyado al PLD a cambio de cargos y ventajas. Antes al contrario, muchas veces ha sido la voz crítica y consciente que señala errores, desvaríos y despropósitos cometidos por determinados funcionarios gubernamentales o dirigentes y organizaciones aliadas. Cuando se plantea la eliminación de los partidos minoritarios o pequeños hay que tener mucho cuidado porque se puede caer en el terreno de la discriminación y la violación de preceptos constitucionales. Ciertamente, el dispendio de fondos públicos y la distribución de grandes recursos a los partidos – grandes y pequeños- constituye un problema. Sin embargo, se hace necesario estudiar los diferentes modelos de financiación de las actividades partidarias en las democracias avanzadas antes de apresurar propuestas excluyentes, discriminatorias y antidemocráticas. Es preferible que se elimine la entrega de fondos públicos a todos los partidos políticos sin excepción, a que supeditemos el crecimiento y el reconocimiento legal de organizaciones emergentes valiosas al manejo clientelar de los recursos que entrega el Estado. No es ocioso recordar que Juan Bosch y el PLD se convirtieron en la gran diferencia del escenario político nacional a pesar de contar con respaldos electorales minoritarios, y hoy en día el partido morado es la principal fuerza electoral del país. Por todo ello, y guardando las distancias y diferencias, la Fuerza Nacional Progresista también podría considerarse como una de las pocas excepciones cualitativas que han predominado en el deteriorado laborantismo electoral contemporáneo. Consecuentemente, plantear la eliminación del reconocimiento legal de una institución de ese nivel e importancia obedeciendo a simples criterios electoreros, podría ser un arma de doble filo con implicaciones políticas muy serias y complejas. No puede pasarse por alto que en democracia la equidad en el acceso a los derechos y libertades constituye un axioma jurídico constitucional que el Estado debe siempre proteger y garantizar.

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