¡Al grito con los atracos!

Vinicio A. Castillo Semán

He considerado oportuno titular este artículo de esta forma, porque en el país se está generalizando “un solo grito” con el tema de la inseguridad ciudadana y de los atracos de que son víctimas los ciudadanos de todas las clases sociales, y fundamentalmente de los barrios pobres, sin que al parecer nuestro amigo el Presidente y el gobierno estén al tanto de los niveles extremos que está experimentando el fenómeno criminal en la República Dominicana.

No hay sitio que uno visite, ni gente con que uno hable, que no exprese su preocupación en el sentido de que algo urgente hay que hacer para combatir esta espiral delincuencial. Como he dicho en artículos anteriores, hay una pérdida creciente de temor a delinquir, porque se sabe de antemano que no hay castigo por parte del poder judicial, encargado jurídicamente por el Estado para tener a los violentos tras las rejas.

La gente no tiene dónde acudir en búsqueda de protección. Está atemorizada.

La Policía y el nuevo Jefe Polanco Gómez hacen un gran esfuerzo con los recursos disponibles, enfrentando la ola mediática que hace a la población descreer de la uniformada.

Mientras todo esto ocurre, sectores del gobierno, manejando estadísticas maquilladas contabilizadas por extranjeros a sueldo, entienden erróneamente que es un problema de “percepción”, por lo cual no se abocan a su ineludible responsabilidad de buscar correctivos a este grave problema criminal.

En medio de este triste panorama, aparecen los teóricos y candidatos en campaña que se van por el camino politiquero y populista de echarle toda la culpa de lo que está ocurriendo a las ancestrales causas de desigualdades económicas y sociales de nuestro país, desconociendo olímpicamente que revertir ese proceso, que no es nada nuevo, tomaría décadas de ejecución de políticas efectivas por parte del Estado Dominicano.

Justificar la ola de atracos y de otros crímenes violentos como una consecuencia exclusiva de la falta de empleos y de oportunidades, es contribuir de forma inconsciente al aumento del fenómeno criminal, darle legitimidad y propiciar benignidad en el trato a quienes salen a matar y a atracar víctimas inocentes, independientemente de que es un enfoque equivocado si tomamos en cuenta que la inmensa mayoría de nuestra gente pobre no es delincuente, ni sale a ganarse la vida atracando o matando.

El Presidente debe convocar la suspendida reunión de Seguridad Ciudadana que tenía prevista para la semana pasada. A mi juicio, debe de tomar medidas urgentes, a la altura de las circunstancias actuales. La propuesta de José Tomás, de transferir, previo entrenamiento adecuado, a 10,000 militares a la Policía, para reforzar la vigilancia preventiva en los barrios y sectores que están hoy siendo víctimas de la delincuencia, debe ser ponderada y analizada en profundidad.

Igualmente, como lo planteó José Tomás, la medida sugerida tiene que venir acompañada de una modificación de los Códigos Procesal Penal y del Menor en aquellos aspectos que han probado en la práctica ser instrumentos legales facilitadores de la libertad de peligrosos delincuentes, como son las blandengues medidas de coerción y los complacientes y repentinos cambios de éstas que en favor de imputados de hechos graves otorga el poder judicial con gran frecuencia, como lo ocurrido recientemente en San Francisco de Macorís.

¿De qué valdría hacer un patrullaje o labor preventiva más efectiva, si los delincuentes violentos apresados pueden seguir obteniendo su libertad en días, burlándose de su comunidad y de la autoridad que los ha perseguido y apresado? El Presidente Leonel Fernández debe, a nuestro humilde entender, además de las medidas antes mencionadas, motorizar la creación de las jurisdicciones nacionales contra el Crimen Organizado (como se ha cansado de sugerir su Asesor Antidroga y padre de quien esto escribe, Dr. Marino Vinicio Castillo) que le den al Estado, al través del poder judicial, instrumentos idóneos para combatir ese monstruo de siete cabezas que es en la actualidad el narcotráfico internacional y sus terribles ramificaciones de poder.

El gobierno debe entender la urgencia de actuar. En las últimas semanas la noticia del incremento de la criminalidad en la República Dominicana está expandiéndose en el extranjero y en corto plazo puede revertir el vital crecimiento del turismo y el clima propicio de inversiones privadas que el Presidente se ha trazado como meta atraer.

El grito desesperado de la gente del pueblo con los atracos y la inseguridad tiene que ser oído y atendido por el gobierno. De no hacerlo, puede terminar pagando un alto costo político y social por ello.

http://www.listin.com.do/puntos-de-vista/2010/10/11/162162/Al-grito-con-los-atracos