José Ricardo Taveras dice que CIDH tiene una actitud beligerante con el país
Santo Domingo. Las autoridades nacionales deploraron ayer la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que halló culpable al Estado dominicano por la muerte de siete inmigrantes haitianos y un dominicano, hecho ocurrido el 18 de junio del 2000, en la provincia Dajabón.
Por los hechos, que acusan a miembros del Ejército Nacional, el organismo internacional impuso el pago de una indemnización de US$840,000 favor de las víctimas y el pago de los gastos del procedimiento, así como del tratamiento psicológico de los familiares.
El director general de Migración, José Ricardo Taveras, lamentó que la Corte Interamericana siga acusando al país y mantenga una actitud beligerante con los Estados.
Expresó que la CIDH no ha sido ratificada por el Congreso dominicano y el mecanismo constitucional para que una corte pueda tener jurisdicción es que esa ratificación debió producirse en el Congreso Nacional.
Taveras entiende que el gobierno dominicano tiene que analizar con sensatez y tranquilidad técnica el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque el país sabe que el incidente en que murieron esas personas fue una simple persecución de carácter militar por más de 40 minutos.
Pero además, que los disparos se produjeron a los neumáticos del vehículo y que las autoridades desconocían que dentro del mismo iban seres humanos.
"Es penoso que se condene al Estado Dominicano por una acción que no se corresponde, lo cual es una desvirtualización de la actuación del Estado en una jurisdicción que desde su punto de vista es incompetente y es una injerencia en los asuntos internos", expuso el funcionario.
http://diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=361931&l=1
Santo Domingo. Las autoridades nacionales deploraron ayer la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que halló culpable al Estado dominicano por la muerte de siete inmigrantes haitianos y un dominicano, hecho ocurrido el 18 de junio del 2000, en la provincia Dajabón.
Por los hechos, que acusan a miembros del Ejército Nacional, el organismo internacional impuso el pago de una indemnización de US$840,000 favor de las víctimas y el pago de los gastos del procedimiento, así como del tratamiento psicológico de los familiares.
El director general de Migración, José Ricardo Taveras, lamentó que la Corte Interamericana siga acusando al país y mantenga una actitud beligerante con los Estados.
Expresó que la CIDH no ha sido ratificada por el Congreso dominicano y el mecanismo constitucional para que una corte pueda tener jurisdicción es que esa ratificación debió producirse en el Congreso Nacional.
Taveras entiende que el gobierno dominicano tiene que analizar con sensatez y tranquilidad técnica el tema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque el país sabe que el incidente en que murieron esas personas fue una simple persecución de carácter militar por más de 40 minutos.
Pero además, que los disparos se produjeron a los neumáticos del vehículo y que las autoridades desconocían que dentro del mismo iban seres humanos.
"Es penoso que se condene al Estado Dominicano por una acción que no se corresponde, lo cual es una desvirtualización de la actuación del Estado en una jurisdicción que desde su punto de vista es incompetente y es una injerencia en los asuntos internos", expuso el funcionario.
http://diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=361931&l=1
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