El reciente Decreto del presidente Leonel Fernández, por medio del cual puso en vigencia el Reglamento de la Ley de Migración Dominicana ha satisfecho a nuestra sociedad y a un amplio abanico de la comunidad internacional. Nuestra normativa migratoria tenía esperando siete años ese reglamento que permite ahora su aplicación. Esa es una noticia de gran trascendencia jurídica, social, económica y política. Pero debemos tener mucho cuidado con las exageraciones nacionalistas.
Nuestro ordenamiento jurídico se fortaleció en una materia tan importante y controversial como es el control de la entrada, salida y permanencia de las personas en el territorio nacional. Desde ahora tenemos completo, con la legislación adjetiva, el marco constitucional para ejercer una más efectiva soberanía territorial. Los artículos 3, 10, 18, 21 y 25 de la Constitución son esenciales.
La sociedad sale ganando con la implementación de los controles migratorios. Y como el problema mayor en este sentido es la haitiana, por ser la más numerosa y pobre, y por razones históricas, las autoridades no tendrán pretexto para obviar sus obligaciones o violentar los derechos humanos con sus acciones. Eso esperamos.
También los sectores económicos sentirán el impacto de la aplicación de la legislación. Es un secreto a voces que muchas plazas de trabajo, especialmente en la construcción y la agropecuaria, son ocupadas por los nacionales de la patria de Toussaint Louverture. Realizan el trabajo en condiciones mínimas de seguridad y de remuneración. Son los preferidos por los productores sin conciencia social ni nacional. Se aprovechan inhumanamente de esos infelices y las miserias que arrastran.
Y en lo político, es fundamental preservar la identidad nacional, sin frenéticos aspavientos, de las influencias foráneas. Ningún Estado puede darse el lujo de no reglamentar a los extranjeros en sus dominios. Las autoridades, especialmente de migración, tienen la obligación de llevar un registro confiable y actualizado del flujo de personas en todo lo ancho y largo de la República.
En nuestro territorio solo deben permanecer los individuos que sean beneficiosos a la nación dominicana. Los que representan peligro deben ser extrañados, sin violar ninguno de los derechos que les corresponden. Hay que respetar su dignidad y decoro. Es una exigencia que debemos tener clara y presente, sin que un organismo internacional tenga que recordárnoslo.
Vivimos tiempos de globalización, de liberalización de mercados y de una inmensa hipocresía de las naciones poderosas frente a las migraciones. Cierran sus puertas, pero imponen a las naciones débiles que acepten lo que ellos no permiten.
Seamos consecuentes con nuestras normas migratorias y con los derechos humanos. Fraternidad para todo el mundo y seguridad para los nacionales y extranjeros en nuestro territorio.
http://elnacional.com.do/opiniones/2011/10/29/99943/QUINTAESENCIA
Santo Domingo (R.D).- El Director General de Migración, José Ricardo Taveras Blanco, calificó de uso abusivo de las vías de derecho y del sistema interamericano de justicia, las acciones que de manera recurrente realizan las organizaciones no gubernamentales que impulsan las imputaciones de “genocidio civil” contra el pueblo y el estado dominicano.
