"Esa reforma es una necesidad urgente para la nación, dijo Castillo Semán al informar que "no es cierto, como se quiere decir entre los que tienen una campañita para tratar de detener esta reforma de esos mismos grupos que implementaron este Código Procesal Penal, de que haya que modificar la Constitución porque se van a restringir los derechos de los ciudadanos".
Recalcó que "eso es mentira, porque nadie está planteando una reducción de los derechos de los ciudadanos... lo que hemos planteado es que se ha pasado de la teoría del 'tránquenlo' del pasado, al 'suéltenlo' del presente... y la teoría del 'suéltenlo' es más perniciosa para la sociedad que la teoría del 'tránquenlo', porque cuando se suelta a los delincuentes a quien se está agrediendo es a la sociedad como tal".
Preguntado por Diario@Diario respecto al debate sobre el aumento de las penas, el abogado dijo que "entiendo de que aunque hay casos que debiera legislarse, sobre todo en el caso del sicariato, del autor intelectual, a quien se le da un tratamiento en el Código actual en el sentido de que un individuo que manda a matar a otro es condenado por debajo, porque se considera cómplice del autor material... entonces, es un asunto que hay que modificarlo para que tenga el mismo rigor el autor intelectual que el que hala el gatillo".
Castillo Semán entiende que el problema de la delincuencia en el país "no ha sido el problema de las penas... y si se hace un inventario del sistema se verá que muy pocas personas han cumplido aquí 20 años de cárcel, y posiblemente ninguna 30 años de prisión... entonces, el problema es el interín del procedimiento entre el individuo que es sometido por haber cometido un hecho grave hasta que es condenado de forma irrevocable y va a la cárcel, pues por ahí es que se escapa el 80% de los delincuentes, que no vuelven".
Considera que es por esta situación que el tema central de la lucha contra la delincuencia está centrada en la reforma del Código Procesal Penal, aunque dijo que también habría que cambiar el adoctrinamiento de los jueces al indicar que en la Escuela Nacional de la Magistratura "se les ha inculcado a los magistrados penales del país que la norma es la libertad de todo el mundo, no importa el hecho que cometa, y toda la norma gira en que el individuo pase todo su proceso suelto hasta que sea condenado de manera irrevocable".
Indica que hay casos en que esto procede, por ejemplo, cuando el individuo no representa un peligro para la sociedad en cuestiones de delitos económicos "pero cuando es homicidio, violación, narcotráfico nuestra sociedad no está preparada culturalmente para que a un hombre que acaba de matar a otro o que ha sido arrestado por narcotráfico, verlo llegar al barrio diez días después, porque eso crea un estado de desorden y desmoraliza a las fuerzas del orden".
Castillo Semán se siente satisfecho de la labor de estudio de los diferentes códigos judiciales que está haciendo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, organismo legislativo que estudia el proyecto de enmienda del Código Procesal Penal, así como otros códigos judiciales, entre ellos el Civil, el Penal y el del Menor. Y en ese sentido planteó por lo menos cinco de los puntos en que se ha trabajado en la Comisión de la Cámara de Diputados:
1.- Los jueces de Instrucción. Se establecerá que estarán obligados, antes de conocer de un caso de medida de coerción, de verificar si el individuo que se le presente tiene procesos criminales anteriores, si ha sido declarado rebelde anteriormente por otro proceso o si ha estado gozando de una garantía económica en otro proceso. Si esto es comprobado, se aplicará la prisión preventiva hasta que concluyan sus casos. Si esto se aprueba estoy seguro de que la delincuencia bajará en un 70%, porque el 90% de los crímenes y delitos que se están cometiendo en el país lo están haciendo reincidentes y en la medida en que el delincuente sepa que si lo agarran en un delito y lo someten y tiene expedientes abiertos anteriormente, va a quedar preso hasta que se conozcan esos procesos, servirá de un poderoso disuasivo para bajar el incremento de la criminalidad. Obviamente se necesitarán cárceles nuevas, porque hay una disyuntiva: o tenemos 20,000 ó 25,000 individuos matando y atracando todos los días en las calles, tomándose las calles para ellos mientras la ciudadanía vive enrejada en sus propias casas o los tenemos a buen resguardo en las cárceles respondiendo por sus hechos. No hay otra alternativa.
2.- El porqué la gente no está poniendo querellas. El que es víctima de un atraco no pone querellas hoy, aún identifique a su agresor, porque en la práctica judicial el individuo que se salva de un atraco o que es víctima de un atraco o a un familiar, el Ministerio Público le deja la carga del proceso a ese individuo con el delincuente suelto. O sea, que si alguien se salva de un atraco y el fiscal le dice que tiene que empezar un viacrucis, contratar un abogado y pasarse dos años persiguiendo a un delincuente o a una banda que lo ha atracado, banda que anda en libertad, provoca entonces que la mayoría de la gente no ponga querella y los fiscales archivan los casos como resueltos cuando en realidad es la coacción que hay sobre la víctima. Lo que proponemos es que tal y como era antes, y debiera aplicarse ahora, aunque la víctima no aparezca cuando sean delitos grandes de sangre y atracos a mano armada, donde hay una agresión a la víctima y a la sociedad, el Ministerio Público siga estos casos hasta el final. Esto es elemental porque un atraco a una persona, no es solamente una agresión a éste, sino a la sociedad.
3.- El abogado de oficio para las víctimas. La mayoría de la gente pobre no tiene dinero para pagar un abogado, para fajarse a perseguir a un delincuente, mientras que el delincuente tiene muy buenos abogados pagados por el Estado y muy bien preparados. Se ha propuesto, y creo ha sido aprobado en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que cuando la víctima no tenga recursos económicos haya abogados de oficio, en casos graves, en cuestiones de sangre y atentados personales a la integridad física de las personas, que el Estado pueda proveerle abogados de oficio para equipararlos a los abogados de oficio de los imputados.
4.- La rebeldía. En el actual sistema, el 'rebelde' es un premiado porque si se fuga de la justicia y no va a la cita del tribunal, lo que se hace es que se suspende el proceso, contrario a como era antes, donde había una condena en ausencia, en contumacia, como una penalidad por haberse huido. Con la modalidad actual, entonces, ese es un premio que lo que incentiva es que la mayoría de los que reciben coerción de garantía económica no aparezcan jamás. Por ello es que en todas las fiscalías hay miles de personas declaradas 'rebeldes', que no las van a buscar y cuyos procesos están detenidos.
5.- La Apelación. En el Código vigente la apelación no es como debe ser, un doble grado de jurisdicción donde el imputado tiene el derecho a que se le conozca su caso de nuevo. Por el contrario, la apelación se ha convertido en una 'mini casación', donde los jueces de apelación no conocen el fondo de los casos ni lo ventilan y, simplemente, determinan si la sanción en el tribunal de Primera Instancia fue bien o no aplicada, sin involucrarse en el fondo, lo que viola un principio universal de que una persona tiene derecho a que su caso pueda ser conocido en apelación, con un carácter devolutivo.
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