Sonia Pierre, líder de MUDHA.Acento.com.do/ArchivoWASHINGTON, D.C.- La República Dominicana se defendió hoy ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de las acusaciones de violación de los derechos a los descendientes de haitianos, sobre todo el derecho a la ciudadanía de los dominicanos descendientes de haitianos.
La delegación dominicana, encabezada por el embajador dominicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín, y el embajador en Washington, Aníbal De Castro, rechazó la acusación de varias organizaciones no gubernamentales sobre una supuesta política de Estado en República Dominicana para "desnacionalizar" a dominicanos de ascendencia haitiana.
De entrada, una comisión especial designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores refirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia temática convocada solo podía conocer, de acuerdo a sus reglamentos, "testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general".
Los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon que los solicitantes introdujeron el tema con un carácter general pero, en la práctica, contravinieron el reglamento de la Comisión al someter casos particulares
Los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon que los solicitantes introdujeron el tema con un carácter general pero, en la práctica, contravinieron el reglamento de la Comisión al someter casos particulares.
“El punto importa porque esos casos aún se encuentran bajo conocimiento de las autoridades dominicanas competentes y no son susceptibles, en su etapa actual, de ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber adquirido el carácter de definitivamente juzgados”, indica una nota enviada a Acento.com.do por la delegación dominicana.
Indicaron que, pese al convencimiento de los delegados del Estado dominicano de que la audiencia era improcedente, indicaron que responderían los argumentos "dentro del espíritu de respeto y transparencia que debe caracterizar a un Estado democrático.”
“De inmediato aseguraron que en parte alguna del contenido de la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la Junta Central Electoral (JCE) se hace referencia a criterios de índole racial para suspender las actas del Estado civil, como tampoco en la implementación de esas disposiciones”, expresa la nota.
De acuerdo a las organizaciones solicitantes de la audiencia temática, esas resoluciones han servido para cancelar la nacionalidad a "miles" de dominicanos de ascendencia haitiana.
A esta acusación la delegación dominicana respondió que, por el contrario, de acuerdo a los postulantes por el Estado dominicano, ambas disposiciones "responden a un esfuerzo para mejorar la institucionalidad de nuestras Oficialías del Estado Civil, puesto que se trata de un procedimiento para detectar fraudes e irregularidades".
Expusieron que los solicitantes argumentan como una prueba el sometimiento a la JCE de un documento contentivo de 417 casos de dominicanos a los que se les habría negado la expedición de sus documentos por consideraciones raciales, pero que sin embargo se trata solo de 120, y de ellos quedan sólo 40 por resolver en razón de que la documentación que los sustenta es incompleta.
Se preguntaron por qué no se han sometido a la JCE más expedientes si así lo ha pedido esa institución a quienes hicieron la denuncia.
Como comprobación de su argumento, los delegados estatales mostraron una carta de la coordinadora del departamento legal de la ONG Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), una de las organizaciones acusadoras, en la que se pide a la JCE que "interpongan sus buenos oficios a fin de que se realice una búsqueda de estos documentos en las entidades encargadas a estos fines”.
Una de las expositoras de las ONG`S, Ana María Belique, se quejó de que se le había negado la documentación requerida y que la JCE había desacatado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenaba descontinuar la disposición que le impedía acceso a un acta de nacimiento.
“Sin embargo, los representantes oficiales mostraron una copia del acta de nacimiento expedida por la JCE en acatamiento a la sentencia judicial y le preguntaron cómo había viajado a Estados Unidos si carecía de documentación”, resalta la nota.
Agrega que luego de una detallada exposición de los esfuerzos de la JCE para modernizar el registro civil, corregir serias fallas y detectar acciones fraudulentas, como la alteración de actas de nacimiento de peloteros dominicanos en Grandes Ligas, la representación oficial concluyó reafirmando que "en la República Dominicana no existe una política de Estado discriminatoria contra personas que se encuentren en su territorio".
Asimismo, pidió el archivo de la documentación de los solicitantes por violentar los reglamentos de la Comisión.
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