Tenía que morir Ubrí

Por Máximo Sánchez.

Miembro del PLD. Reside en los Estados Unidos

Por la conmoción que ha causado el horrendo crimen del coronel Ubrí, no dudamos que Republica Dominicana está ante un simbólico llamado de atención ante la depravación, el abuso delincuencial y la ignominia social

Cuando sucede un hecho que retumba en el seno de una comunidad humana, dentro de ella se dan diferentes reacciones, pero solo salen a luz pública las expresadas por los representantes importantes de los diferentes sectores del tejido social; no así las opiniones de los sin nombres, que a veces revelan experiencias y juicios más acertados que quienes les representan.

La designación del doctor Franklin Almeida al frente del Ministerio de Interior y Policía al comienzo de la gestión gubernamental del presidente Fernández a partir de agosto del 2004, nos auguraba un enfrentamiento entre las concepciones del papel que había jugado la Policía Nacional como ente de orden público y auxiliar de la justicia y el que debía jugar en el concepto del jurista Almeida Rancier, quien conocía al monstruo desde sus inicios, pero en apariencia no percibió el tamaño que había alcanzado.

Durante su gestión al frente del ministerio, y con total apoyo del Presidente de la República, el doctor Almeida puso en ejecución planes y políticas encaminadas a la modernización del cuerpo policial, así como a la contención del avance de las diferentes formas de criminalidad que afectan a la sociedad; pero también fue evidente la falta de sintonía entre sus ideas y los diferentes jefes policiales, los cuales resistieron hasta públicamente los propósitos de cambios en las políticas de la institución.

Cuando el Presidente nombraba un jefe policial, para la mayoría de los sectores nacionales, la percepción era de que se había elevado un general a lo más alto de la institución del orden y que en lo adelante éste sería un zar en el quehacer del país; lo que evidenciaba que las letras de La Constitución que subyugan a la Policía Nacional al Ministerio de Interior y Policía dormían al lado de los incumbentes; por un lado, los secretarios de interior y policía que así era como se les llamaba, haciéndose los bobos y dejando pasar, y por el otro, los jefes de policía ignorando aquellos párrafos de La Constitución. Con Franklin no sucedió así, y varios jefes policiales sucumbieron enfrentados a sus conceptos de institucionalidad.

La Policía Nacional Dominicana, como se conoce hoy, fue creada por el dictador Rafael L. Trujillo en 1936; desde entonces a la fecha ha tenido variaciones solo en dos aspectos fundamentales, en su dimensión por el lógico crecimiento del país, y en las influencias que la sociedad le ha aportado a partir de la muerte del tirano; recordemos que durante la era de Trujillo, el único que podía delinquir con impunidad era él o algunos de sus familiares o amigos si tenían su anuencia; es ésta la razón de que a los jefes policiales de la época, nadie le veía grandes fortunas cuando salían de sus funciones; eso cambió inmediatamente murió el Jefe.


En ese tenor, la desaparición física del tirano dejó las manos libres en todas las instituciones para una práctica acelerada de corrupción, a la que la Policía Nacional no fue ajena; recordemos que luego del golpe de estado al profesor Juan Bosch, cabeza de un gobierno legítima y democráticamente elegido, las prácticas corruptas en los recintos militares soliviantaron los ánimos de militares jóvenes que no habían sucumbido ante aquellas aberraciones, y fue así que el 24 de abril de 1965 el país amaneció envuelto en la más sangrienta revuelta cívico-militar que conoció el siglo pasado.


Para edificar con un ejemplo lo que ha sido la práctica de la corrupción dentro de la institución policial, veamos esta anécdota: En 1976 durante nuestra estadía como estudiante del Instituto Politécnico Loyola en la ciudad de San Cristóbal, vimos llegar un joven recién ingresado a ese centro de estudios que venía desde el interior del país; este muchacho, rápido de manos, comenzó con acciones non santas a buscar recursos económicos que necesitaba no para su subsistencia como estudiante pobre, sino para sus vicios, que dicho sea de paso no eran drogas en esa época.

Un buen día al “listo provinciano” se le ocurre falsificar la firma en los numeritos que vendía la lotería clandestina popularmente llamada “caraquita”, llegando a cobrar estos premios falsos en unas cuantas ocasiones; el razonamiento de nuestro joven pillo era de que si le descubrían, los banqueros clandestinos no lo acusarían, porque ellos estaban en una actividad ilegal; lo que su discernir no alcanzó a darse cuenta era que esa actividad era sustentada por los jefes policiales, esto solo lo entendió cuando lo detuvieron y le propinaron un consejo de golpes en el destacamento municipal de San Cristóbal.


Muchas actividades ilegales enriquecieron los jefes policiales y a los oficiales superiores en el pasado reciente; entre ellas una de las más usadas y difícil de probar ha sido la extorción.

Estos irrespetos institucionales derivaron en el surgimiento del bandolerismo en la fuerza del orden, pues cuando muchos rasos vieron a sus superiores abusaban de su poder para enriquecerse, ellos terminaron en franca asociación de malhechores para conseguir lo que sus magros salarios no le permitían.


La fuerza de 32 mil hombres que constituye La Policía Nacional, tiene en su seno muchos millares de dominicanos buenos, decentes y deseosos de hacer del oficio una carrera de servicio que los enorgullezca a ellos y a sus familiares; pero tiene muchas manzanas podridas y rincones fétidos que dañan la imagen de una institución esencial en la protección de la existencia de la sociedad civilizada a que aspiramos.

Tenía que morir el coronel Cesar Augusto Ubrí, para que la prensa reseñara prácticas delincuenciales que el pueblo dominicano conoce como la palma de su mano.

Dijo Pablo Neruda sobre el asesinato de Federico García Lorca, que si se hubiera buscado como asesinar un símbolo, nunca se podría encontrar a alguien más apropiado que al poeta García Lorca; todavía las fibras más sensibles de España lloran la muerte de Lorca.

Por la conmoción que ha causado el horrendo crimen del coronel Ubrí, no dudamos que Republica Dominicana está ante un simbólico llamado de atención ante la depravación, el abuso delincuencial y la ignominia social.

http://www.almomento.net/news/135/ARTICLE/96847/2011-10-02.html