En aquella época los carteles del narcotráfico se habían hecho lo suficientemente poderosos para retar todas las estructuras de poder y las instituciones del acosado país sudamericano y para suplantar y empañar su imagen internacional. Mencionar Colombia eras sinónimo del tráfico de drogas a su máxima expresión. Sepultada bajo esa negativa publicidad exterior, quedaba la realidad de un pueblo culto, laborioso y progresista que hacía ingentes esfuerzos por enfrentar los prepotentes barones de la droga y las guerrillas asociadas a los mismos, así como los paramilitares.
La justicia no escapaba de la influencia del narcotráfico, ya por vía de soborno, ya por temores, justificados en gran medida por el asesinato a manos de sicarios de magistrados honestos e inmunes a sus ofertas y amenazas. Hubo una ocasión, inclusive, en que fue necesario exiliar a una magistrada junto con su familia a los Estados Unidos, después de pronunciar una sentencia condenatoria contra varios narcotraficantes. Fue entonces que instauró en Colombia la figura del tribunal especial para juzgar los casos de narcotráfico, con jueces encapuchados para proteger su identidad y su integridad.
Cierto que se han registrado condenas en algunos casos sonados, tal el de la droga y asesinato múltiple de Paya y la pasada semana, la de los implicados en la red de lavado de Figueroa Agosto, aunque con serias dudas de que los principales responsables hayan sido llevados a juicio. Pero no lo es menos, que se han registrado otros fallos en extremo cuestionables que se han convertido en motivo de escándalo público y han hecho descender el prestigio y confiabilidad del Poder Judicial a su mínima expresión.
Son también numerosas las quejas de la propia Dirección Nacional de Control de Drogas sobre la facilidad con que elementos sometidos con un abultado fardo probatorio y en no pocos casos, con serios antecedentes por narcotráfico que en ocasiones involucran grandes volúmenes obtienen libertad condicional y aún, fallos absolutorios.
Ahora parece haber una voluntad de mayor firmeza y concertación por parte de los distintos poderes del Estado, principalmente el Legislativo que está abocado a la reforma del Código Procesal Penal, el Penal y el del Menor para tratar de cerrar obvias fisuras que presenta el primero y que sirven de vía de escape a muchos inculpados gracias a las argucias de abogados hábiles, de aumentar las penas por narcotráfico y otros crímenes y tipificar algunos delitos antes no contemplados, como es el sicariato.
En ese marco, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a quien hay que reconocerle estar haciendo un excelente trabajo con los limitadísimos recursos de que dispone, compareció ante la Cámara de Diputados. Entre sus sugerencias propuso la creación de un tribunal especial para conocer y sancionar los casos de narcotráfico.
Es un planteamiento que amerita ser acogido. Pocos en el país como el mayor general Rolando Rosado Mateo pueden hablar con mayor propiedad del tema. Quizás ninguno, con la autoridad que otorga el enfrentar día por día, uno de los mayores retos que encara el país y que, si no se frena con energía pudiera llegar a poner en riesgo la propia institucionalidad.
La propuesta de Rosado Mateo debe ser acogida, aprobada y puesta en práctica. El problema del narcotráfico ha alcanzado unas dimensiones tales, que requiere medidas de emergencia, heroicas si se quiere. La de un tribunal especializado con magistrados ampliamente conocedores del Derecho, con amplio dominio en el manejo de los procedimientos y el Código Penal, conscientes de su papel como salvaguardas de la sociedad, probos, invulnerables a toda forma de complicidad y dispuestos a hacer justicia sin que ello signifique incurrir en atropellos. debiera figurar entre las primeras de esas medidas.
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