Por Pelegrin Castillo
Semán
En mi condición de legislador de la República,
dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista y aliado al Presidente
Medina y su Partido de la Liberación Dominicana, me siento en el deber de
formular las siguientes reflexiones y sugerencias en relación a la propuesta de
pacto fiscal planteada por el Gobierno Nacional. Lo hago imbuido de la mayor
buena fe, y con la firme convicción de que es hora de grandes acuerdos a partir
de grandes desprendimientos, donde los que más pueden asuman los mayores
sacrificios.
1. NATURALEZA DE LA CRISIS
En primer lugar es preciso advertir sobre la
verdadera naturaleza de la crisis que encara la República.
El sistema político y de negocios imperante,
caracterizado por el predominio de prácticas clientelistas y populistas, y de
negocios rentistas y concentradores, -expresión de un esquema de capitalismo
salvaje-, viene generando costos ocultos y sobrecostos que afectan la competitividad
de las fuerzas productivas, la calidad de vida de la población y la
institucionalidad democrática.
De cara a las crisis mundial, regional y nacional en
las que estamos inmersos, es imperativo fortalecer el proyecto nacional
dominicano. Se impone profundizar los procesos de cambios, en orden a superar
un sistema de relaciones políticas que reparte como favores lo que debe
garantizar como derechos, tanto porque refuerza las peores formas de pobreza
como porque resulta impagable para la economía y la sociedad.
Sin embargo, en una economía con altos niveles de
concentración-que produce un balance de gran exclusión social-, esto solo puede
asegurarse si logramos instituir un orden económico, que permita a los
dominicanos y dominicanas realizar sus vidas, contando menos con el
asistencialismo del estado que con el ejercicio de más libertades reales. Debemos
aspirar que a partir de sus propios esfuerzos como personas, familias, empresas
y comunidad, puedan prosperar en un ambiente de mayor seguridad y estabilidad.
Si estamos fracasando en muchos aspectos
relacionados con la inserción a la economía internacional, se debe a que
carecemos de un proyecto nacional fuerte e integrador, que integre hacia
adentro cuando nos estamos integrando hacia afuera, para que no sea una
integración de las elites o de los sectores modernos, sino de todo un pueblo.
2. ACUERDO NACIONAL
Si asumimos que la crisis es de índole compleja,
ocasionada por la concurrencia de múltiples factores internos y externos,
propiamente sistémica, es nuestro deber ir más allá de la concertación
tributaria y fiscal, así como evitar lo que ha sido una constante en la
historia nacional: que las urgencias de la coyuntura nos impidan hacer acuerdos
sobre lo importante, lo estratégico, lo transcendente.
De las decisiones que se tomen en esta encrucijada,
dependerá en gran modo, no solo la posibilidad de mantener la estabilidad
macroeconómica y la gobernabilidad democrática en este periodo constitucional
que recién comienza, sino la existencia misma de la nación, la preservación de
su potencial de desarrollo y de los espacios de autodeterminación nacional, la
afirmación de la identidad dominicana. Así se lo expresé a nuestro amigo y
aliado el Presidente Medina, cuando iniciamos el dialogo para renovar nuestra
alianza, al momento que le entregaba la propuesta que impulsamos: La Revolución
del Proyecto Nacional, Ruta de la Esperanza.
3. LA REFORMA FISCAL INTEGRAL
Desde que llegué al Congreso de la República, viene
debatiéndose en la opinión pública y el ámbito académico, la necesidad de una
reforma fiscal integral. En cambio, he sido testigo de 5 reformas tributarias,
que pueden definirse propiamente como reactivas, que solo han buscado responder
a los apremios fiscales puntuales del gobierno, en cada ocasión.
Penosamente, se han desaprovechado las oportunidades
de provocar cambios estructurales, con efectos benéficos de largo aliento, en
favor de la productividad y competitividad, de la mejoría del clima de
inversión y la generación de empleos de calidad, así como para incrementar la
eficiencia del gasto público.
En el presente, nadie discute que el gobierno del
Presidente Medina está urgido de recibir los recursos necesarios para conjurar
los serios déficits públicos y así mantener la estabilidad macroeconómica, de
modo que su gestión no se convierta en una simple administradora de crisis.
En buena medida de ello depende que el gobierno esté
en condiciones de cumplir sus compromisos de impulsar una política social de
inclusión, y en especial, de satisfacer el reclamo de una inversión
presupuestaria del 4% del producto interno bruto (PIB) en la función de
educación.
También es notorio, el firme compromiso del
Presidente Medina de introducir mejores prácticas institucionales para una
gestión del gasto público de más responsabilidad, calidad, austeridad y
transparencia.
Sin embargo, es preciso considerar, además, otras
dimensiones claves al momento de decidir sobre una materia tan grave. Y esos
son precisamente los aspectos que echamos de menos en la propuesta fiscal
gubernamental. Por eso queremos asumir que la misma es el punto de partida de
un proceso que sin descuidar el sentido de apremio que imponen las
circunstancias, debe conducirnos a un pacto nacional efectivo y duradero por la
eficiencia productiva, la equidad social y la sostenibilidad. Hay que
redimensionar el debate, si queremos encontrar las mejores soluciones.
4. GASTO PÚBLICO
Aunque el gasto público no debe ser reducido, si
puede mejorar en orden a lograr más resultados con la misma o menor asignación
de recursos presupuestarios. Aunque los resultados en esta materia no serán
inmediatos, por lo menos se iniciaría un proceso, que no debe ser postergado ni
tener pausas.
Entendemos que además de las medidas de austeridad
adoptadas -que respaldamos plenamente- es mucho lo que puede ahorrarse
empleando el poder de compra del gobierno, mediante la estandarización y
centralización de las compras de bienes y servicios por renglones relevantes.
No se justifica que el gobierno dominicano adquiera en el exterior bienes y
servicios que pueden ser producidos localmente en condiciones razonables, ni
mucho menos que lo haga a través de más de 100 departamentos diferentes.
Para dar algunos ejemplos del enfoque que
promovemos, diremos que serían apreciables las economías con una política gubernamental
de códigos y contenido libres en materia informática; un mayor empleo del
prefabricado en las construcciones públicas; la implantación de programas de
mantenimiento y reparaciones; y el uso de tecnologías para controlar el consumo
de combustibles de los vehículos del estado.
Asimismo, no debe postergarse la restructuración de
ministerios y organismos públicos, tanto para superar las debilidades generadas
por su dispersión –especialmente en materia regulatoria y de fiscalización-
como para evitar la duplicación de esfuerzos y recursos públicos. Los programas
de asistencia, por ejemplo, así como las políticas sociales dirigidas a grupos
de personas, deberían concentrarse en un Ministerio de la Familia y la
Asistencia Social.
5. LA RACIONALIDAD EN LOS TRIBUTOS
La propuesta gubernamental de reforma fiscal debe
ser mejorada, en varios sentidos, buscando mayor equilibrio y racionalidad.
Impuestos altos aumentan la evasión y ahuyentan la inversión nacional y
extranjera. Advertimos también que no es bueno hacer cálculos sobre impuestos
con el criterio simple y formal del nivel de la presión tributaria, olvidando
que las cargas reales que soportan personas y empresas son altas, por la
ineficiencia de los servicios públicos y los elevados costos de los mercados no
competitivos.
Veamos algunas sugerencias para enriquecer la
propuesta:
Así como, con toda razón, se propone reducir los
impuestos al Avtur para promover el turismo, abogamos por la eliminación o
reducción gradual del impuesto al servicio de internet, no solo por ser de los
más elevados del mundo, sino porque favorecería, la formación del capital
social y humano de la República. Además, contribuiría a una mayor formalización
de la economía.
Del mismo modo que se propone devolver a las
empresas de exportación el gasto en combustible, debería aplicarse la ley que
ordena la realización de una lotería con el número de la factura o de los
comprobantes fiscales, para otorgar beneficios en favor de los contribuyentes
del ITBIS, lo que además contribuiría a reducir la evasión de este tributo.
Sería de gran valor que se eliminen de la propuesta
ciertos impuestos, y que en cambio, se emplee el concepto de contribuciones
generales a cargo de las grandes empresas, en forma excepcional y con el objeto
de conjurar la presente crisis. Esta modalidad podría concretarse por parte de
las grandes empresas, renunciando a la solicitud de reembolso de tributos.
Aunque entendemos que la política de renovables debe
ser reorientada en varios sentidos, estimamos contraproducente la eliminación
de los incentivos de la ley 57-07. En cambio, consideramos inaplazable gravar
las apuestas en los juegos de lotería y otros juegos de azar con un impuesto
selectivo, tanto por su gran potencial recaudatorio como por las externalidades
negativas que acusa esa actividad.
6. LAS CUENTAS NACIONALES
Uno de los compromisos que el gobierno dominicano
debe adoptar es la unificación de los criterios de medición de las cuentas
nacionales, de modo que no puedan existir sospechas ni reservas sobre los
indicadores de crecimiento económico y de desarrollo humano.
Esa importante función debe ser ejercida con los
niveles mayores de objetividad e imparcialidad, conforme a las mejores
prácticas internacionales, para acabar con los alegatos de que la misma refleja
acomodamientos autocomplacientes.
No hay manera de impulsar políticas públicas serias
y eficaces, si los indicadores no son apropiados, o son controvertidos.
Asimismo, es preciso incorporar entre los indicadores principales de la
economía los relativos a nivel de empleo, distribución de las rentas, índices
de equidad y productividad por sectores de empresas.
7. DEUDA PÚBLICA
Llevo años sosteniendo que debemos hacer mejor
contratación de deuda pública, con una adecuada relación de costo beneficio, y
sobre todo, con mayor transparencia. No es justo ni moral que los dominicanos
tengan que pagar deudas de origen fraudulento o ilegitimo. Por eso propusimos
en el año 2008 y logramos aprobar, la Resolución Sobre Corrupción Trasnacional,
relacionada al grado de cumplimiento de la Convención de la OCDE sobre Pagos de
Sobornos a Funcionarios Públicos Extranjeros en Operaciones de Comercio
Exterior. Los contenidos de dicha resolución tienen plena vigencia.
En el presente, y para el asunto que ocupa nuestra
atención, el gobierno dominicano debe asumir como deudas a pagar, solo aquellas
que se encuentren debidamente auditadas. Esto es particularmente valido en lo
que concierne a la deuda del servicio eléctrico, a la deuda cuasifiscal del Banco
Central, así como a ciertos empréstitos extranjeros, para la adquisición de
bienes y servicios en los últimos lustros.
No debemos olvidar que la crisis que estremece las
naciones desarrolladas, como bien sostiene Jeffrey Sachs en su obra El Precio
de la Civilización, es fundamentalmente moral, y se encuentra profundamente
asociada a prácticas financieras desaprensivas, irresponsables, poco
transparentes o abiertamente depredadoras, que se proyectaron y replicaron en
muchas partes del mundo, incluida la República Dominicana.
De cara al futuro debe asumirse un compromiso con un
endeudamiento prudente y orientado fundamentalmente hacia proyectos de alta
rentabilidad social y nacional. Sugerimos también, la aprobación de una ley para
fijar prioridades en la asignación de los recursos generados por el Programa de
Cooperación de Petrocaribe.
8. ACTIVOS NACIONALES
El debate sobre la reforma fiscal suele concentrarse
exclusivamente en la deuda pública, el gasto gubernamental, y los niveles o
modalidades de tributación. Sin embargo, se produce una omisión inconcebible:
la gestión de los activos del estado.
La falta de una política en ese sentido, en muchos
casos, ha permitido que dichos activos sean depredados, sufran devaluaciones,
se vendan a precio vil, o se otorguen en concesiones bajo términos muy
discutibles -que incluso muchas veces son inobservados-, cuando no inaceptables
para el interés público.
Esto aplica, sobre todo, para la propiedad
inmobiliaria del estado y las empresas públicas, las redes de servicios de
utilidad pública, los puertos y aeropuertos, y muy especialmente, a las
concesiones de exploración y explotación de yacimientos mineros y petroleros.
Concesiones que se renuevan sin ninguna justificación, y a pesar de los
evidentes incumplimientos de sus términos y condiciones.
Esa situación anómala debe cesar cuanto antes. Los
activos nacionales deben ser identificados, valorizados, certificados,
fiscalizados, y empleados para planificar, financiar y gestionar el desarrollo
nacional. El Estado Dominicano debe garantizar negociaciones de ganar-ganar:
Nunca puede perder, en acuerdos que tengan por objeto sus recursos renovables y
no renovables.
9. LA REFORMA DE LOS MERCADOS Y
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN PÚBLICA
La crisis actual esta generada, aparentemente, por
déficits públicos acumulados durante el anterior gobierno; pero si
profundizamos con seriedad en el análisis, comprobaremos con facilidad que
estos déficits están íntimamente relacionados con las disfunciones e
inoperancias de los mercados de bienes y servicios. Estas, a su vez, son
ocasionados por las concentraciones monopólicas y oligopólicas, facilitadas por
la débil o inexistente regulación de los organismos públicos.
En la presente crisis -que repito es una crisis del
sistema político y de negocios prevaleciente- también los grandes grupos
económicos y los poderosos intereses foráneos, tienen una importante cuota de
responsabilidad; y esa realidad debe ser asumida y enmendada, si de verdad
queremos encontrar soluciones auténticas, y no las aparentes y fáciles que
permitirían echar toda la responsabilidad de una severa crisis nacional sobre
algunos funcionarios de la administración anterior.
Recordemos que no es posible insertarse
adecuadamente en la economía internacional, ni desarrollar una cultura
exportadora, con los costos ocultos y sobrecostos generados por mercados no
competitivos, y sectores de empresas ineficientes, con escasa o ninguna
regulación.
Esta realidad puede constatarse en las más diversas
áreas: En la generación de electricidad, y en la comercialización de los
combustibles. En la prestación de los seguros de salud, así como en la gestión
de los fondos de pensiones. También, sus efectos se sienten en la
comercialización de productos estratégicos como el cemento y el acero, así como
en la onerosa intermediación de los productos agropecuarios. En el transporte
aéreo, marítimo y terrestre, no menos que en las comunicaciones y la
intermediación financiera.
Necesitamos una cultura empresarial de mayor respeto
a los consumidores y de más competencia leal entre las empresas. De una mayor
responsabilidad social corporativa real y no solo de relaciones públicas. Urge
también una comunicación social que resalte los valores del trabajo, la
honestidad y la moderación, y que nos aleje de las incitaciones al lucro fácil
y al consumismo desbocado, que están en el origen de muchos de los males
sociales que nos aquejan.
En consecuencia, proponemos que el pacto nacional
por la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad, implique
asumir compromisos serios no solo para reformular las relaciones de los grupos
económicos con la política y los partidos, sino con las reformas estructurales
de los mercados y de los servicios. Quizás donde más se siente esa urgencia es
en el sector energético, cuyas severas distorsiones gravitan negativamente
sobre toda la nación.
Especialmente, se requiere fortalecer la
institucionalidad de organismos públicos como Pro-competencia, Pro-consumidor,
Digenor-Indocal, Prácticas Desleales de Comercio, Dirección General de Minería,
así como numerosos órganos regulativos sectoriales.
10. COMBATE A LA CORRUPCION
En el ambiente de controversias que ha generado la
revelación de un gran déficit y la propuesta de reforma fiscal, surge con
facilidad el argumento de que gobierno no tiene autoridad para imponer nuevos
tributos sino combate y castiga la corrupción
Estamos de acuerdo en que la lucha contra la
corrupción y por una administración pública honesta es esencial, inexcusable,
impostergable. Sin embargo, advertimos que el fenómeno de corrupción en la
República está profundamente entrañado en las dinámicas e interrelaciones del sistema
político y de negocios. Es propiamente una corrupción sistémica, con profundas
raíces históricas y culturales, abonada por una larga tradición de impunidad.
Enfrentar y reducir la corrupción demandará mucho
más que esfuerzos punitivos ejemplarizadores. Eso es lo que explica que en los
últimos veinte años, a pesar de que se han abiertos más de 200 expedientes de
corrupción en la justicia, apenas unos cuantos han concluido con sanciones
escarmentadoras.
En esos contextos, como lo indican los expertos
sobre la materia, la prioridad mayor debe ser la eliminación de las estructuras
y prácticas que provocan corrupción, que se caracterizan por la alta
discrecionalidad y concentración en la toma de decisiones y la ausencia de transparencia.
El mejor ejemplo del tipo de reforma que imponen las circunstancias, es la
decisión del Presidente Medina de licitar todas las licencias de importación de
alimentos, en el ámbito de la bolsa agropecuaria de la Junta Agroempesarial
Dominicana (JAD). Son muchos y profundos los cambios que pueden lograrse en esa
dirección.
La apertura de procesos judiciales -que siempre
serán necesarios- procede en la medida en que sean representativos y ajenos a
la parcialidad politiquera. Sería una muestra de cinismo insuperable el
enjuiciamiento de ciertos responsables de hechos de corrupción recién pasados
-por muy merecidos que lo tengan -mientras se permite la prescripción de la
acción pública de decenas de infracciones no menos graves -debidamente
sustanciadas por auditorias públicas- que no fueron seguidas de procesos en
virtud del “pacto de impunidad por gobernabilidad” que se impuso en el año
2004.
Sin embargo, la batalla más crítica contra la corrupción
pública y privada tendrá que librarse en un campo de lucha muy peligroso,
complejo, trasnacional: frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado
de activos, con sus siniestros poderes de corromper voluntades, intimidar o
eliminar contrarios, e incluso, imponer modelos de conducta social.
11. POBREZA Y EMPLEO
Unos de los factores que más vienen impactando
negativamente la existencia de millones de dominicanos y dominicanas, son los
bajos salarios prevalecientes, con un poder de compra deprimido, de principios
de los años 90.
Y esa dramática realidad -que la conocen o deberían
conocer las clases dirigentes de la Nación- está en gran modo determinada por
un proceso de brutal desnacionalización de los mercados laborales. Dicho
proceso, generado durante años por la incuria y la tolerancia cómplice de las
autoridades civiles y militares, solo ha servido para estimular una inmigración
anómala, desbordada, caótica, que procede principalmente de Haití, un estado
colapsado, de los más pobres del mundo.
Advertimos que todos los planes del gobierno
nacional en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social, por la
mejoría de los servicios públicos, a favor de la reforma modernizadora de áreas
de la economía, están llamados a naufragar de no contener y revertir los
procesos descritos.
Cuando el 92% de los asalariados del país -tanto del
sector público como del sector privado- no tributan impuestos sobre la renta,
porque sus salarios están por debajo del monto exento, estamos en presencia de
un serio problema estructural de la economía dominicana, que no puede seguir
obviándose al momento de abordar un acuerdo nacional para la eficiencia
económica, la equidad social y sostenibilidad.
Solo una política activa de empleos y reformas
productivas, asociadas a actividades de generación de riquezas y no de
obtención de rentas, nos ayudará a superar los problemas del presente y sentar
las bases materiales, para la implantación del Estado Social y Democrático de
Derecho proclamado por la Constitución de la República del 26 de enero del
2010.