Durante más de seis años he estado de forma
incesante y repetitiva, planteando en radio, televisión y prensa escrita
la necesidad urgente de modificar el Código Procesal Penal, entrado en
vigencia en el año 2004, como un requisito indispensable y fundamental
para combatir los alarmantes índices de criminalidad que hoy aterrorizan
a nuestra sociedad.
En esos esfuerzos participé como asesor jurídico de José Tomás Pérez en el año 2006, entonces Senador del Distrito Nacional y único del PLD, en un anteproyecto de modificación que llegó a ser consensuado y aprobado en ambas Cámaras, controladas por el Partido Revolucionario Dominicano y enviado al Poder Ejecutivo, ya en manos de Leonel Fernández, para su promulgación.
Lamentablemente, ese proyecto fue observado por el Presidente Fernández y enviado a las Cámaras Legislativas nuevamente, donde tiempo después se le dejó morir, para desgracia del país, que vio posteriormente, en estos últimos seis años, el deterioro progresivo de la seguridad ciudadana al amparo de la impunidad asegurada a los más peligrosos y violentos delincuentes (la mayoría reincidentes), que en vez de estar tras las rejas andan “como Pedro por su casa”, manteniendo en zozobra a la ciudadanía.
En esa lucha incesante, enfrenté públicamente las posiciones de los Magistrados Francisco Domínguez Brito y Jorge Subero Isa, entonces Procurador General de la República de Leonel Fernández y Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quienes se constituyeron en defensores a ultranza del nuevo Código Procesal Penal que fuera importado desde fuera, sin tomar en cuenta la realidad jurídica y social de la República Dominicana.
Hoy me satisface ver declaraciones del Magistrado Francisco Domínguez Brito aparecidas en el periódico El Caribe del pasado 13 de septiembre, cito: “El procurador general de la República Francisco Dominguez Brito informó este jueves que iniciará un proceso en procura de que sea conocida la reforma del código procesal penal...”. “Como sociedad, no podemos darnos el lujo de que personas que han delinquido en múltiples ocasiones, que en muchos casos no tienen ni siquiera identidad cierta, puedan salir a las calles con facilidad ante cierta garantía que ofrece la actual legislación procesal penal” Señaló que “es un compromiso en la lucha efectiva contra el crimen y que hará todo lo que esté a su alcance para que eso pueda concretizarse”.
Felicito públicamente al Procurador Domínguez Brito por asumir lo que es un clamor de esta sociedad. Ya lo había hecho en la semana anterior el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía, quien planteó que dos terceras partes de los sometidos penalmente en la República Dominicana no son juzgados, precisamente por la fácil obtención de libertades que les permiten andar sueltos y reincidiendo en crímenes violentos, tal y como lo comprueban las crónicas diarias de los medios de comunicación sobre atracos, homicidios, narcotráfico y otros delitos graves.
No hay en este país, en este momento, un problema mayor que el de la seguridad ciudadana. Ni el senado de la República ni la Cámara de Diputados pueden tener en agenda nada más importante que trabajar en esta reforma vital para la tranquilidad de la familia dominicana, independientemente de que de forma paralela el gobierno de Danilo Medina se emplee a fondo, como seguro lo hará a partir de enero próximo, en el combate a la pobreza y a la falta de oportunidades que representan otras grandes causales del tema del aumento de la criminalidad.
Es hora, pues, que el Magistrado Mariano Germán y el Magistrado Domínguez Brito, cabezas del poder judicial y del ministerio público, se movilicen ante el Congreso para impulsar esta reforma. En días pasados conversé con el ex Presidente Leonel Fernández sobre el tema y me planteó la conveniencia de abrir un foro de discusión en la Fundación Global, lo que considero extraordinariamente importante y positivo. Lo que sí agrego es que lo que se vaya a hacer tenemos que hacerlo pronto. Se ha perdido demasiado tiempo y son muchas las vidas inocentes que han caído y las mortificaciones e inseguridades que se han creado en toda la geografía nacional, por la desatención a este vital tema de la reforma al Código Procesal Penal.
¡Adelante, Honorables Magistrados. Manos a la obra, que eso es lo que el país está esperando!
En esos esfuerzos participé como asesor jurídico de José Tomás Pérez en el año 2006, entonces Senador del Distrito Nacional y único del PLD, en un anteproyecto de modificación que llegó a ser consensuado y aprobado en ambas Cámaras, controladas por el Partido Revolucionario Dominicano y enviado al Poder Ejecutivo, ya en manos de Leonel Fernández, para su promulgación.
Lamentablemente, ese proyecto fue observado por el Presidente Fernández y enviado a las Cámaras Legislativas nuevamente, donde tiempo después se le dejó morir, para desgracia del país, que vio posteriormente, en estos últimos seis años, el deterioro progresivo de la seguridad ciudadana al amparo de la impunidad asegurada a los más peligrosos y violentos delincuentes (la mayoría reincidentes), que en vez de estar tras las rejas andan “como Pedro por su casa”, manteniendo en zozobra a la ciudadanía.
En esa lucha incesante, enfrenté públicamente las posiciones de los Magistrados Francisco Domínguez Brito y Jorge Subero Isa, entonces Procurador General de la República de Leonel Fernández y Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quienes se constituyeron en defensores a ultranza del nuevo Código Procesal Penal que fuera importado desde fuera, sin tomar en cuenta la realidad jurídica y social de la República Dominicana.
Hoy me satisface ver declaraciones del Magistrado Francisco Domínguez Brito aparecidas en el periódico El Caribe del pasado 13 de septiembre, cito: “El procurador general de la República Francisco Dominguez Brito informó este jueves que iniciará un proceso en procura de que sea conocida la reforma del código procesal penal...”. “Como sociedad, no podemos darnos el lujo de que personas que han delinquido en múltiples ocasiones, que en muchos casos no tienen ni siquiera identidad cierta, puedan salir a las calles con facilidad ante cierta garantía que ofrece la actual legislación procesal penal” Señaló que “es un compromiso en la lucha efectiva contra el crimen y que hará todo lo que esté a su alcance para que eso pueda concretizarse”.
Felicito públicamente al Procurador Domínguez Brito por asumir lo que es un clamor de esta sociedad. Ya lo había hecho en la semana anterior el Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía, quien planteó que dos terceras partes de los sometidos penalmente en la República Dominicana no son juzgados, precisamente por la fácil obtención de libertades que les permiten andar sueltos y reincidiendo en crímenes violentos, tal y como lo comprueban las crónicas diarias de los medios de comunicación sobre atracos, homicidios, narcotráfico y otros delitos graves.
No hay en este país, en este momento, un problema mayor que el de la seguridad ciudadana. Ni el senado de la República ni la Cámara de Diputados pueden tener en agenda nada más importante que trabajar en esta reforma vital para la tranquilidad de la familia dominicana, independientemente de que de forma paralela el gobierno de Danilo Medina se emplee a fondo, como seguro lo hará a partir de enero próximo, en el combate a la pobreza y a la falta de oportunidades que representan otras grandes causales del tema del aumento de la criminalidad.
Es hora, pues, que el Magistrado Mariano Germán y el Magistrado Domínguez Brito, cabezas del poder judicial y del ministerio público, se movilicen ante el Congreso para impulsar esta reforma. En días pasados conversé con el ex Presidente Leonel Fernández sobre el tema y me planteó la conveniencia de abrir un foro de discusión en la Fundación Global, lo que considero extraordinariamente importante y positivo. Lo que sí agrego es que lo que se vaya a hacer tenemos que hacerlo pronto. Se ha perdido demasiado tiempo y son muchas las vidas inocentes que han caído y las mortificaciones e inseguridades que se han creado en toda la geografía nacional, por la desatención a este vital tema de la reforma al Código Procesal Penal.
¡Adelante, Honorables Magistrados. Manos a la obra, que eso es lo que el país está esperando!
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2012/9/24/248385/Manos-a-la-obra-magistrados
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