MÁS ALLÁ DE LA REFORMA FISCAL

 Por Pelegrin Castillo Semán

En mi condición de legislador de la República, dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista y aliado al Presidente Medina y su Partido de la Liberación Dominicana, me siento en el deber de formular las siguientes reflexiones y sugerencias en relación a la propuesta de pacto fiscal planteada por el Gobierno Nacional. Lo hago imbuido de la mayor buena fe, y con la firme convicción de que es hora de grandes acuerdos a partir de grandes desprendimientos, donde los que más pueden asuman los mayores sacrificios.

1. NATURALEZA DE LA CRISIS

En primer lugar es preciso advertir sobre la verdadera naturaleza de la crisis que encara la República.

El sistema político y de negocios imperante, caracterizado por el predominio de prácticas clientelistas y populistas, y de negocios rentistas y concentradores, -expresión de un esquema de capitalismo salvaje-, viene generando costos ocultos y sobrecostos que afectan la competitividad de las fuerzas productivas, la calidad de vida de la población y la institucionalidad democrática.

De cara a las crisis mundial, regional y nacional en las que estamos inmersos, es imperativo fortalecer el proyecto nacional dominicano. Se impone profundizar los procesos de cambios, en orden a superar un sistema de relaciones políticas que reparte como favores lo que debe garantizar como derechos, tanto porque refuerza las peores formas de pobreza como porque resulta impagable para la economía y la sociedad.

Sin embargo, en una economía con altos niveles de concentración-que produce un balance de gran exclusión social-, esto solo puede asegurarse si logramos instituir un orden económico, que permita a los dominicanos y dominicanas realizar sus vidas, contando menos con el asistencialismo del estado que con el ejercicio de más libertades reales. Debemos aspirar que a partir de sus propios esfuerzos como personas, familias, empresas y comunidad, puedan prosperar en un ambiente de mayor seguridad y estabilidad.

Si estamos fracasando en muchos aspectos relacionados con la inserción a la economía internacional, se debe a que carecemos de un proyecto nacional fuerte e integrador, que integre hacia adentro cuando nos estamos integrando hacia afuera, para que no sea una integración de las elites o de los sectores modernos, sino de todo un pueblo.

2. ACUERDO NACIONAL

Si asumimos que la crisis es de índole compleja, ocasionada por la concurrencia de múltiples factores internos y externos, propiamente sistémica, es nuestro deber ir más allá de la concertación tributaria y fiscal, así como evitar lo que ha sido una constante en la historia nacional: que las urgencias de la coyuntura nos impidan hacer acuerdos sobre lo importante, lo estratégico, lo transcendente.

De las decisiones que se tomen en esta encrucijada, dependerá en gran modo, no solo la posibilidad de mantener la estabilidad macroeconómica y la gobernabilidad democrática en este periodo constitucional que recién comienza, sino la existencia misma de la nación, la preservación de su potencial de desarrollo y de los espacios de autodeterminación nacional, la afirmación de la identidad dominicana. Así se lo expresé a nuestro amigo y aliado el Presidente Medina, cuando iniciamos el dialogo para renovar nuestra alianza, al momento que le entregaba la propuesta que impulsamos: La Revolución del Proyecto Nacional, Ruta de la Esperanza.

3. LA REFORMA FISCAL INTEGRAL

Desde que llegué al Congreso de la República, viene debatiéndose en la opinión pública y el ámbito académico, la necesidad de una reforma fiscal integral. En cambio, he sido testigo de 5 reformas tributarias, que pueden definirse propiamente como reactivas, que solo han buscado responder a los apremios fiscales puntuales del gobierno, en cada ocasión.

Penosamente, se han desaprovechado las oportunidades de provocar cambios estructurales, con efectos benéficos de largo aliento, en favor de la productividad y competitividad, de la mejoría del clima de inversión y la generación de empleos de calidad, así como para incrementar la eficiencia del gasto público.

En el presente, nadie discute que el gobierno del Presidente Medina está urgido de recibir los recursos necesarios para conjurar los serios déficits públicos y así mantener la estabilidad macroeconómica, de modo que su gestión no se convierta en una simple administradora de crisis.

En buena medida de ello depende que el gobierno esté en condiciones de cumplir sus compromisos de impulsar una política social de inclusión, y en especial, de satisfacer el reclamo de una inversión presupuestaria del 4% del producto interno bruto (PIB) en la función de educación.

También es notorio, el firme compromiso del Presidente Medina de introducir mejores prácticas institucionales para una gestión del gasto público de más responsabilidad, calidad, austeridad y transparencia.

Sin embargo, es preciso considerar, además, otras dimensiones claves al momento de decidir sobre una materia tan grave. Y esos son precisamente los aspectos que echamos de menos en la propuesta fiscal gubernamental. Por eso queremos asumir que la misma es el punto de partida de un proceso que sin descuidar el sentido de apremio que imponen las circunstancias, debe conducirnos a un pacto nacional efectivo y duradero por la eficiencia productiva, la equidad social y la sostenibilidad. Hay que redimensionar el debate, si queremos encontrar las mejores soluciones.

4. GASTO PÚBLICO

Aunque el gasto público no debe ser reducido, si puede mejorar en orden a lograr más resultados con la misma o menor asignación de recursos presupuestarios. Aunque los resultados en esta materia no serán inmediatos, por lo menos se iniciaría un proceso, que no debe ser postergado ni tener pausas.

Entendemos que además de las medidas de austeridad adoptadas -que respaldamos plenamente- es mucho lo que puede ahorrarse empleando el poder de compra del gobierno, mediante la estandarización y centralización de las compras de bienes y servicios por renglones relevantes. No se justifica que el gobierno dominicano adquiera en el exterior bienes y servicios que pueden ser producidos localmente en condiciones razonables, ni mucho menos que lo haga a través de más de 100 departamentos diferentes.

Para dar algunos ejemplos del enfoque que promovemos, diremos que serían apreciables las economías con una política gubernamental de códigos y contenido libres en materia informática; un mayor empleo del prefabricado en las construcciones públicas; la implantación de programas de mantenimiento y reparaciones; y el uso de tecnologías para controlar el consumo de combustibles de los vehículos del estado.

Asimismo, no debe postergarse la restructuración de ministerios y organismos públicos, tanto para superar las debilidades generadas por su dispersión –especialmente en materia regulatoria y de fiscalización- como para evitar la duplicación de esfuerzos y recursos públicos. Los programas de asistencia, por ejemplo, así como las políticas sociales dirigidas a grupos de personas, deberían concentrarse en un Ministerio de la Familia y la Asistencia Social.

5. LA RACIONALIDAD EN LOS TRIBUTOS

La propuesta gubernamental de reforma fiscal debe ser mejorada, en varios sentidos, buscando mayor equilibrio y racionalidad. Impuestos altos aumentan la evasión y ahuyentan la inversión nacional y extranjera. Advertimos también que no es bueno hacer cálculos sobre impuestos con el criterio simple y formal del nivel de la presión tributaria, olvidando que las cargas reales que soportan personas y empresas son altas, por la ineficiencia de los servicios públicos y los elevados costos de los mercados no competitivos.

Veamos algunas sugerencias para enriquecer la propuesta:

Así como, con toda razón, se propone reducir los impuestos al Avtur para promover el turismo, abogamos por la eliminación o reducción gradual del impuesto al servicio de internet, no solo por ser de los más elevados del mundo, sino porque favorecería, la formación del capital social y humano de la República. Además, contribuiría a una mayor formalización de la economía.

Del mismo modo que se propone devolver a las empresas de exportación el gasto en combustible, debería aplicarse la ley que ordena la realización de una lotería con el número de la factura o de los comprobantes fiscales, para otorgar beneficios en favor de los contribuyentes del ITBIS, lo que además contribuiría a reducir la evasión de este tributo.

Sería de gran valor que se eliminen de la propuesta ciertos impuestos, y que en cambio, se emplee el concepto de contribuciones generales a cargo de las grandes empresas, en forma excepcional y con el objeto de conjurar la presente crisis. Esta modalidad podría concretarse por parte de las grandes empresas, renunciando a la solicitud de reembolso de tributos.

Aunque entendemos que la política de renovables debe ser reorientada en varios sentidos, estimamos contraproducente la eliminación de los incentivos de la ley 57-07. En cambio, consideramos inaplazable gravar las apuestas en los juegos de lotería y otros juegos de azar con un impuesto selectivo, tanto por su gran potencial recaudatorio como por las externalidades negativas que acusa esa actividad.

6. LAS CUENTAS NACIONALES

Uno de los compromisos que el gobierno dominicano debe adoptar es la unificación de los criterios de medición de las cuentas nacionales, de modo que no puedan existir sospechas ni reservas sobre los indicadores de crecimiento económico y de desarrollo humano.

Esa importante función debe ser ejercida con los niveles mayores de objetividad e imparcialidad, conforme a las mejores prácticas internacionales, para acabar con los alegatos de que la misma refleja acomodamientos autocomplacientes.

No hay manera de impulsar políticas públicas serias y eficaces, si los indicadores no son apropiados, o son controvertidos. Asimismo, es preciso incorporar entre los indicadores principales de la economía los relativos a nivel de empleo, distribución de las rentas, índices de equidad y productividad por sectores de empresas.

7. DEUDA PÚBLICA

Llevo años sosteniendo que debemos hacer mejor contratación de deuda pública, con una adecuada relación de costo beneficio, y sobre todo, con mayor transparencia. No es justo ni moral que los dominicanos tengan que pagar deudas de origen fraudulento o ilegitimo. Por eso propusimos en el año 2008 y logramos aprobar, la Resolución Sobre Corrupción Trasnacional, relacionada al grado de cumplimiento de la Convención de la OCDE sobre Pagos de Sobornos a Funcionarios Públicos Extranjeros en Operaciones de Comercio Exterior. Los contenidos de dicha resolución tienen plena vigencia.

En el presente, y para el asunto que ocupa nuestra atención, el gobierno dominicano debe asumir como deudas a pagar, solo aquellas que se encuentren debidamente auditadas. Esto es particularmente valido en lo que concierne a la deuda del servicio eléctrico, a la deuda cuasifiscal del Banco Central, así como a ciertos empréstitos extranjeros, para la adquisición de bienes y servicios en los últimos lustros.

No debemos olvidar que la crisis que estremece las naciones desarrolladas, como bien sostiene Jeffrey Sachs en su obra El Precio de la Civilización, es fundamentalmente moral, y se encuentra profundamente asociada a prácticas financieras desaprensivas, irresponsables, poco transparentes o abiertamente depredadoras, que se proyectaron y replicaron en muchas partes del mundo, incluida la República Dominicana.

De cara al futuro debe asumirse un compromiso con un endeudamiento prudente y orientado fundamentalmente hacia proyectos de alta rentabilidad social y nacional. Sugerimos también, la aprobación de una ley para fijar prioridades en la asignación de los recursos generados por el Programa de Cooperación de Petrocaribe.

8. ACTIVOS NACIONALES

El debate sobre la reforma fiscal suele concentrarse exclusivamente en la deuda pública, el gasto gubernamental, y los niveles o modalidades de tributación. Sin embargo, se produce una omisión inconcebible: la gestión de los activos del estado.

La falta de una política en ese sentido, en muchos casos, ha permitido que dichos activos sean depredados, sufran devaluaciones, se vendan a precio vil, o se otorguen en concesiones bajo términos muy discutibles -que incluso muchas veces son inobservados-, cuando no inaceptables para el interés público.

Esto aplica, sobre todo, para la propiedad inmobiliaria del estado y las empresas públicas, las redes de servicios de utilidad pública, los puertos y aeropuertos, y muy especialmente, a las concesiones de exploración y explotación de yacimientos mineros y petroleros. Concesiones que se renuevan sin ninguna justificación, y a pesar de los evidentes incumplimientos de sus términos y condiciones.

Esa situación anómala debe cesar cuanto antes. Los activos nacionales deben ser identificados, valorizados, certificados, fiscalizados, y empleados para planificar, financiar y gestionar el desarrollo nacional. El Estado Dominicano debe garantizar negociaciones de ganar-ganar: Nunca puede perder, en acuerdos que tengan por objeto sus recursos renovables y no renovables.

9. LA REFORMA DE LOS MERCADOS Y FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN PÚBLICA

La crisis actual esta generada, aparentemente, por déficits públicos acumulados durante el anterior gobierno; pero si profundizamos con seriedad en el análisis, comprobaremos con facilidad que estos déficits están íntimamente relacionados con las disfunciones e inoperancias de los mercados de bienes y servicios. Estas, a su vez, son ocasionados por las concentraciones monopólicas y oligopólicas, facilitadas por la débil o inexistente regulación de los organismos públicos.

En la presente crisis -que repito es una crisis del sistema político y de negocios prevaleciente- también los grandes grupos económicos y los poderosos intereses foráneos, tienen una importante cuota de responsabilidad; y esa realidad debe ser asumida y enmendada, si de verdad queremos encontrar soluciones auténticas, y no las aparentes y fáciles que permitirían echar toda la responsabilidad de una severa crisis nacional sobre algunos funcionarios de la administración anterior.

Recordemos que no es posible insertarse adecuadamente en la economía internacional, ni desarrollar una cultura exportadora, con los costos ocultos y sobrecostos generados por mercados no competitivos, y sectores de empresas ineficientes, con escasa o ninguna regulación.

Esta realidad puede constatarse en las más diversas áreas: En la generación de electricidad, y en la comercialización de los combustibles. En la prestación de los seguros de salud, así como en la gestión de los fondos de pensiones. También, sus efectos se sienten en la comercialización de productos estratégicos como el cemento y el acero, así como en la onerosa intermediación de los productos agropecuarios. En el transporte aéreo, marítimo y terrestre, no menos que en las comunicaciones y la intermediación financiera.

Necesitamos una cultura empresarial de mayor respeto a los consumidores y de más competencia leal entre las empresas. De una mayor responsabilidad social corporativa real y no solo de relaciones públicas. Urge también una comunicación social que resalte los valores del trabajo, la honestidad y la moderación, y que nos aleje de las incitaciones al lucro fácil y al consumismo desbocado, que están en el origen de muchos de los males sociales que nos aquejan.

En consecuencia, proponemos que el pacto nacional por la eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad, implique asumir compromisos serios no solo para reformular las relaciones de los grupos económicos con la política y los partidos, sino con las reformas estructurales de los mercados y de los servicios. Quizás donde más se siente esa urgencia es en el sector energético, cuyas severas distorsiones gravitan negativamente sobre toda la nación.

Especialmente, se requiere fortalecer la institucionalidad de organismos públicos como Pro-competencia, Pro-consumidor, Digenor-Indocal, Prácticas Desleales de Comercio, Dirección General de Minería, así como numerosos órganos regulativos sectoriales.

10. COMBATE A LA CORRUPCION

En el ambiente de controversias que ha generado la revelación de un gran déficit y la propuesta de reforma fiscal, surge con facilidad el argumento de que gobierno no tiene autoridad para imponer nuevos tributos sino combate y castiga la corrupción

Estamos de acuerdo en que la lucha contra la corrupción y por una administración pública honesta es esencial, inexcusable, impostergable. Sin embargo, advertimos que el fenómeno de corrupción en la República está profundamente entrañado en las dinámicas e interrelaciones del sistema político y de negocios. Es propiamente una corrupción sistémica, con profundas raíces históricas y culturales, abonada por una larga tradición de impunidad.

Enfrentar y reducir la corrupción demandará mucho más que esfuerzos punitivos ejemplarizadores. Eso es lo que explica que en los últimos veinte años, a pesar de que se han abiertos más de 200 expedientes de corrupción en la justicia, apenas unos cuantos han concluido con sanciones escarmentadoras.

En esos contextos, como lo indican los expertos sobre la materia, la prioridad mayor debe ser la eliminación de las estructuras y prácticas que provocan corrupción, que se caracterizan por la alta discrecionalidad y concentración en la toma de decisiones y la ausencia de transparencia. El mejor ejemplo del tipo de reforma que imponen las circunstancias, es la decisión del Presidente Medina de licitar todas las licencias de importación de alimentos, en el ámbito de la bolsa agropecuaria de la Junta Agroempesarial Dominicana (JAD). Son muchos y profundos los cambios que pueden lograrse en esa dirección.

La apertura de procesos judiciales -que siempre serán necesarios- procede en la medida en que sean representativos y ajenos a la parcialidad politiquera. Sería una muestra de cinismo insuperable el enjuiciamiento de ciertos responsables de hechos de corrupción recién pasados -por muy merecidos que lo tengan -mientras se permite la prescripción de la acción pública de decenas de infracciones no menos graves -debidamente sustanciadas por auditorias públicas- que no fueron seguidas de procesos en virtud del “pacto de impunidad por gobernabilidad” que se impuso en el año 2004.

Sin embargo, la batalla más crítica contra la corrupción pública y privada tendrá que librarse en un campo de lucha muy peligroso, complejo, trasnacional: frente al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, con sus siniestros poderes de corromper voluntades, intimidar o eliminar contrarios, e incluso, imponer modelos de conducta social.

11. POBREZA Y EMPLEO

Unos de los factores que más vienen impactando negativamente la existencia de millones de dominicanos y dominicanas, son los bajos salarios prevalecientes, con un poder de compra deprimido, de principios de los años 90.

Y esa dramática realidad -que la conocen o deberían conocer las clases dirigentes de la Nación- está en gran modo determinada por un proceso de brutal desnacionalización de los mercados laborales. Dicho proceso, generado durante años por la incuria y la tolerancia cómplice de las autoridades civiles y militares, solo ha servido para estimular una inmigración anómala, desbordada, caótica, que procede principalmente de Haití, un estado colapsado, de los más pobres del mundo.

Advertimos que todos los planes del gobierno nacional en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social, por la mejoría de los servicios públicos, a favor de la reforma modernizadora de áreas de la economía, están llamados a naufragar de no contener y revertir los procesos descritos.

Cuando el 92% de los asalariados del país -tanto del sector público como del sector privado- no tributan impuestos sobre la renta, porque sus salarios están por debajo del monto exento, estamos en presencia de un serio problema estructural de la economía dominicana, que no puede seguir obviándose al momento de abordar un acuerdo nacional para la eficiencia económica, la equidad social y sostenibilidad.

Solo una política activa de empleos y reformas productivas, asociadas a actividades de generación de riquezas y no de obtención de rentas, nos ayudará a superar los problemas del presente y sentar las bases materiales, para la implantación del Estado Social y Democrático de Derecho proclamado por la Constitución de la República del 26 de enero del 2010.