domingo, 9 de marzo de 2014

Esfuerzos para asegurar obras no logran cuajar

 
ENTORNOINTELIGENTE.COM / El Caribe / Los intentos para lograr que las obras públicas cuenten con un seguro que responda por ellas en caso de ser afectadas por imprevistos vienen de lejos, pero no han cuajado. 
El proyecto de ley más completo sobre el particular se introdujo a la Cámara de Diputados en el año 2010 y a pesar de los intentos de su autor, el legislador Pelegrín Castillo (Fuerza Nacional Progresista-Distrito Nacional) no se ha logrado que pase y se apruebe como ley. Castillo prefiere ser cauto cuando conversa con elCaribe y no se arriesga a afirmar que "los intereses" han impedido que el proyecto pase, pero deja claro que cuando sometió la primera versión de la pieza hubo reacciones. Y a juzgar por el tiempo que ha pasado desde entonces, todo indica que esas "reacciones" no fueron favorables. 

El lunes, la Cámara de Aseguradores y Resaseguradores (CADOAR) advirtió que "a pesar de que les han costado cuantiosos recursos al Estado y su preservación es importante para la economía, el país posee un conjunto de infraestructuras públicas que no cuentan con seguro en caso de catástrofe". Entre esas infraestructuras figuran  las vías de acceso de comunicación terrestre (carreteras, puentes, elevados, pasos a desnivel); las presas y los túneles, edificios públicos (centros de educación, centros de salud, oficinas públicas y centros de emergencias) y el Metro de Santo Domingo. La advertencia fue hecha en un foro donde República Dominicana no quedó bien parada frente a los asistentes al evento, entre ellos expertos nacionales y extranjeros de la ingeniería, la arquitectura y aseguradoras del ramo agropecuario. La pieza, que espera ser conocida cuando el diputado Castillo la reintroduzca en los próximos  días (según informó ayer), se denomina "Proyecto Sobre Manejo y Mitigación de Desastres y Aseguramiento de Obras Públicas". Entre otros puntos, declara de alto interés afectar, cuando menos, 0.5% (medio por ciento) del monto del Presupuesto General de la Nación de cada año al pago de las primas de seguro contra riesgos catastróficos para cubrir eventuales daños que pudieran sufrir las obras de infraestructura públicas existentes. Asimismo, sugiere disponer la creación de un fondo nacional para el financiamiento del programa de evaluación y reforzamiento de infraestructuras estratégicas y edificaciones públicas y privadas, contra daños catastróficos, que se conformará con una asignación presupuestal anual no menor del 1% de los ingresos tributarios y de los fondos de cooperación internacional que a tales fines se procuren. También, la actualización y puesta en vigencia del código sísmico de la República, dentro de un año, a contar de la fecha de entrada de la ley. La propuesta en cuestión establece con carácter de obligatoriedad asegurar contra riesgos catastróficos cada obra pública ejecutada, integrando sus gastos presupuestados, al costo correspondiente de dicho seguro. "Este es un proyecto que hay que volverlo a reintroducir. Es más complejo que inicialmente, cuando solo tocaba la parte del seguro. Ahora la prioridad no es solo asegurar, sino reforzar todas las estructuras que pueden provocar daños catastróficos, porque hay diseños que favorecen el desastre. La ley contempla eso", apuntó Pelegrín Castillo, en una conversación con este diario. El diputado reconoció que "no es fácil lograr la aprobación de una ley".  Y en este caso, la "cuestión" envuelve otros componentes.

Se busca atraer a las empresas de seguro

La creación de una ley de "resguardo de obras", implicará que las levantadas tendrán que pasar una revisión por la política establecida. Es decir, que habrá que construir mejor para evitar el riesgo de que las aseguradoras se alejen y decidan no colocar su dinero en "terreno pantanoso". "Ninguna empresa se atreverá a asegurar una infraestructura sin previamente tener la garantía y certeza de que cumple con los estándares adecuados. Y eso se comprueba con una evaluación minuciosa y profunda de las mismas", explica el diputado Pelegrín Castillo. En cuanto al esquema que tiene el Estado a nivel de infraestructuras, solo algunos ministerios están asegurados y algunas oficinas, como las empresas distribuidoras de electricidad, algunas plantas eléctricas y entidades que dependen del Ministerio de Hacienda, dice la CADOAR. elCaribe intentó obtener la opinión del Gobierno sobre el tema pero no fue posible. Esos intentos se hicieron a través de las periodistas Darlenny Martínez, que cubre las incidencias del Palacio Nacional, y Paola Suazo, quien abordó (sin lograr resultado) al subdirector de la OPRET, Leonel Carrasco.


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