 | Santo Domingo.- Durante acto de juramentación Comisión de Ética de la Contraloría General de la República, el director general de Ética e Agregado el: 5 de Abril del 2013 |
Santo Domingo.- Durante acto de juramentación Comisión de Ética de la Contraloría General de la República, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, doctor Marino Vinicio Castillo consideró vital el rango constitucional que tienen los mecanismos de controles internos y externos del Estado dominicano, como aval procesal y restrictivo ante los beneficios en casos de corrupción pública
Ante la presencia del contralor de la República, licenciado Rafael Antonio Germosén y funcionarios, el jurista se refirió a los aspectos constitucionales relativos a los comportamientos en la administración pública y a las circunstancias en que debe ser seguido y reprendido el referido flagelo, ya que la ley prevé sancionar todas las infracciones que lo involucren.
“La constitución le dio rango supremo al fenómeno destructivo de la corrupción, y lo hizo con tal énfasis que, ella misma restringe los beneficios procesales. Cuando se trata de infracciones relativas a la corrupción, esta autoriza su poda, asimismo establece dos controles esenciales: Contraloría y Cámara de Cuentas, las cuales tienen mandado constitucional en el ejercicio de los controles administrativos internos y externos de la función pública”, argumentó Castillo.
Castillo entiende que hay que seguir desarrollando el ordenamiento jurídico en ese sentido, ya que en lo formal está establecido, pero debe asumirse el compromiso de las conductas. “Una denuncia no tiene validez, sino tiene el aval de uno de estos controles. No tomamos decisiones sin tener la base del control constitucional”, agregó.
De igual modo, sugirió una conexión, así como un trabajo mancomunado entre la Contraloría y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas; para que estos organismos compartan informaciones, pareceres, iniciativas comunes en la normalización, en calificación de conductas desviadas, defectos procesales o aberraciones que nacen desde operaciones delictivas.
De su parte, Germosén se comprometió a cumplir Código de Pautas Éticas con el apoyo de la Comisión de Ética creada, al considerar que “No puede haber control sino hay comportamiento ético".
La CEP-Contraloría juramentada, está integrada por Pablo Ortega de la Cruz, Arianna Labrada Cepeda, Juana Vélez Santana, Alicia Gómez Fernández, Rosanna Sánchez S., Carlos Tomas del Pozo, Alba Espaillat Garrido, Dhimas Paredes Domínguez, Sandy Sánchez. En el encuentro también participaron Miguel Suazo, director ejecutivo de la DIGEIG y Rafael Basora, encargado del Departamento de Promoción de Ética e Integridad de la DIGEIG.
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