Las consecuencias esperadas

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Por Pelegrín Castillo

La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, es frecuente asociarla exclusivamente con la estabilidad de las normas y el respeto de los contratos.La verdad es que no hay auténtica seguridad jurídica si además no existe un adecuado equilibrio de los derechos y las obligaciones, una razonable distribución de los beneficios, cargas y riesgos.

Todo orden jurídico, en consecuencia, debe responder tanto a la necesidad de certeza y predictibilidad, como a los requerimientos de la justicia como equidad.

Las empresas mineras y petroleras lo saben de sobra, aunque algunas a veces parecen olvidarlo: cuando los acuerdos no son de ganar-ganar, se tornan complicados y difíciles de aplicar. Y si además no existe flexibilidad y apertura de las partes para realizar los ajustes necesarios, se termina inevitablemente jugando el juego de perder-perder, donde las pérdidas las sufren incluso hasta actores remotos o ajenos.

El Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), sobre la mayor reserva de oro del continente, suscrito con Placer Dome, fue aprobado por el Congreso en el 2002 en forma un tanto festinada, por el gran interés del gobierno de entonces de corresponder a la visita del premier canadiense Jean Créthien.

Luego, entre el 2007 y el 2009, fue objeto de una sustancial revisión de sus términos y condiciones, a requerimiento del consorcio Barrick Gold-Gold Corp. Son muchas las interrogantes que podrían formularse sobre los giros que tomaron esas negociaciones, que llevaron al Estado dominicano a hacer grandes concesiones a la empresa minera, con el ánimo de viabilizar su importante inversión. 

Lo cierto es que el contexto de profunda crisis económica mundial del 2008 gravitó en forma decisiva en el desenlace de esa renegociación. Los negociadores de la Barrick Gold-Gold Corp -reforzados por grupos nacionales y foráneos que supieron interponer sus buenos oficios e influencias en sacar adelante un acuerdo conforme a sus intereses- explotaron convenientemente la crítica coyuntura mundial, frente al Estado dominicano, sujeto a los programas del FMI, cuyos dirigentes llegaron a temer lo peor, si una inversión proyectada como la más alta del continente, se posponía o frustraba.

Siendo justos, debemos admitir que esa inversión minera ha incidido en la estabilidad económica y en el clima de inversión de los últimos años, y que dichas empresas tienen el perfil adecuado para impulsar un proyecto que envuelve procesos hidrometalúrgicos complejos y costosos, y una gestión medioambiental delicada en más de un sentido.

No obstante, también debemos recalcar que los supuestos sobre los cuales se formuló la renegociación  para reajustar los cálculos impositivos, no se han cumplido: el precio del oro está muy por encima del que se concibió para calcular la tasa interna de retorno del 10% sobre la inversión, e incluso de la banda alta de precios de 1,050 dólares prevista por BRGM, así como de los precios estimados del barril de petróleo en 150 dólares. En cambio, la inversión proyectada –quizá por las complejidades e incertidumbres del proyecto- se escaló de los 2,500 millones de dólares originales a cerca de 4,000 millones, según los datos suministrados por la empresa que están siendo verificados ahora  por la firma auditora suiza SGS.

Antes se decía que los mejores negocios mineros y petroleros se armaban en los tiempos de crisis. En los años 30, por ejemplo, el Rey Ibn Saud le entregó a su amigo inglés Jack Philby la riqueza petrolera de Arabia, por tener “un apremio de un millón de dólares”. Pero afortunadamente eso ya es parte de un pasado, que reveló además que ese tipo de tratos no se sostenía en el tiempo.

La gestión y explotación de unas reservas mineras tan importantes, como las que tiene República Dominicana, requiere de relaciones Estado-empresas propias de socios estratégicos, a realizarse en el largo plazo: Demandan de una relación de respeto mutuo y de comprensión de los intereses y necesidades recíprocas. La prepotencia y el ánimo de avasallar, que tanto daño han provocado en tantas partes del mundo, no tienen lugar aquí y ahora.

Debemos estar conscientes que este diferendo trasciende con mucho tanto los intereses del gobierno del presidente Danilo Medina -quien en forma valiente y responsable ha asumido la defensa de los intereses nacionales- como el de las propias empresas Barrick Gold-Gold Corp. De la forma en que se aborde y solucione el mismo, dependerá el aprovechamiento del enorme potencial de minería metálica y no metálica que tiene la República.

El Estado dominicano, que ha sido el puntal de la paz y estabilidad insular y regional, -empeñado como está en profundizar los procesos de cambio institucional e inclusión social- requiere ciertamente de más y mejor inversión; pero solo si se concretan en acuerdos de ganar ganar, con mayor transparencia y fuerte institucionalidad.

Eso deben comprenderlo las empresas mineras, pero sobre todo los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, que pueden contribuir con una influencia moderadora, a aplacar un tanto el “espíritu de Irak”, para que “las consecuencias” de que nos hablara el apreciado embajador Raúl Yzaguirre, sean satisfactorias para todos… y no  un tormento para todos.

http://www.elcaribe.com.do/2013/03/23/las-consecuencias-esperadas