El director general de Migración, José Ricardo Taveras, defendió la inclusión de los trabajadores temporeros al sistema de seguridad social y lamentó el silencio con que, en su opinión, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) ha respondido a sus reclamos.
El funcionario expresó que el alegato de que la ley de seguridad social solamente contempla la inclusión de los extranjeros residentes, es legalmente insostenible, ya que es a la Ley General de Migración a la que de manera especial le corresponde determinar las categorías migratorias y las capacidades que éstas le dan al ciudadano extranjero legalmente admitido en territorio dominicano.
Taveras expresó que el Artículo 26 de la referida ley reconoce derechos laborales y sociales a todo extranjero debidamente habilitado bajo una categoría migratoria que le autoriza a trabajar en territorio nacional, sin distinguir que los mismos sean residentes o no residentes conforme las categorías contempladas en el artículo 29, e independientemente de la protección que en este sentido brinda el Convenio 19 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el país es signatario.
En ese sentido, invitó a los "intereses corporativos" que, a su juicio, inciden en la seguridad social, "a comprender que ignorar esta realidad legal y de principio, lo único a que nos conducirá es a una distorsión del mercado laboral, que en la actualidad exhibe márgenes de informalidad inaceptables, que deben ser necesariamente reducidos, porque al final, el que paga los platos rotos es el contribuyente dominicano".
El responsable de Migración recordó que cuando se producen marchas de obreros o viudas reclamando pensiones, ninguna se produce frente a una empresa y nadie se pregunta si son del sector público o privado.
"Van a reclamar frente al Palacio Nacional, y esto debemos simplemente evitarlo a las futuras generaciones de contribuyentes dominicanos", subrayó al intervenir el seminario-taller para la elaboración de una agenda sindical en migración laboral con incidencia en género, organizado por la OIT con apoyo de los fondos de la Unión Europea.
Taveras explicó que las centrales sindicales deben asumir la causa de la formalización del mercado laboral en todos los frentes, porque la informalidad terminará siendo, además de un estatuto injusto, un elemento de discriminación del trabajador dominicano en su propio país.
Esto, apuntó, porque facilita que algunos sectores "inescrupulosos presupuesten y cubiquen seguridad social, y al usar mano de obra extranjera en un marco de informalidad, colocan a los dominicanos en una desventaja obvia frente a los extranjeros, la cual debe cesar".
Del mismo modo, pidió al movimiento sindical proteger la consolidación del sistema dominicano de seguridad social, toda vez que, con todos sus defectos y a pesar del uso ligero que se hace del derecho al veto, constituye una de las obras de redención social más importantes para la sociedad dominicana, que lejos de socavar, debe fortalecerse.
"Por eso no es tampoco conveniente que se reclame la inclusión total de todos los trabajadores, sean estos extranjeros indocumentados o no, pues independientemente de ser una obra de justicia social, también es el receptáculo del ahorro de todos, el negocio de todos y debe ser necesariamente rentable para todos y así poder garantizar sus objetivos", sostuvo.
Al responder inquietudes de los presentes sobre el hecho de que el Estado es el principal empleador de ilegales en sus obras, recordó que el Gobierno no ejecuta obras de manera directa desde hace décadas, que son los contratistas los que violan la ley en este sentido, cosa que reconoció que el Estado debe vigilar y exigir de manera más rigurosa de cara al futuro. EFE
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