Sobre la Sentencia 168-13

Publicado el 26/10/2013 por Fuerza Nacional Progresista en Pelegrin Castillo

DISCURSO DEL DIPUTADO PELEGRIN CASTILLO SEMÁN EN EL PANEL SOBRE LAS IMPLICACIONES PARA REPUBLICA DOMINICANA DE LA SENTENCIA 168-13 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 20 DE OCTUBRE 2013.

Ante todo deseo agradecer al Comité Dominicano de la Solidaridad Internacional con Haití, al que pertenezco desde su fundación, haber organizado este evento tan importante y tan oportuno sobre el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional y sus implicaciones para República Dominicana. Agradezco en lo personal que me hayan invitado a participar en este panel con tan distinguidos exponentes y amigos, estudiosos de las relaciones dominico haitianas.

En nuestra intervención no abundaremos sobre los aspectos jurídicos, que en forma esplendida y penetrante han sido tratados por los eminentes juristas del primer panel de este evento. Queremos centrar nuestra intervención en otras dimensiones, que han sido poco tratadas y que a nuestro juicio constituyen la clave para entender los procesos que vienen desarrollándose hace décadas en la isla de Santo Domingo, y que cada día nos acercan a situaciones de gran peligro para la existencia misma de la Nación, así como para la paz y la estabilidad de la región del Caribe.

Nadie con responsabilidades públicas y un mínimo nivel de información tiene derecho a ser ingenuo. Lo que está decidiéndose alrededor de esta controversia no es solo quien tiene derecho a la nacionalidad dominicana sino algo tanto o más importante: ¿quién define la nacionalidad? ¿Los poderes públicos del estado, que tienen mandato constitucional para hacerlo?, o bien ¿las ONGs y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instrumentalizadas por factores de poder foráneo, que se han empeñado con campanas de desinformación y manipulación, desde hace más de quince años, para imponer una visión contraria a la adoptada por los órganos del Estado?

Más aun, lo que está definiéndose en torno de esta debate es si República Dominicana terminará asumiendo en los hechos la responsabilidad de ser el espacio de solución a los agudos problemas de Haití, consolidando su rol de estado pivote, aunque eso implique una mediatización de su soberanía, una mengua de su autodeterminación, mediante la aceptación de una minoría nacional impuesta, dominicana en términos jurídicos, pero política y culturalmente orientada desde el exterior. Es por esto que queremos advertir que si en las presentes circunstancias no actuamos como Estado nos exponemos a que nos traten peor que una colonia.

Ahora más que nunca se precisa de unidad nacional y de posiciones definidas y firmes de todos los que tienen responsabilidades de liderazgo. El fallo 168-13 del Tribunal Constitucional, debe ser respaldado por todos los dominicanos, no solo porque lo decidió el órgano constitucional que tiene la competencia para hacerlo, sino porque además expresa una voluntad de procurar soluciones justas, racionales y humanas a los problemas migratorios y de registro civil de larga data, provocados por debilidades y fallas de las instituciones. Esta sentencia protege los derechos de los inmigrantes con una amplia y efectiva tutela, al tiempo que traza la pauta institucional que deben observar los órganos públicos para dar respuesta a los problemas antes mencionados, dentro del marco de respeto debido a la Constitución, las leyes y los intereses nacionales.

Sin embargo, las reacciones adversas al fallo del Tribunal Constitucional no nos sorprenden a los que tenemos más de 20 años estudiando diferentes aspectos de este intrincado y complejo asunto, así como actuando con iniciativas diversas, especialmente en los planos internacionales.

Quisiera compartir con ustedes una experiencia personal que es imprescindible para entender las reacciones contrarias que ha provocado la sentencia 168-13. Me tocó presidir una delegación de legisladores que en 1999 acompañó a la representación oficial del Estado dominicano en la primera audiencia del primer proceso que se emprendía contra República Dominicana, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte de San José, en Costa Rica.

Para todos los dominicanos presentes constituyó una experiencia turbadora observar como ese organismo -que como se ha evidenciado, está grandemente influido por poderosos factores de poder de los Estado Unidos- iniciaba la presentación del caso con la proyección de un video titulado República Dominicana, El Apartheid del Caribe. Es decir, el Estado que en el mundo ha sido, más abierto, tolerante y solidario con el drama del pueblo haitiano, era estigmatizado ante una corte internacional en forma alegre y desaprensiva, de ser responsable de cometer un crimen de lesa humanidad. La presentación del caso número 12,189 no fue mejor que la última farsa montada alrededor de William Medina Ferreras o Winet Jean. Pero el escarnio no se limitó a ello, sino que formalmente la Comisión revelaría lo que era su objetivo estratégico al solicitarle a la Corte, en virtud de una actio popularis, prohibirle a la República Dominicana el ejercicio de cualquier medida de control migratorio, en relación a cualquier nacional haitiano en su territorio, independientemente de que tuvieran status migratorio legal o ilegal.

Fundamentaban su petición en que el Estado dominicano era incapaz de ejercer controles migratorios, fronterizos y de registro de nacionalidad respetando los derechos humanos. La Corte, obviamente, desestimó en ese momento la petición, pero muchas de las acciones posteriores de la Comisión y de la propia Corte han estado dirigidas a preparar el ambiente que posibilite una acción de esa o similar naturaleza.

Esta estrategia de la Comisión se entiende mejor cuando se sabe que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, influido por importantes legisladores y políticos de ese país, todos los años persisten en desconocer la interpretación tomada por los poderes públicos dominicanos con relación a quienes son dominicanos y en qué condiciones se adquiere la nacionalidad dominicana. Yo mismo tuve el privilegio de comentar y refutar la ponencia del Embajador Cento, de los Estados Unidos ante la Organización de Estado Americanos, donde en forma desfachatada -por suerte estaba hablando ante un grupo de expertos- se empeñaba en confundir apatridia con indocumentación.

He sostenido que si hubiera sinceridad en los sectores que de forma radical y militante se oponen hoy a la decisión 168-13 del Tribunal Constitucional, si realmente quisieran encontrar soluciones a los problemas de los inmigrantes, estuvieran dispuestos a trabajar con la ejecución del Plan de Regularización, que fué ordenado por ley desde el año 2004, y respaldarían la única fórmula que puede garantizar que, los que sin falta de su parte han obtenido documentos de forma irregular que los acreditan como dominicanos, puedan obtener la nacionalidad por naturalización.

En efecto, desde que se aprobó la ley de migración propusimos al Consejo Nacional de Migraciones complementar el plan de regularización que se adoptara con una modificación a la ley de naturalización, que permitiera que este grupo de personas que se han formado en la República Dominicana, pudieran acceder a la nacionalidad dominicana por una vía expedita y sin costos mayores,. Incluso quiero recordar que en el marco de la discusión constitucional llegamos a proponer una fórmula que facilitaría ese proceso.

Si las energías y recursos que se han dedicado a combatir y frustrar la aplicación de la Ley de Migración y el plan de Regularización, se hubieran dedicado a facilitarlos la gran mayoría de estos problemas hace años se hubieran resueltos.

Pero la agenda oculta de esos actores -afortunadamente no ya tan oculta, porque sus hechos y actitudes la van develando cada vez más- es otra muy diferente: despojar al Estado Dominicano, mediante imposición internacional, de sus atributos de soberanía en estos campos de migración, nacionalidad y control fronterizo. Eso es lo que explica porque se ha creado un barraje de desinformación, mentiras y manipulaciones en torno a esta sentencia.
Si se hace un análisis de las publicaciones en medios de prensa locales e internacionales, a partir de noticias generadas por las ONGs y un grupo de periodistas que están profunda y orgánicamente articulados a las mismas, confirmaremos lo que estamos diciendo. Se insiste en que estamos implantando un “apartheid”, de que hemos cometido un “genocidio civil”, de que hay una peligrosa “exaltación xenófoba y antihaitiana”, lo que viene a sumarse a las denuncias precedentes de “expulsiones masivas” y hasta de “matanzas”, lo digo recordando el triste incidente de Guayubin donde perdieron la vida unos nacionales haitianos en una acción de interdicción antidrogas en la frontera. A nadie debe sorprenderle que en algún momento nos acusen también de tener “armas de destrucción masiva”.

En otras palabras, con el auxilio de los tontos útiles que nunca faltan, o de ingenuos fácilmente manipulables, y de otros equivocados que entienden que borrando las fronteras nacionales construyen el reino de Dios en la Tierra, las ONGs y sus expresiones mediáticas están preparando el ambiente para que República Dominicana sea golpeada y desconocida mediante intervenciones o injerencias de “carácter humanitario”.

Todo el que ha estudiado la evolución de las relaciones internacionales en el ámbito de la globalización sabe cómo se han elaborado doctrinas que van desde la “guerra preventiva” hasta las “intervenciones humanitarias” para justificar, invocando respetables principios universales, acciones que en otros tiempos serian denunciadas como actos imperialistas ¡cuánto cinismo! Incluso se han atrevido a proponerle al jefe del Estado que desconozca las decisiones de otros poderes del Estado, lo que propiamente es una incitación a perpetrar un golpe de estado y a desencadenar una crisis constitucional.

Nosotros los dominicanos, en especial, los que tenemos posiciones de dirección debemos asumir actitudes firmes, rechazar al chantaje, enfrentar las patrañas y denunciar la mala fe de algunos actores que por diversas razones les conviene potenciar esta crisis. Debemos dejar claramente establecido que no es posible, que no es legítimo, que es inaceptable, defender los derechos de las personas desconociendo o aplastando los derechos de las naciones.

Decía un poeta que el “infierno está en lo que callamos”. Hay mucha gente empeñada en imponer una visión acotada, reduccionista, simplista de esta crisis. Por eso se empeñan en hablar de los problemas migratorios y de la vulneración de los derechos humanos. Pero puede comprobarse con facilidad que la gran mayoría de los que asumen estas posiciones con vehemencia guardan un silencio cómplice frente a la verdadera dimensión, a la causa profunda, de esta dramática crisis.
De lo que pocos quieren hablar, es que esta crisis es una crisis internacional, provocada por la existencia de un estado fallido en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, que hace años perdió su viabilidad nacional; de un estado de mayor desarrollo relativo, pero esencialmente débil y dependiente en la parte oriental; y frente a ambos una comunidad internacional que ha sido irresponsable y desacertada, una comunidad internacional que prefiere minimizar sus compromisos, sus responsabilidades, tratando de que República Dominicana sea el espacio de solución, derivación, descompresión, de la crisis haitiana. ¡Su válvula de escape!

Estoy convencido que este tipo de articulación de las relaciones de la comunidad internacional con ambas naciones, nos está conduciendo a un callejón sin salida. ¿Por qué se van a comprometer a reconstruir a Haití en Haití -como Haití se lo merece- si en República Dominicana, con solo explotar las debilidades y manipular los intereses de sus clases dirigentes, pueden encontrar una solución de bajo costo relativo, cómoda, sin mayores compromisos?, parecen pensar algunos de los centros de poder del mundo.

La crisis haitiana tiene más de 20 años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese lapso la patria de Toussaint ha experimentado 3 intervenciones humanitarias. Nosotros los dominicanos que somos los que más interés tenemos de que nuestros vecinos gocen de estabilidad, seguridad y prosperidad, debemos preguntarnos y preguntarle al mundo ¿Cuál es el balance de esta prolongada acción internacional? ¿Ha mejorado Haití? ¿Se ha intentado el esfuerzo de reconstrucción de sus bases nacionales, que incluso estaban destruidas antes del terremoto del 2010? ¿Podemos esperar en el futuro que una recuperación de Haití reduzca las presiones migratorias hacia nuestro territorio?

Cuando vemos las acciones internacionales en la crisis haitiana, evaluada desde la perspectiva de los últimos 20 años, constatamos tres situaciones que están bien claras y son fácilmente demostrables:

1. La comunidad internacional está concentrada fundamentalmente en mantener un orden público mínimo, que garantice la existencia -aun sea precaria, débil, más cercana a la ficción- de autoridades en Haití con visos de legitimidad democrática, aunque en los hechos el control efectivo lo tengan los organismos internacionales y las ONGs.

2. Se quiere evitar que los flujos migratorios de Haití, se dirijan hacia Estados Unidos, los territorios de Francia y el Reino Unido, o hacia los otros países del Caribe insular. Que en ningún caso se repita la crisis de los boat people de 1991-1993 que genero pánico en los Estados Unidos.

3. Procurar dirigir esos flujos migratorios progresivamente hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo con un carácter de permanencia, de inserción, de implantación. Hoy en cuatro de las cinco provincias limítrofes con Haití hay más de un 20% de población haitiana, y en la más rica, Pedernales, se acerca al 30%, mientras que en diez de las treinta y un provincias y el Distrito Nacional hay un número superior al 10%.

En este punto tenemos necesariamente que recordar el informe Mission to Haiti de 1949 de Naciones Unidas, que le recomendaba a los gobiernos haitianos fomentar la “migración masiva, de familias enteras, de forma permanente, hacia otras zonas del Caribe menos pobladas”. Y la razón de esa recomendación era de carácter geopolítico: la existencia de un agudo desequilibro entre los recursos naturales sumamente degradados de Haití y las serias limitaciones para subvenir a las necesidades de su creciente población. ¡Eso se sostuvo hace 64 años!

Sin embargo, incurriríamos en la falta que criticamos a nuestros adversarios si no somos capaces de admitir también que esos procesos vienen desarrollándose precisamente porque en República Dominicana han encontrado aliados que, consciente o inconscientemente -las mas de las veces obedeciendo a sus intereses coyunturales, particulares o sectoriales- se han acomodado al esquema de relación que nos imponen desde la comunidad internacional, los organismos internacionales y las grandes potencias.

Frente a República Dominicana se ha empleado todo el repertorio de lo que Joseph S. Nye en La Naturaleza Cambiante del Poder Norteamericano, llama “Recursos Blandos de Poder”: Decenas de ONGs generosamente financiadas; especial flexibilidad desde los organismos crediticios internacionales; manipulación de las asimetrías para la instrumentación de las relaciones económicas y comerciales, en especial, en relación a los acuerdos de integración; y últimamente, sutiles campañas de penetración cultural.

También, debo de decir que no ha faltado el empleo de otros recursos menos blandos, más bien duros: El tráfico de drogas a través de la isla de Santo Domingo, así como las ambivalencia, doble rasero e instrumentalización con que se viene enfrentándose desde centros de poder mundial este fenómeno del crimen organizado, provoca muchas suspicacias.

Sin dudas se está abusando de las debilidades, fallas y corruptelas del Estado dominicano. Algunos solo quieren ver estas y adoptan actitudes furiosas y punitivas contra su propio Estado. Incluso resisten los intentos de rectificación, de cambios, de corrección, como está pasando en el presente con motivo del fallo 168-13. Pero sospechosamente, su análisis se queda en lo local y su índice acusador solamente se dirige hacia la responsabilidad de nuestras instituciones. Cuando la realidad nos dice que las responsabilidades son múltiples y compartidas. Comienzan por las clases dirigentes de Haití, que nunca han asumido un compromiso serio con un proyecto nacional fuerte e integrador; que le han negado a su pueblo, en su territorio, los derechos que están dispuestos a reclamarles a otros estados en el exterior. Que suelen actuar de cara a sus vecinos de toda la región con una actitud penosa, del que no tiene nada que perder y que cree que todo se le debe, haciendo del victimismo de su pobre pueblo pobre, ocasión para el fabuloso negocio de muchas ONGs internacionales que pervierten la lucha contra la pobreza.

Tampoco esos críticos iracundos del fallo del Tribunal Constitucional dicen nada respecto de las actitudes predominantes en la comunidad internacional, como si no existiera una responsabilidad originaria de las potencias, que desde 1801, en política trazada por Tomas Jefferson, sometieron al primer Estado negro, que obtenía la independencia por una revolución de esclavos, a un esquema de aislamiento, abandono e indiferencia, o de intervención desestabilizadora que virtualmente se ha proyectado hasta el presente y que explica el derrumbe y la postración crónica de ese pueblo digno de mejor suerte. También quiero recordar a ese Jefferson cuando sentencio: “Temo por mi pueblo cada vez que recuerdo que Dios es justo”.

La República Dominicana tiene que asumir su cuota de responsabilidad, y lo está haciendo; y en su condición de ser el Estado que más ha demostrado solidaridad real con el pueblo haitiano -que hoy se quiere desconocer miserablemente- debemos exigirle a todos los actores el cumplimiento de sus obligaciones correspondientes: Desde el acuerdo de Washington de 1938 y su modus operandi -único instrumento internacional vigente entre ambas naciones para regular la migración, la documentación y el control fronterizo- hasta la obligación moral indeclinable de los países que “más pueden y mas deben”, -como sostiene la encíclica “Pacem in Terris”- de ir en auxilio del Estado en crisis, desvertebrado, que perdió su viabilidad, que fue derrotado por la pobreza y que demanda con urgencia de una verdadera acción restauradora de sus bases nacionales.

Finalmente, al concluir mis palabras en este significativo acto siento mi deber evocar a Duarte. El fallo 168-13 le honra porque busca con justicia y apegado a la ley, preservar su obra. El, que nos concibió con su pensamiento luminoso y nos proyectó con la acción trascendental que es propia de los providenciales, nos dejó en su Ideario el “manual de instrucciones” para enfrentar las vicisitudes que las historia depara a las naciones como las nuestras, que cuantas veces a caído por la acción artera de la “facción antinacional”, -del “bando parricida y traidor”, -como él le llamara en su tiempo- ha sabido recuperar su fueros soberanos tras contiendas desesperadas, desiguales e inciertas. No olvidemos su mandato a Trabajar, “a trabajar sin descanso, sin perder la fe en Dios, en la justicia de nuestra causa, ni en nuestros propios brazos”, porque “vivir sin Patria es lo mismo que vivir sin honor”.
Pelegrin H. Castillo Semán

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