Carta Abierta del Diputado Pelegrin Castillo al Congreso de los Estados Unidos de Norteamerica

Soy un legislador de la República Dominicana que por cerca de dos décadas ha prestado atención prioritaria a la dramática situación que afecta a Haití y su proyección hacia toda la región del Caribe. Por eso me dirijo a ustedes para expresarles algunas reflexiones e inquietudes en relación a la carta que un grupo de distinguidos Representantes al Congreso de los Estados Unidos, enviara al Presidente Danilo Medina, el pasado 29 de octubre.

En esa misiva, los legisladores estadounidenses que representan distritos con votantes de ascendencia caribeña, formularon críticas duras, injustas e infundadas contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, que ordena la ejecución del plan de regularización de extranjeros dispuesto por la Ley de Migración desde el año 2004. Advirtieron que la misma ¨podría resultar en una crisis humanitaria sin precedentes, amenazando la estabilidad de la región¨, y se atrevieron a solicitar al Ejecutivo dominicano que la desconociera. Después, influyentes medios de comunicación norteamericanos reclamaron hasta sanciones económicas para revertir esa decisión

Debo confesar que comparto las preocupaciones de esos legisladores sobre el posible surgimiento de situaciones muy peligrosas, de repercusiones imprevisibles, pero no precisamente por la ejecución de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Existen otros factores que podrían detonar una crisis de envergadura, que desafortunadamente fueron omitidos en esa comunicación, quizás por desconocimiento, y que no obstante, resultan imprescindibles considerarlos para una apreciación cabal de lo que acontece entre las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo, que posee una altísima densidad demográfica de 230 habitantes por kilómetros cuadrados.

Es importante recordar que hace más de veinte años Haití se encuentra en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ha experimentado tres intervenciones internacionales fundadas en ¨motivos humanitarios¨ o en ¨defensa de la democracia y los derechos humanos¨ .

Una gran mayoría de dominicanos -y creo expresar esa corriente –tiene grandes aprehensiones sobre la significación real de esa acción internacional que acusa un balance desesperanzador. Legítimamente nos preguntamos: ¿ha mejorado Haití? ¿Se ha intentado seriamente la reconstrucción de sus bases nacionales, que estaban destruidas incluso mucho antes del terremoto del 2010? ¿Existen razones serias para pensar que tendrá un futuro diferente de lo que ha sido su historia marcada por la inestabilidad y la violencia destructiva?

Créanme cuando les digo que ningún pueblo del mundo tiene más interés que el pueblo dominicano de que Haití sea estable, seguro y eventualmente prospero: los dominicanos somos los que más ganaríamos si nos acercáramos a esa gran meta

Lamentablemente, existen sobradas evidencias de que la acción internacional en Haití, en gran modo bajo la influencia de los Estados Unidos, ha tenido otras prioridades. A saber: a) Se ha concentrado en sostener un orden publico mínimo, que apuntala precariamente autoridades con visos de legitimidad democrática, y con poca o ninguna capacidad efectiva de transformar las realidades extremas de Haití, b) Procura evitar a toda costa que se generen flujos de migración por mar – como los ocurridos entre 1991 y 1993- hacia los Estados Unidos de América, los territorios de ultramar del Reino Unido y Francia, y los demás Estados insulares del Caribe-,y c) Condicionar en forma progresiva a Republica Dominicana a asumir el rol del Estado pivote, para que en los hechos sea zona de amortiguamiento hacia las que se dirigen los crecientes flujos de migración haitiana, con tendencia a conformar asentamientos humanos estables.

Es cierto- no lo podemos negar- la debilidad y las prácticas corruptas en nuestras instituciones, el atraso de áreas de nuestra economía, y sobre todo la dependencia en las relaciones con el exterior, han facilitado la implantación de ese pernicioso esquema de relación, y que por tanto, desde grandes centros de poder mundial, llegue a apreciarse erróneamente que existe ¨una solución dominicana a los problemas de Haití¨.

También, es verdad que existe una facción complaciente y lábil – y Estados Unidos la conoce perfectamente – que siempre estará, en función de sus propios objetivos y no los de la Republica Dominicana, dispuesta a sintonizar con los intereses de los influyentes lobbies que desde hace años trabajan para implantar ese absurdo esquema de relación.

Pero también es verdad que los efectos adversos de esos flujos están desestabilizando la Republica Dominicana de muchas maneras, afectando el funcionamiento de sus políticas e instituciones. El Banco Mundial hace más de una década advirtió: “La migración descontrolada impide que los dominicanos pobres se beneficien del crecimiento económico de su propio país, ya que sus puestos de trabajo y sus salarios están bajo la presión de los inmigrantes pobres”, a la vez que señalaba “la reducción de los incentivos a modernizare e invertir en tecnología”, creada por estos anómalos flujos migratorios.

Bastaría releer el informe del 2005 de la Foundation for Environmental Security and Sustainability (FESS), que aborda el impacto de la aguda degradación de los recursos de Haití y la expulsión de su población hacia la parte oriental de la isla y sus frágiles ecosistemas, para tener idea aproximada del potencial de desestabilización y agudos conflictos a los que se enfrentaría toda la región.

En ese contexto de crisis, deseo advertirles a ustedes, como representante de una nación amiga y aliada, que constituiría una gravísima equivocación de los Estados Unidos, sí a partir de una campaña aviesa de desinformación y burdas mentiras, se sumase a los febriles esfuerzos realizados por algunos sectores de Haití y su diáspora, en estrechas alianzas con grupos de presión y legisladores norteamericanos, para desconocer o mediatizar la decisión legitima del Tribunal Constitucional dominicano.

Los que hemos dado seguimiento a esta controversia que dura más de veinte años, tenemos muy claro algunas cosas: deliberadamente se quiere confundir apátridia con casos de indocumentación o documentación irregular. También, que es incierto que la Constitución del 2010 haya establecido normas o criterios distintos a los vigentes desde 1929, sobre las formas de obtención de la nacionalidad por jus soli.

Lo que se quiere ocultar es que los gobernantes de Haití no quieren o no pueden cumplir con su obligación esencial de documentar a sus nacionales, y sobre todo, respetar el Acuerdo de Washington de 1938 y su Modus Operandi, que es el único instrumento internacional vigente entre ambos estados en relación a la materia tratada, asumiendo la postura irresponsable de quien cree que todo se le debe y que no tiene nada que perder.

Lo que se quiere silenciar es que el Congreso de la Republica Dominicana ordenó desde el año 2004 el plan de regularización de extranjeros, que vendría a beneficiar a la mayoría de aquellos que hoy se encuentran en situación de ilegalidad en el territorio nacional, pero que no ha podido ejecutarse, en gran modo, por las resistencias que oponen ciertos actores internos y externos, apoyados muy especialmente desde los Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado Dominicano y sus instituciones están consientes de su responsabilidades. Hay un grupo de personas, hijos de extranjeros en tránsito o en situación de ilegalidad, educados y formados en el país y sin vínculos mayores con el país de sus padres, que por fallas en el sistema de registro civil y sin falta de su parte, han sido documentados en forma indebida como dominicanos. Existe amplio acuerdo de que los mismos, dentro el plan de regularización migratoria, sean beneficiarios de una ley de naturalización especial que establezca procedimientos expeditos y de bajo costo. ¿Por qué se quiere bloquear esta opción de políticas públicas?¿Por qué seguir entorpeciendo un plan regularización migratoria, que además ayudaría a mejorar la seguridad nacional e internacional?

Señores legisladores, ¿es justo y moral defender el derecho de las personas desconociendo o aplastando el derecho de las naciones, en especial, cuando estas son vulnerables y dependientes? ¿De qué valen los acuerdos internacionales que determinan que la definición de la nacionalidad es competencia del dominio reservado de los Estados?

¿Es prudente, o siquiera racional, pretender resolver la crisis del estado fallido planteada por Haití a la comunidad internacional a expensas de su vecino insular? ¿No es una gran iniquidad, tratar de facilitar de este modo que las naciones que más pueden y deben auxiliar a un Haití digno de mejor destino, minimicen o evadan sus responsabilidades? ¿Acaso el fracaso en Haití es tan grande, que consideran que no hay nada que hacer? ¿Puede obviarse la peligrosísima influencia de los carteles de la droga, poniendo en jaque la seguridad insular y regional, a pesar de la presencia de fuerzas internacionales ?

¿Cómo calificar la tendencia a estigmatizar a la nación que más ha cooperado con la comunidad internacional en el manejo de la crisis haitiana, con campañas sistemáticas de descalificación, atribuyéndole todo tipo de violaciones de lesa humanidad?

Si en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo, algunos poderosos sienten que tienen una deuda histórica con Haití, opinión con la que muchos dominicanos estamos de acuerdo, es bueno que la salden de otra manera. Nunca a expensas de una nación abierta y acogedora, que ha sabida crecer integrando y amalgamando todas las migraciones, desde la migración judía cuando el mundo le cerraba la puertas hasta la haitiana, desde la originada en las islas del Caribe que nos circundan hasta las salidas del Lejano y Medio Oriente, desde las europeas en tiempos de los conflictos mundiales hasta las sudamericanas que huyen de la violencia criminal y los conflictos políticos.

Los que promueven esa acciones contra Republica Dominicana, insensatas y contraproducentes, contrarias a la historia y desconocedoras de las identidades culturales, no han reparado que de esa manera solo van a provocar situaciones conflictivas que afectaran aun más la seguridad de una región que ya está muy convulsionada, grávida de contradicciones, en la que el narcotráfico y el crimen organizado tiene una ominosa incidencia, con efectos disolventes.

Al concluir esta carta, quisiera evocar un luminoso episodio de la historia de nuestras dos naciones, que siempre ha marcado un contraste con las dolorosas intervenciones que hemos padecido, y que en gran medida fue el que me motivo a escribirles, con la esperanza de que frente al despropósito descomunal que quiere perpetrarse con la nación dominicana, surjan en su defensa, en el Congreso de los Estados Unidos, voces de justicia, razón y prudencia.

Me refiero a la extraordinaria lucha encabezada por el Senador Charles Summer, para frustrar en 1871 el artero proyecto de anexión del Presidente dominicano Buenaventura Báez y sus acólitos, qué contaba con el apoyo entusiasta del Presidente Ulises Grant. Aunque existen notables diferencias entre esa situación histórica del pasado y la antes descrita, la mayoría de los dominicanos amantes de la paz aspiramos a que, como sucedió en el pasado, puedan prevenirse en el presente y en el futuro situaciones de discordias que dañen la valiosa y amplia comunidad de intereses que hemos ido forjado a lo largo de la historia por los dictados de la geopolítica y la cordial y fluida amistad de nuestros pueblos.

http://www.fuerzanacionalprogresista.org/carta-abierta-al-congreso-estadounidense/