La hija del extinto senador norteamericano Robert Kennedy, señora Kerry Kennedy, realizó una visita a nuestro país en su condición de Directora del centro que lleva el nombre de su padre, con la finalidad de presionar a las autoridades dominicanas para que éstas asuman la responsabilidad de dotar de identidad civil, residencia y/o nacionalidad dominicana a cientos de miles de ilegales haitianos que se encuentran en nuestro territorio.
Dado el innegable poder político de la prestigiosa familia Kennedy en los Estados Unidos (especialmente dentro de la nueva administración demócrata), y a la luz de la preocupación externada por la señora Kennedy, he considerado oportuno hacerle una propuesta pública consistente en que su familia y el Centro que ella dirige asuman el compromiso de motorizar en Haití un proceso general de empadronamiento de la población haitiana, dotándola de un registro civil confiable que le permita el ejercicio del derecho humano más elemental con que puede contar un ciudadano en el mundo, que es el derecho a tener una identidad civil como base fundamental para el ejercicio pleno de otros muchos derechos fundamentales.
Estando Haití ocupada por una fuerza internacional (en la que Estados Unidos tiene un papel fundamental) no sería difícil, si hay voluntad política, que esa gran nación del Norte, con la ayuda de su brillante ex presidente Bill Clinton (nombrado Enviado Especial de la ONU para los problemas de Haití), inicie el proceso de la recolección de huellas dactilares que le permitan a los haitianos conocer con certeza, cómo se llaman, de quiénes son hijos, dónde y en qué fecha nacieron, datos imprescindibles para vivir en una sociedad organizada y que pueda considerarse un Estado-Nación.
En ese contexto resulta pues un gran abuso contra nuestro país, que siendo de conocimiento mundial la inexistencia de registro civil para la mayoría de la población de Haití, se venga a nuestro territorio a acusarnos y a exigirnos que asumamos la responsabilidad de dotar de identidad civil a los ciudadanos haitianos que llegan ilegal, y libremente, sin ninguna identidad a nuestro territorio por nuestra desprotegida frontera. En los hechos se le está reclamando al Estado dominicano que abra una gigantesca fábrica de identidades falsas, que no guardan relación alguna con el origen real de estos ciudadanos indocumentados, lo que vicia de antemano de nulidad absoluta cualquier plan de identificación y/o regularización que ejerzan nuestras autoridades, como el anunciado con bombos y platillos por el secretario de Interior y Policía Dr. Franklin Almeyda.
Cuando el dominicano, el mexicano o cualquier otro ilegal que cumple un proceso de regularización de su estatus en los Estados Unidos o cualquier Estado donde se encuentre, lo tiene que hacer necesariamente teniendo como base la identidad y datos personales que se le han asignado previa y oficialmente por el Estado del que proviene. Es con esos papeles que trabaja el Estado donde está el ilegal para otorgarle residencia, nacionalidad o cualquier estatus migratorio.
En el caso de la petición de la señora Kennedy, que vino acompañada de la ciudadana haitiana Solain Pie, que obtuvo irregularmente su identidad civil en nuestro país (hecho comprobado por informe de la Junta Central Electoral sobre su acta de nacimiento), se nos está pidiendo que emitamos documentaciones sin soporte del país de origen; por lo tanto se nos pide que aceptemos las identidades de los declarantes ilegales sin tener ningún documento fehaciente oficial que pruebe o corrobore esa declaración. En otras palabras, que los funcionarios públicos del Estado se conviertan en autores del crímenes de falsedad, al atribuir medalaganariamente y sin ningún sustento identidades civiles fabricadas al vapor.
Esa política, que representaría el inicio de la disolución del Estado Dominicano, nos llevaría necesariamente a la locura de decretar una amnistía que legalice y dé por buena y válida la obtención fraudulenta de cientos de miles de identidades compradas en las últimas décadas, con nombres y apellidos dominicanos, que han sido adquiridas por una buena parte de los ciudadanos haitianos ilegales que están en nuestro territorio, con la complicidad o indiferencia de nuestros principales partidos políticos, que en coyunturas distintas, han sacado provecho politiquero al denominado voto haitiano, determinante electoralmente en algunas zonas del país.
Si se quiere ayudar realmente al pobre pueblo haitiano; si se quiere dotar de ese derecho fundamental de tener identidad civil a tantos millones de seres humanos que ocupan la parte oeste de nuestra isla; el gobierno de los Estados Unidos, el ex presidente Bill Clinton y la familia Kennedy, tienen una excelente oportunidad de involucrarse e impulsar la construcción del registro civil de Haití, con lo cual se podría en corto plazo, no sólo documentar con identidades fehacientes a la población haitiana que está en su país, sino también a aquellos que hayan entrado ilegalmente en nuestro territorio por quienes injustamente se nos ha venido a reclamar. He ahí nuestra propuesta a la señora Kennedy.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=107146
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