La historia democrática post-Trujillo nos enseña que la prensa ha jugado un papel fundamental en la vida pública de nuestro país. Muchas de las conquistas alcanzadas por nuestro imperfecto sistema institucional, puede decirse, se han debido en gran modo a la labor de los periodistas que juegan el rol de informar, orientar y hacer conciencia en la sociedad donde les toca desenvolverse, sirviendo en muchos casos como verdaderos contrapesos de gobiernos autoritarios y corruptos.
Durante los 48 años después del ajusticiamiento del tirano, todos los ataques a los hombres de la prensa fueron perpetrados por sectores ligados al poder político, en muchos casos, encumbrados en los gobiernos de turno, en la Policía Nacional, en los servicios de seguridad y en nuestras Fuerzas Armadas.
Por primera vez en la historia, teniendo como escenario paralizaciones convocadas por autodenominadas “fuerzas populares” en la ciudad de Bonao la semana pasada, se produjeron hechos que deben de llamar poderosamente la atención de la sociedad dominicana, como son los ataques a tiros contra dos periodistas de esa ciudad, provenientes, no de agentes del cuerpo del orden, sino de los organizadores de estas movilizaciones de protestas.
Decimos que no puede verse con la pasmosa indiferencia que la mayoría de los ciudadanos han visto estos hechos, porque no se trata de casos fortuitos u ocasionales, originados en el fragor de las consignas y de las tradicionales pasiones políticas de los manifestantes, no; eso podía pensar cualquiera que no conociera las interioridades y los detalles de lo ocurrido, que apuntan a signos claros de premeditación, asechanza y alevosía que constituyen la figura jurídica del asesinato, en este caso, increíblemente ideado por “organizadores” o “dirigentes” de luchas populares.
Apelo al calificativo técnico de “asesinato” de periodistas, porque vi y escuché al distinguido periodista y amigo Luis Eduardo Lora -Huchi- dar el testimonio de que entrevistó a los periodistas heridos, uno de ellos muy cerca del corazón, y que ambos coincidieron en que antes de la protesta habían sido advertidos de que los organizadores de la misma tenían en lista a cinco periodistas locales (que generalmente andan con sus propias cámara de televisión al hombro), como blancos a ser eliminados a tiros.
Según el testimonio de Huchi Lora, recibido de ambos comunicadores, ellos estaban del lado de los miembros de la Policía Nacional, cuando desde los manifestantes se produjeron los disparos que milagrosamente no les causaron la muerte.
Estos hechos demuestran que en el país están actuando grupos armados, (verdaderos agentes del terror), capaces de derramar sangre inocente, con tal de lograr su propósito de echarle un tanque de gasolina a las naturales tensiones sociales y económicas por las que atraviesa nuestro país, producto de ancestrales insatisfacciones de comunidades y poblaciones sumergidas en extremas carencias de vida.
Nadie en su sano juicio puede negar que existen condiciones objetivas para la protesta, para las reivindicaciones de necesidades perentorias de la población. El arreglo de calles, de caminos vecinales, los apagones, el alto costo de la vida, la falta de agua de la mayoría de nuestros campos y ciudades, son demandas cuya legitimidad nadie puede discutir. Los paros y las huelgas ordenadas, sin violencia, son lo que puede denominarse verdaderos “derechos democráticos de desahogo” de masas populares insatisfechas.
Los hechos están demostrando, sin embargo, que a estos “dirigentes populares” no les interesa ese tipo de paro cívico, donde la población se exprese en orden y en paz. Les interesan los muertos que pone lamentablemente la juventud empobrecida de nuestros pueblos, que en algunos casos se dejan arrastrar y mal dirigir por pseudos líderes populares locales o regionales y a los que, en la mayoría de los casos, nadie recuerda a los pocos días de ser enterrados, como suele pasar con los muertos de las campañas electorales.
En esta oportunidad, evidentemente se quería pasar de los tradicionales muertos de estas huelgas, a estremecer Bonao y el país, con el asesinato de dos periodistas, creando incertidumbre, temor y desasosiego en toda la población dominicana y especialmente a aquellos periodistas reporteros de pueblo, que han tenido la “osadía” de retratar o filmar a los supuestos “líderes revolucionarios” encapuchados, como ha ocurrido recientemente en varias ocasiones.
La decisión de asesinar dos periodistas en Bonao, por su magnitud y envergadura y por lo insólito del hecho que, como hemos visto, no tiene precedentes, no pudo ser el designio de una alocada jefatura “política popular” local de la comunidad de Bonao. Por la importancia de lo que procuraba desencadenar, indica claramente que hay sectores que quieren producir una escalada de esas luchas, para lo cual necesitan hechos violentos que estremezcan al país y derramar sangre inocente, en este caso, incluyendo la de periodistas.
El país y la prensa deben exigir la identificación y castigo ejemplar de los responsables de estos ataques, sean quienes sean. Nadie puede escudarse en la legítima y bella lucha de procurar el bienestar de empobrecidas comunidades para esconder actitudes gansteriles, propias de verdaderos delincuentes y terroristas.
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