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El tráfico de personas en todas partes del mundo es delito criminal
El lunes 5 de enero recién pasado, varios centenares de ciudadanos haitianos indocumentados, aprovechando las facilidades del mercado de ventas de productos, pretendieron quedarse a vivir ilegalmente en el país. Dos días después fueron repatriados a su comarca de origen por tropas del Cuerpo de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) actuando a requerimiento de la Dirección General de Migración.
Los indocumentados haitianos, contando con el apoyo del sacerdote católico Regino Martínez, habían ocupado el templo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad fronteriza de Dajabón en demanda de que las autoridades dominicanas de emigración aceptaran que permanecieran en nuestro suelo. Como si la ilegalidad pudiera constituirse en fuente de derecho, alegaban que los potentados dominicanos les habían impedido su reingreso después que pasaron las fiestas navideñas en su país de origen. Es decir, esos sujetos se creían con derecho a residir ilegalmente en la República Dominicana y a entrar y salir de aquí como “perros por su casa”.
¿Cómo es que una persona sacerdote o lego, sin ser cónsul dominicano acreditado en Haití, ni autoridades de migración, se crea con derecho a procurar y a proceder a la entrega de permisos de permanencia en territorio dominicano a ilegales haitianos?
Nadie ignora que existen instituciones y personalidades de cierto renombre internacional interesadas en fusionar las dos repúblicas que comparten la geografía de La Española. Un paso adelante en ese sentido sería el desconocer de hecho la línea fronteriza que separa el territorio de la República Dominicana del vecino Haití.
Ciertos intelectuales, incluyendo algunos nacidos aquí, se dan a la tarea de proclamar a los cuatro vientos que las autoridades dominicanas les niega el derecho a niños haitianos de poseer una nacionalidad, pasando por alto el hecho de que todo individuo tiene derecho a una nacionalidad, pero no a la nacionalidad que desea o la que le conviene sino a la que tenga derecho. Nos explicamos: un niño dominicano tiene derecho a la nacionalidad dominicana no a la haitiana o viceversa: un niño haitiano tiene derecho a la nacionalidad haitiana, no la dominicana.
Hace unos meses, un diplomático dominicano acreditado en Puerto Príncipe, mostrándose antes las autoridades haitianas más simpático de la cuenta, hablaba de la necesidad de que la República Dominicana y la de Haití se fundieran en una federación. Ese funcionario no fue separado de su cargo; ni siquiera fue amonestado.
El tráfico de personas, aquí y en todas partes del mundo, es un delito criminal. Como también lo es el amparo y protección a delincuentes.
No es asunto de que puedan, es que las autoridades de migración están en el deber de someter a la acción de la Justicia a cualquier individuo, ensotanado o empantalonado, que se dedique a traficar con indocumentados.
¡Nadie está, ni deber de estar, por encima de la ley!
http://67.199.16.148/opiniones/2009/1/15/262968/Haitianos-indocumentados
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