Es evidente que a pesar de los desmentidos y los rechazos, en el ánimo de algunos congresistas prevalece la intención de aprovechar el proceso de reforma constitucional para extender el actual periodo congresual y municipal por dos años. Este absurdo, que viene fraguándose y susurrándose desde hace meses, ha generado mayor eco de opinión pública a partir de las advertencias de diferentes sectores políticos y sociales sobre la ilegalidad y la ilegitimidad que tendría una medida de esta naturaleza.
Y es que una extensión del actual periodo congresual y municipal violaría al menos tres artículos de la Constitución vigente. El artículo 2, que establece que la soberanía nacional corresponde al pueblo, del que derivan todos los poderes del Estado. El 99, que declara nulos e ineficaces todos los actos emanados de una autoridad usurpada. Y el 107, que dice: “El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de su elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente período constitucional”, y por lo tanto impide taxativamente la prórroga de cualquier periodo electivo.
Sin embargo, para evitar el riesgo de caer en un vacío institucional producto de un debate entre poderes públicos, es mejor evitar que la Suprema Corte de Justicia deba pronunciarse sobre tamaña barbaridad. De ahí lo conveniente de la advertencia de las cúpulas partidarias, que han fijado con claridad sus posiciones con relación al tema. Las instancias de dirección del PRD y del PLD han amenazado con la expulsión a los legisladores que se presten a votar o a propiciar semejante desaguisado, y aunque con una moral más cuestionada -la iniciativa partió de esa bancada- también lo han hecho legisladores y dirigentes del PRSC.
La última vez que se planteó y se acabo por cometer un dislate parecido, propiciado por los corifeos del Presidente Vázquez, aprovechando su enorme ego y su incipiente senilidad. Provocó una crisis política e institucional tan profunda, que los dominicanos buscaron la solución en las “manos firmes” del general Rafael Leonidas Trujillo Molina. A quien, 31 años después, debieron ajusticiar para acabar con el oprobio y el latrocinio de su régimen.
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