La salida de la mayoría de los miembros de la
anterior Suprema Corte de Justicia después de permanecer por más de 14
años al frente de la misma, obliga al análisis y la ponderación de sus
actuaciones al frente del Poder Judicial de la República Dominicana. Las
primeras preguntas que debe hacerse la sociedad dominicana es: ¿Qué
poder del estado dominicano les otorgó a esa Suprema Corte de Justicia
catorce años de mandato? ¿En cuál artículo de la Constitución de 1994 se
le otorgó al Magistrado Subero Isa y a los demás Magistrados nombrados
en 1997, la facultad de permanecer durante catorce años como cabeza del
Poder Judicial? ¿En qué Ley, en cual Acta del Consejo Nacional de la
Magistratura, que los designó, se les otorgó esa larga permanencia?
Cuando desapasionadamente hacemos un análisis de lo que ya forma parte de la historia judicial de este país, nos encontramos con la triste y penosa realidad, de que ese poder de catorce años (que intentó fallidamente ser vitalicio) se sustentó en un fallo pecaminoso mediante el cual la anterior Suprema Corte de Justicia se alzó con “el santo y la limosna”, revelándose contra el texto constitucional y los poderes públicos que la designaron para declarar olímpicamente que, en cuanto al término de su mandato, no le era aplicable ni la Constitución, ni mucho menos la posterior Ley de Carrera Judicial que fijaran límite de 75 años para el desempeño de los jueces. Conforme a toda la doctrina y jurisprudencia mundial es reconocido como un acto criminal de prevaricación todo fallo de un juez que implique juzgar la suerte o intereses de ellos mismos, por lo que la fuente de ese poder para mantenerse catorce años en los cargos, provino de un acto ilícito e ilegitimo, lo que fue denunciado de forma valiente y casi solitaria, por mi padre el doctor Marino Vinicio Castillo en el momento mismo en que se produjo esta barbaridad institucional con la que se instauró un poder vertical nunca visto desde la Suprema Corte de Justicia frente a todo el Poder Judicial dominicano.
Cuando este aberrante acto de prevaricación se produjo para perpetuar a la anterior Suprema Corte de Justicia de por vida, la cobardía, las complicidades y el temor a represalias en contra de las voces responsables que se levantaran ante tal atropello institucional, se hicieron presente.
Nadie quería echarse “la cuaba” de pelear con los jueces vitalicios, los que con complicidades asqueantes con la mal llamada representación de la sociedad civil y un buen presupuesto mediático, lograron con éxito adormecer a la opinión pública a los fines de que tolerara una barbaridad que ni Rafael Leónidas Trujillo Molina se atrevió nunca a declarar, como fue la locura de declararse vitalicio en un cargo público.
Esas pretensiones de concentrar poder de por vida del Magistrado Subero Isa y los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia sólo pudo ser contrapesado o frenado por una reforma constitucional, que por fin, abrió las puertas para que se corrigiera esta intolerable violación a la Constitución y a las Leyes, cuando se incluyó el retiro obligatorio a los 75 años, el término de siete años y la evaluación para ratificación o no de los miembros de la anterior Suprema Corte de Justicia.
La sed de poder por permanecer aferrado a los cargos fue tan grande, que a base de cabildeo y de padrinazgos reprochables, estuvo a punto de pasar desapercibido, cuando se discutía el nuevo texto constitucional, en el que se dejaba deliberadamente sin previsión constitucional el estado en que quedarían aquellos jueces que no salieran por edad de retiro, lo que le hubiera permitido automáticamente a los demás quedarse siete años más en dichos cargos, ya legitimados por la nueva Constitución. Fueron unos previsores ojos que al revisar el texto aprobado por los legisladores constituyentes 48 horas antes de la votación final, se dieron cuenta del sutil pero poderoso intento continuista sin examen ni evaluaciones.
La mano de Dios, sin embargo, operó a tiempo para que se insertara un artículo transitorio que obligara a los miembros de la anterior Suprema Corte de Justicia a someterse al escrutinio soberano del Consejo Nacional de la Magistratura para su ratificación o no por siete años adicionales, derecho soberano que ejerció el CNM y que a nuestro juicio no puede jamás ser cortapisado ni menoscabado por Ley o Reglamento alguno que le sea contrario.
Lo cierto es, que el poder vitalicio y usurpado ha concluido con la triste actuación del Magistrado Jorge Subero Isa, a quien al parecer nunca le pasó por la mente que como todo servidor público le podía llegar el momento de dejar el cargo y rendir cuentas ante sus sucesores y el país. El no asistir a la juramentación de la nueva Suprema Corte de Justicia ni a su toma de posesión es una muestra clara de una actitud de disgusto y rebeldía con las nuevas autoridades judiciales, que evidentemente pueden apuntar a que existirá una línea con dirección política, para entorpecer las delicadas funciones de estas.
Circulan versiones de que la autoridad judicial saliente con vínculos directos con el PPH, ha dejado enclaves en el Consejo del Poder Judicial para impedir que el estado de impunidad judicial que ha disfrutado el narcotráfico y el crimen organizado en el país, no pueda ser revertido examinando las conductas de jueces corruptos que han ejecutado festivales de fallos venales y complacientes tal y como lo pidiera el jefe de la iglesia católica Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez.
La sociedad dominicana que atraviesa por un estado de indefensión judicial nunca vista, frente al crimen, espera de la nueva Suprema Corte de Justicia la responsabilidad y la energía necesarias para revertir ese estado de cosas sin que jamás ello implique el desconocimiento o menosprecio de los valores y derechos fundamentales consagrados en la nueva Constitución de la República.
http://listindiario.com/puntos-de-vista/2012/1/2/216659/print
Cuando desapasionadamente hacemos un análisis de lo que ya forma parte de la historia judicial de este país, nos encontramos con la triste y penosa realidad, de que ese poder de catorce años (que intentó fallidamente ser vitalicio) se sustentó en un fallo pecaminoso mediante el cual la anterior Suprema Corte de Justicia se alzó con “el santo y la limosna”, revelándose contra el texto constitucional y los poderes públicos que la designaron para declarar olímpicamente que, en cuanto al término de su mandato, no le era aplicable ni la Constitución, ni mucho menos la posterior Ley de Carrera Judicial que fijaran límite de 75 años para el desempeño de los jueces. Conforme a toda la doctrina y jurisprudencia mundial es reconocido como un acto criminal de prevaricación todo fallo de un juez que implique juzgar la suerte o intereses de ellos mismos, por lo que la fuente de ese poder para mantenerse catorce años en los cargos, provino de un acto ilícito e ilegitimo, lo que fue denunciado de forma valiente y casi solitaria, por mi padre el doctor Marino Vinicio Castillo en el momento mismo en que se produjo esta barbaridad institucional con la que se instauró un poder vertical nunca visto desde la Suprema Corte de Justicia frente a todo el Poder Judicial dominicano.
Cuando este aberrante acto de prevaricación se produjo para perpetuar a la anterior Suprema Corte de Justicia de por vida, la cobardía, las complicidades y el temor a represalias en contra de las voces responsables que se levantaran ante tal atropello institucional, se hicieron presente.
Nadie quería echarse “la cuaba” de pelear con los jueces vitalicios, los que con complicidades asqueantes con la mal llamada representación de la sociedad civil y un buen presupuesto mediático, lograron con éxito adormecer a la opinión pública a los fines de que tolerara una barbaridad que ni Rafael Leónidas Trujillo Molina se atrevió nunca a declarar, como fue la locura de declararse vitalicio en un cargo público.
Esas pretensiones de concentrar poder de por vida del Magistrado Subero Isa y los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia sólo pudo ser contrapesado o frenado por una reforma constitucional, que por fin, abrió las puertas para que se corrigiera esta intolerable violación a la Constitución y a las Leyes, cuando se incluyó el retiro obligatorio a los 75 años, el término de siete años y la evaluación para ratificación o no de los miembros de la anterior Suprema Corte de Justicia.
La sed de poder por permanecer aferrado a los cargos fue tan grande, que a base de cabildeo y de padrinazgos reprochables, estuvo a punto de pasar desapercibido, cuando se discutía el nuevo texto constitucional, en el que se dejaba deliberadamente sin previsión constitucional el estado en que quedarían aquellos jueces que no salieran por edad de retiro, lo que le hubiera permitido automáticamente a los demás quedarse siete años más en dichos cargos, ya legitimados por la nueva Constitución. Fueron unos previsores ojos que al revisar el texto aprobado por los legisladores constituyentes 48 horas antes de la votación final, se dieron cuenta del sutil pero poderoso intento continuista sin examen ni evaluaciones.
La mano de Dios, sin embargo, operó a tiempo para que se insertara un artículo transitorio que obligara a los miembros de la anterior Suprema Corte de Justicia a someterse al escrutinio soberano del Consejo Nacional de la Magistratura para su ratificación o no por siete años adicionales, derecho soberano que ejerció el CNM y que a nuestro juicio no puede jamás ser cortapisado ni menoscabado por Ley o Reglamento alguno que le sea contrario.
Lo cierto es, que el poder vitalicio y usurpado ha concluido con la triste actuación del Magistrado Jorge Subero Isa, a quien al parecer nunca le pasó por la mente que como todo servidor público le podía llegar el momento de dejar el cargo y rendir cuentas ante sus sucesores y el país. El no asistir a la juramentación de la nueva Suprema Corte de Justicia ni a su toma de posesión es una muestra clara de una actitud de disgusto y rebeldía con las nuevas autoridades judiciales, que evidentemente pueden apuntar a que existirá una línea con dirección política, para entorpecer las delicadas funciones de estas.
Circulan versiones de que la autoridad judicial saliente con vínculos directos con el PPH, ha dejado enclaves en el Consejo del Poder Judicial para impedir que el estado de impunidad judicial que ha disfrutado el narcotráfico y el crimen organizado en el país, no pueda ser revertido examinando las conductas de jueces corruptos que han ejecutado festivales de fallos venales y complacientes tal y como lo pidiera el jefe de la iglesia católica Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez.
La sociedad dominicana que atraviesa por un estado de indefensión judicial nunca vista, frente al crimen, espera de la nueva Suprema Corte de Justicia la responsabilidad y la energía necesarias para revertir ese estado de cosas sin que jamás ello implique el desconocimiento o menosprecio de los valores y derechos fundamentales consagrados en la nueva Constitución de la República.
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