Los alcances del Decreto No.486-12 del 21 de
agosto de 2012, que crea la DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD
GUBERNAMENTAL (DIGEIG), son magníficos. Sus previsiones, muy
abarcantes, son cuidadosas en cuanto a no otorgar la posibilidad de que
la Dirección pueda tener actividades similares a las del Ministerio
Público. El DPCA sigue siendo el organismo encargado de preparar todo
lo relativo a las acusaciones eventuales.
Ahora bien, lo que
ordena a la DIGEIG es investigar y averiguar en el seno del Estado, a
las dependencias y sus funcionarios, en relación a cuestiones propuestas
por denuncias, señalamientos, que puedan provenir desde la sociedad y
entiendo que si Participación Ciudadana, que afirma representar a la
sociedad civil, se detiene a leer el Decreto, verá que el mismo manda y
ordena el establecimiento de relaciones contínuas y fluídas con las
organizaciones y entidades de la sociedad civil, entre los cuales ellos
afirman ser cabeza.
Sostener que la antigua Comisión Nacional de
Etica y Combate a la Corrupción (CNECC) no desempeñó ningún papel, ni
tuvo frutos su accionar, es una revelación penosa de prejuicio y de
ignorancia deliberada, quizás inspirada en pasiones e intereses
especiales cuya identificación no está a la vista todavía.
El
IPAC, es decir la Iniciativa Participativa Anticorrupción, fue la
demostración más vigorosa y ostensible de la eficacia de cuanto pudo
hacer la autoridad del gobierno anterior en la lucha contra la
corrupción. Durante un año y en trabajos incesantes los organismos
internacionales encargados de velar por el fiel cumplimiento de las
disposiciones, tanto de la Convención de Naciones Unidas contra la
Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la
culminación de aquella experiencia, admitieron y afirmaron que se
habían producidos procesos relevantes, aunque quedaron pendientes
recomendaciones que están en curso, cuya realización se podrá hacer
ahora con mayor celeridad desde la DIGEIG.
El IPAC está sometido
como proyecto de ley para que funcione como mecanismo permanente y el
Decreto de creación de la DIGEIG, entre las 42 atribuciones que le
confiere, figura la de trabajar en todo lo que se refiere al impulso del
Mecanismo de IPAC.
Esto significa que el control social
horizontal de las prácticas de gestión pública va a estar alojado de
forma permanente, y esto quizás preocupe o resulte una contrariedad para
organizaciones de la sociedad civil, que han sido hegemónicas y
primordiales en la denuncia, pero que parecen no entusiasmarse en la
fase de averiguación y precisión puntual de la realidad de lo
denunciado.
En realidad esto es una lucha de todos; aquí no hay
protagonismo ni nichos esenciales. El aporte que pueda hacer cada quien
en un esfuerzo para liberar al país del azote de las prácticas de
corrupción, es el mismo que se está reclamando a escala mundial,
incluso, en las propias naciones de alto desarrollo, donde las muestras
de escándalos han venido a resultar incesantes.
Nosotros, desde la
Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
tendremos las puertas abiertas y uno de los componentes de las
atribuciones del organismo que más nos ha atraído la atención es el
relativo a la cuestión de utilizar los Institutos de Auditoría
existentes en el plano profesional y académico, a fin de que nuestras
averiguaciones, cuando sean necesarias, estén avaladas y sustentadas en
la seguridad técnica que ello implica.
Afirmar que la CNECC no
hizo nada, horas después de que la USAID, al vencerse el plazo del
programa de lucha por la transparencia que desde el año 2009 vino
auspiciando en el país en el seno de dispositivos y dependencias tan
sensitivos como Cámara de Cuentas, Compra y Contrataciones, Procuraduría
General de la República, y otras de no menor importancia, afirmar que
no se ha hecho nada, repito, es una insensatez prejuiciosa.
Es
más, tuve por el agrado de recibir entre los premios y reconocimientos
que la USAID hiciera a esas dependencias, el que le fuera otorgado a la
Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) como prueba
de reconocimiento de la eficacia de su solidaridad en las tareas
llevadas a cabo con tanto éxito, para elevar los niveles de
transparencia y contribuir a la organización de todo lo relativo a
Rendición de Cuentas, Acceso a la Información y otras exigencias
contenidas en las Convenciones internacionales señaladas.
Ellas,
son leyes nacionales que tienen previsiones magníficas, aunque no han
sido exploradas, ni tocadas, como las relacionadas con la actividad de
los sectores privados; y que, desde la DIGEIG, de seguro recibirán,
como aspecto fundamental de la lucha, la atención debida en los términos
de moderación y discreción con que el Decreto No.486-12 inviste a la
Dirección General para el cumplimiento de sus deberes.
EL AUTOR ES DIRECTOR
GENERAL DIGEIG
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2012/8/26/244944/Alcance-del-Decreto-No-486-12
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