El magistrado que canceló la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por ordenar la libertad por vía de garantía económica de un acusado de asesinato múltiple había sido contratado mediante una iguala de tres semanas en el juzgado de paz de Yamasá.
Raúl Rosario Hernández fue requerido para que fungiera de juez interino durante el período del 21 de abril al 14 de mayo, según consta en el auto 025-2010 de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
A la semana de ocupar ese papel de igualado, el doctor Rosario Hernández fue llamado a desempeñar la función de juez titular del Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, donde produjo la polémica sentencia.
Puede decirse que la contratación de un abogado para que haga las veces de juez por tres semanas constituye un suceso irregular, escandaloso, inaudito o estrambótico.
Se creía que los jueces de todas las instancias eran escogidos en concursos de oposición entre egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura, pero ahora se sabe que se contratan magistrados igualados o a destajo en los pasillos judiciales.
A pesar de las “olas de reformas y modernización de la justicia” y de la creación de un rimbombante Tribunal de Garantías Constitucionales, juzgados de paz y tribunales de primera instancia operan con jueces igualados o contratados para la ocasión.
El magistrado Rosario Hernández ha ofrecido su versión en torno a su decisión de fijar medidas de coerción al prevenido Raúl Reynoso Mota (Vantroi) consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el fiscal. Antes de llevar a la hoguera a ese juez, la sociedad debería reclamar de la Suprema Corte de Justicia una clara explicación sobre las contrataciones de magistrados por iguala, situación inaudita que acerca el ordenamiento jurídico nacional al Macondo de Cien Años de Soledad.
No se hable de justicia en una nación donde se nombran jueces a destajo como si el Poder Judicial fuera una zapatería.
Raúl Rosario Hernández fue requerido para que fungiera de juez interino durante el período del 21 de abril al 14 de mayo, según consta en el auto 025-2010 de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
A la semana de ocupar ese papel de igualado, el doctor Rosario Hernández fue llamado a desempeñar la función de juez titular del Juzgado de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, donde produjo la polémica sentencia.
Puede decirse que la contratación de un abogado para que haga las veces de juez por tres semanas constituye un suceso irregular, escandaloso, inaudito o estrambótico.
Se creía que los jueces de todas las instancias eran escogidos en concursos de oposición entre egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura, pero ahora se sabe que se contratan magistrados igualados o a destajo en los pasillos judiciales.
A pesar de las “olas de reformas y modernización de la justicia” y de la creación de un rimbombante Tribunal de Garantías Constitucionales, juzgados de paz y tribunales de primera instancia operan con jueces igualados o contratados para la ocasión.
El magistrado Rosario Hernández ha ofrecido su versión en torno a su decisión de fijar medidas de coerción al prevenido Raúl Reynoso Mota (Vantroi) consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el fiscal. Antes de llevar a la hoguera a ese juez, la sociedad debería reclamar de la Suprema Corte de Justicia una clara explicación sobre las contrataciones de magistrados por iguala, situación inaudita que acerca el ordenamiento jurídico nacional al Macondo de Cien Años de Soledad.
No se hable de justicia en una nación donde se nombran jueces a destajo como si el Poder Judicial fuera una zapatería.
http://www.elnacional.com.do/editorial/2010/4/29/46950/Jueces-a-destajo
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