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Escuché en estos días a un influyente comunicador reclamar que se retome la tesis, antes expuesta por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de que en República Dominicana impera un narcoestado y como sustento a su pedido expuso los casos descubiertos de policías y militares implicados con el narcotráfico en Santo Domingo, Baní, Bonao y Puerto Plata.
El servidor Wikipedia define narcoestado “al conjunto de instituciones políticas que constituyen un Estado influenciadas por el narcotráfico, cuyos actores fungen simultáneamente como funcionarios gubernamentales y traficantes de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”. Visto así, ese periodista tendría razón al proclamar que “hoy como nunca” el país padece de un narcoestado.A partir del mismo escenario expuesto por tan influyente comunicador, los casos de Baní, Bonao y Puerto Plata sirven como mejores ejemplos para refutar el criterio expuesto por el periodista de referencia, toda vez que los militares que participaron en la ejecución de siete extranjeros en la comunidad de Paya, fueron identificados, apresados y sometidos a la Justicia.
Los 49 policías y tres militares, incluidos oficiales superiores y subalternos, vinculados la comisión de infracciones conexos con los narcotráficantes fueron identificados, apresados, destituidos y sometidos a la Justicia, lo que indica que en todos los casos prevalece en las instituciones a cargo de la persecución penal del tráfico de drogas, una firme voluntad de combate a ese crimen de lesa humanidad.
El auge del narcotráfico aquí es motivado principalmente por el hecho de que el territorio de la isla Hispaniola presenta condiciones geopolíticas que lo acreditan como vía de paso optima y esencial de toneladas de cocaína desde Suramérica hacia el más grande mercado consumidor de estupefacientes, que sin dudas lo es Estados Unidos.
Es obvio que una industria criminal, que sólo en México moviliza 25 mil millones de dólares al año, ha de acumular en República Dominicana y Haití considerables niveles de influencia y penetración en instituciones del Estado y de la sociedad civil, pero es injusto pretender afirmar que cárteles de drogas controlan a las Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio Público, Justicia o Gobierno.
En vez de desmeritar o restar autoestima a los órganos públicos a cargo del combate al narco, la prensa debería saludar que todo militar, policía, juez o fiscal involucrado con esa actividad criminal ha sido traducido a los tribunales penales. Es verdad que aquí la droga se vende como pan caliente, igual que en estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Afganistán, sin pretender aplicar el dicho aquel de que a mal de muchos, consuelo de tontos.
Narcoestado hubo hace años en Colombia, cuando los cárteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle, controlaban casi de manera absoluta los resortes del poder político, incluida la capacidad de influir en la escogencia del presidente de la República.
El narcotráfico con su secuela de crímenes conexos representa el más terrible peligro para la supervivencia de las instituciones jurídico política y para la sociedad toda, por lo que resulta una necedad que se intente tomar provecho político de una situación que requiere para su combate y control del concurso de todos los actores sociales.
Al amigo periodista que ha retomado el tema del narcoestado, me permito señalarle que ese estadio no se ha reproducido aquí ni aun en tiempos cuando los capos en persona ostentaban rangos militares y policiales o cuando los hangares y pistas castrenses estaban a sus servicio. No se niega, sin embargo, que el problema es serio, muy serio.
En el Gobierno y en los mandos militares hay voluntad suficiente para impedir que el narcotráfico intente convertir a República Dominicana en otra Guinea Bissau, el enclave que sirve hoy de paso a toneladas de drogas desde Suramérica a Europa, donde los narcos controlan a los ministerios, ejército y policía.
Al periodista que cree en la existencia aquí de un narcoestado, bueno es remitirlo a los señalamientos de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que ha felicitado a las autoridades nacionales por su firme combate al narcotráfico. Al menos así lo transmitió el jefe de esa oficina para el área del Caribe
No es justo, pues, intentar sacar burdo provecho político sobre la base de una denuncia o acusación carente de sustento, temeraria, que sólo procura restar mérito al trabajo que realizan los mandos militares y policiales contra el creciente narcotráfico.
(orion_mejía@hotmail.com)
http://www.almomento.net/news/135/ARTICLE/28924/2009-03-14.html
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