“Regularización” de ilegales haitianos

Vinicio A. Castillo Semán - 6/29/2009


Nuestro amigo, el secretario de Interior y Policía Franklin Almeyda Rancier, después de tener paralizada por más de cuatro años la nueva Ley de Migración por falta de reglamento, ha dado a conocer al país el denominado “Plan de Regularización de los Extranjeros Indocumentados Radicados en el País”, elaborado por él y su equipo para enfrentar el grave problema inmigratorio que representa para República Dominicana la presencia de más de un millón de ilegales haitianos.

El primer gran defecto de la iniciativa del secretario de Interior y Policía (por quien en lo personal tenemos respeto y afecto), es en el carácter excluyente que se ha tenido para la elaboración de un reglamento que encierra una política tan crucial para la suerte de los dominicanos y que debió de ser objeto de una profunda y prolongada discusión democrática en la que se tomaran en cuenta ideas y concepciones de sectores importantes de la sociedad, que no comparten la visión del Dr. Almeyda Rancier sobre esta problemática.

La primera y más lógica pregunta que tenemos que hacernos es si existe o no en la Secretaría de Estado de Interior y Policía voluntad política de repatriar algún ilegal haitiano residente en el país, o si por el contrario, lo que se procura es un plan de regularización general que consolide la residencia de éstos en nuestro territorio, como paso previo a otorgarles la nacionalidad dominicana, tal y como aspiran y presionan sectores importantes en los Estados Unidos y organismos internacionales.

La realidad es clara. El plan de regularización propuesto por el Dr.
Franklin Almeyda abre el camino legal para que nuestro país asuma como un hecho inexorable e inevitable la consolidación de la residencia de más del millón de haitianos ilegales en República Dominicana, para lo cual se quiere establecer una dosificación escalonada de estatus legal, que desembocaría necesariamente en la obtención de la residencia y posterior nacionalidad dominicana, en momentos en que la frontera con Haití sigue abierta de par en par.

No se trata de un plan de regularización que contempla darle residencia y estatus legal a los que tengan determinados años en el país, y a los que no los tengan mandarlos para su patria nativa, como se hace en otras sociedades del mundo; no, de lo que se trata es dejarlos a todos aquí, con gradaciones y categorizaciones jurídicas distintas, que al fin y al cabo y para los fines perniciosos en contra de nuestro país, representa lo mismo.

Tal y como decía nuestro canciller Carlos Morales Troncoso en la clausura del cónclave internacional preparado por el mismo Secretario de Interior, ese plan de regularización no resuelve ningún problema y envía un mensaje claro a los haitianos que pueden ingresar ilegalmente al país con el norte claro de que estatus será regularizado por nuestras autoridades.

Nuestro amigo el Dr. Almeyda plantea la regularización de los indocumentados y yo con todo respeto le pregunto: ¿Y qué identidad le vamos a dar a esos cientos de miles de haitianos ilegales? ¿Cuáles nombres, cuáles apellidos nos vamos a inventar?

¿Quién la ha dicho a la Secretaría de Interior y Policía cuando inicie su trabajo de “regularización”, que tiene facultad legal para asignarle medalaganariamente nombres y apellidos que no corresponden a una identidad previamente establecida por el Estado haitiano, problema que atinadamente le advirtió el presidente de la Junta Central Electoral, Dr.
Julio César Castaños Guzmán? Lo que se está pretendiendo en realidad con el plan de regularización, no solo es que legalicemos al vapor la presencia de cientos de miles de haitianos ilegales, sino que suplamos la carencia de identidad civil en Haití, asumiendo el Estado dominicano la responsabilidad grave de inventarse, junto a los interesados, identidades irreales.

Igualmente, se le dice al país desde la Secretaría de Interior y Policía que la residencia definitiva o temporal se dará en función de los años que demuestren los ilegales tener en el país, diferenciación que carece de objeto si todos saben de antemano que ninguno de ellos será repatriado, y en el caso que así fuera, ¿qué idoneidad probatoria tendrá un proceso administrativo hecho por funcionarios públicos (generalmente ligados a la política), para determinar la cantidad de años que un ilegal haitiano tenga o no tenga en el país?

La Fuerza Nacional Progresista (FNP), que suscribió en 1993 con el PLD presidido por Juan Bosch una alianza para defender esta nación, sin importar los ataques que reciba por ello, cumplirá con su compromiso de luchar por todos los medios legales a su alcance para que este plan esbozado en el Reglamento de la enchivada Ley de Migración, no sea acogido finalmente por el Poder Ejecutivo.

Lo mismo hará la FNP si el Ejecutivo comete el error histórico de acoger como buena y válida la propuesta de Interior y Policía, todo bajo el convencimiento de que ésta representa una grave estocada a la soberanía nacional, apreciación que a nuestro juicio comparte la mayoría del pueblo dominicano y las bases sociales del propio Partido de la Liberación Dominicana y de los partidos integrantes del Bloque Progresista.

http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=106328