Pelegrín Castillo.
El diputado por el Distrito Nacional explicó que la acción débil o ambivalente del Estado en áreas críticas de seguridad nacional, puede tener efectos funestos cuando la República está sometida a serios desafíos externos como el colapso del estado vecino de Haití o la agresiva penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la región del Caribe.
“Se contrataron bienes y equipos con créditos extranjeros, que llegaron hace meses al país, y no se están empleando para reforzar la capacidad operativa del CESFRONT. Y tampoco se han preparado las dos bases de operaciones que se planificaron para garantizar un mejor despliegue de ese cuerpo. El CESFRONT debe ser como unidad militar, de más prioridad que la Guardia Presidencial y el Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República “, enfatizó Castillo.
En otro orden, Pelegrín Castillo advirtió que la política de control efectivo sobre los espacios aéreos y marítimos para restringir el ingreso de drogas, criminales y terroristas, puede verse comprometida sino se ejecutan los planes de instalación de radares que fueron contratados con licitación internacional a empresas estatales israelíes, los que en la actualidad se encuentran detenidos.
“La caída, y virtual eliminación de las trazas de vuelos ilícitos en el espacio aéreo es un logro importante, pero no es suficiente. Incluso, puede perderse si no se completan los planes de seguridad nacional, pues la droga sigue fluyendo por mar y tierra, por puertos y aeropuertos. Aunque debemos agradecer la cooperación internacional que presta Colombia y Estados Unidos, lo saludable y conveniente es que República Dominicana tenga su propio sistema de radares militares“, indicó Castillo.
El candidato presidencial de la FNP cuestionó la tendencia histórica a adquirir equipos y tecnología en materia de seguridad y defensa, que luego no son usados o resultan inapropiados, como fue el caso del proyecto MARCONI para comunicaciones militares y policiales, que a pesar de haberle costado a la República 48 millones de euros, ha sido virtualmente inoperante sin que se haya explicado las razones.
Finalmente, Pelegrín Castillo censuró la propuesta de recortar recursos a la lucha antidroga que encabeza el General Rosado Mateo: “esa pretensión del proyecto que impulsa la Procuraduría General de la República es inaceptable. La Procuraduría con las mejores intenciones está ampliando su radio de operaciones, pero lamentablemente no ha sido capaz de controlar lo más elemental, que son las llamadas de celulares desde las cárceles de la República”.
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