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Se aprobaron las modificaciones presentadas por Henry Merán, para sustituir la proposición que establece que todas las leyes reconocen la Dirección General de Prisiones.
El titular de la Cámara Baja, Abel Martínez, resaltó que hoy concluye una de las discusiones más importante del hemiciclo, que decidió modificar los códigos del país.
Consideró que “las leyes sancionadora de los delitos y crímenes deben ir a la par o más rápido que los hechos, y duele ver a los autores de hechos flagrantes como se pasean en libertad por las calles”.
Resaltó que el Congreso Nacional se ha preocupado por imponer sanciones ejemplarizadoras, para que los jueces y demás autoridades no tengan excusa para poner en libertad a delincuentes y criminales.
Reconoció que el crimen y el delito deben prevenirse, “pero hay que sancionarlo drásticamente, lo que el Congreso no va a delegar en nadie, porque ese poder se lo otorgó el pueblo y la Constitución”.
La modificación del artículo 15 establece un plazo de cinco días para que el juez intime al superior inmediato del Ministerio Público actuante antes de declarar extinta la acción penal, y amplía a quince días el plazo para que la víctima formule su requerimiento.
Asimismo establece la responsabilidad civil del Ministerio Público por mal desempeño de sus funciones.
Otro punto luminoso se contempla en el artículo 179 que autoriza al juez conceder el registro de lugares en horas de la noche en caso de narcotráfico, secuestro o terrorismo.
Además en el 180 se retira la facultad a la Policía Nacional de solicitar orden de allanamientos para el registro de recintos privados en ausencia del Ministerio Público o de urgencia.
El artículo 241 amplia a 24 meses la prevención preventiva, y el 370 permitirá aumentar en los casos complejos de 18 a 36 meses.
Se incluyó también el traslado de la acción pública a instancia privada; la invasión y ocupación de propiedad, la falsedad de cheques, que se contemplaba en el artículo 31, y eleva a tres años el máximo de la pena imponible de privación de libertad como el porte y tenencia ilegal de armas de fuego o violación a la ley de drogas.
Otros artículos modificados fueron los 38 y 40 que prohíben la solicitud de la suspensión condicional de la pena en materia de violencia intrafamiliar, aunque la pena no exceda el límite establecido en el CPP; y establece que la conciliación en materia de violencia intrafamiliar solo se procurará si no está en peligro la integridad física o psíquica de la víctima.
El nuevo CPP contemplará en el artículo 72 que los jueces de primera instancia podrán conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cinco años.
En tanto, el artículo 188 impone un plazo de 48 horas al Ministerio Público para comunicar al juez sobre el secuestro de objetos en ocasión de un registro o delito flagrante, y el 224 amplía los presupuestos para el arresto y homologa el plazo para la detención en cuarenta y ocho horas.
Debates
Carlos Gabriel García, del PRD citó varios tipos de violencias que se han dado en el seno de la sociedad, y resaltó la labor de sus colegas diputados que participaron en las modificaciones de los Códigos.
Radhamés Fortuna, del PLD pidió, luego de explicar que artículo 31, numeral 4, que califica el robo sin violencia y sin arma, fueran criminalizada y perseguido por la acción pública, porque el robo de tapas cloacales o filtrantes pone en peligro a la vida de los no videntes, Igual posición planteó para el hurto de vehículos.
La propuesta de modificación al artículo 170 numeral 2 del informe, sobre el plazo preventivo para que se excediera de 18 meses, pero que en caso de recaída o condena del imputado se prolongara a otros seis meses, fueron rechazadas por el pleno.
Marino Collante, del PRSC por Santiago, resaltó que los diputados no tienen compromisos con los crímenes ni con los delincuentes, sino con la paz social, agregando que la gran mayoría de la población favorece la modificación del CPP.
“No vamos a permitir que la delincuencia se trague esta sociedad, y deseo que las penas sean mucho más duras. Que se vayan al carajo esos teóricos profesionales del derecho, que critican al Congreso porque reformamos el Código para imponer sanciones más drásticas en el Código Procesal”.
Nelson Arroyo, señaló que el CPP que se modifica fue una respuesta a “tránquelo” de la Policía en épocas pasadas. “Este Código que vamos a reformar tuvo su punto luminoso.
Pelegrín Castillo, expresó que en los casos penales no prescribirán a los diez años, sino que se mantendrá la acción pública.
Abogó porque una comisión crea un sistema de información que abarque desde la fase policial hasta la justicia. Solicitó que se extienda el conocimiento de la segunda lectura del CPP para escuchar a otros sectores y personalidades para mejorar la pieza.
Henry Merán, de la Comisión de Justicia rechazó que el Código viole la Constitución, situación que fue contactada por Comisión de Reforma de la Justicia y la comisión que estudió el CPP.
“Esta reforma se constituirá en la primera auténticamente dominicana, y llamó al Senado aprobar de urgencia el CPP, que establece que los casos de corrupción no prescribirán, y se mantendrá la acción pública”, puntualizó.
Víctor Gómez Casanova dijo que la modificación de 75 artículos del CPP debe ser defendida por todos los diputados, y exhortó a sus colegas a no dejarse chantajear ni amedrentar de sectores de la judicatura, del Ministerio Público y de otros que aprovechan cierta brechas que le brinda el CPP.
“El Código Procesal está en el otro extremo, en que se dejó en el pasado el tránquelo y ha sido sustituido por atráquenlo, asesínenlo y váyanse en libertad los delincuentes, expuso.
José Paliza, del PRD por Puerto Plata, dijo que la modificación del CPP no cambiará la situación de criminalidad que afecta el país, ni las penas duras conllevarán a reducir la delincuencia. En esta posición se identificó el vice vocero del PRD, José Tejada.
Ramón Rogelio Genao, vocero del PRSC, dijo que llegó el momento de adecuar el CPP que garantiza el derecho de los ciudadanos. “Hoy por hoy la inseguridad ciudadana derivada de la delincuencia se ha convertido en el primer problema del país, por encima de los males económico y social”.
Víctor Suárez, del PLD subrayó que “este proyecto de CPP que irá al Senado debe convertirse en ley urgente como un gran aporte para beneficiar a la sociedad. Manifestó que los grandes arquitectos de esta normativa le lleva por mucho al Código de Procedimiento Criminal francés, y al CPP vigente”.
C: AMR
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