Identificación de los corruptos

Vinicio A. Castillo Semán
viniciocastilloseman@gmail.com

El candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, ha prometido públicamente identificar funcionarios del actual gobierno supuestamente comprometidos con actos de corrupción, con lo que se debe abrir un debate interesante de dónde están los corruptos y los apañadores del narcotráfico de este país.

Entiendo que si Hipólito Mejía tiene pruebas que comprometan a funcionarios públicos en corrupción, lo que debe es apoderar formalmente al ministerio público de denuncia o querella formal contra los acusados por él y revelar a la opinión pública las evidencias que dice poseer. Lo anterior sería lo procedente, si se tratara realmente de un esfuerzo serio y no de un artificio politiquero y de pacotilla para engañar al electorado, que no va a aceptar jamás que el PPH pueda en este país enarbolar con seriedad lucha alguna contra la corrupción administrativa.

Lo que ocurre, como dice el pueblo, es que “el papel lo aguanta todo”. Bastaría para responderle a Hipólito Mejía hacerle la misma pregunta que le hizo la activista de Participación Ciudadana, cuando el candidato perredeísta acudió a un conversatorio en esa entidad: “¿Cómo se atreve usted a hablar de corrupción andando en estos cónclaves acompañado de personas que se han visto envueltas en graves actos de corrupción, incluso condenados de forma irrevocable por el Plan Renove por la justicia dominicana?”

Cuando Hipólito Mejía oyó esa pregunta entró en cólera; le dijo “fresca” a la activista de PC y no pudo responder absolutamente nada. Pero el debate no deja de ser interesante, puesto que puede “por fin” animar al gobierno del PLD a dar a conocer las 37 auditorías que durante años han sido engavetadas acerca del saqueo pepehachista y que fueron producto de un canje de impunidad por gobernabilidad, en la época en que el PPH controlaba el Congreso Nacional.

Hay muchos casos de megacorrupción que deben de identificarse con nombres y apellidos. Por ejemplo, cómo Hipólito Mejía logró la reforma constitucional en que le aprobaran la reelección, traicionando todos los principios de décadas de su partido. Sería interesante identificar cuáles fueron los funcionarios pepehachistas que desde las gradas del Congreso Nacional, en presencia de las cámaras, vigilaban la compra de “reses legislativas” con la que sepultaban el discurso “glorioso” anticontinuista del Dr. José Francisco Peña Gómez.

Sería interesante, en el debate de la corrupción, saber cuánto dinero costó esa reforma constitucional; de dónde provinieron los fondos usados para ese estupro de la Constitución de la República.

Siguiendo con los casos de megacorrupción, sería importante que la orden que dio el Presidente Leonel Fernández al entonces Fiscal José Manuel Hernández Peguero para que no investigara a Hipólito Mejía y a los funcionarios de su gobierno con relación al apoyo oficial que se le diera a Quirino Paulino Castillo, fuera levantada y dejada sin efecto, para que esto pudiera investigarse a fondo y vayan a juicio los responsables.

El país esperaría con ansias las explicaciones al ministerio público del candidato perredeista acerca de porqué desoyó al General Soto Jiménez, Secretario de las Fuerzas Armadas, cuando éste le llevó la cancelación de Quirino Ernesto Paulino Castillo, por ser un individuo ligado al narcotráfico. Porqué, después de esa conversación con este alto jefe militar, Quirino fue juramentado por su cuñado, Sergio Grullón, como jefe de su campaña reeleccionista en el sur; ascendido a capitán con su helicóptero piloteado por altos oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana y aparcado al lado del del Presidente de la República en la Base Aérea de San Isidro.

A la sociedad le interesaría mucho que se investigue judicialmente porqué al principal narcotraficante de este país y del área del Caribe, que ha confesado haber exportado 32 toneladas de cocaína a Nueva York, se le construyó un aeropuerto militar en las inmediaciones de su finca en Elías Piña, a pesar de la férrea oposición del Secretario de las Fuerzas Armadas Soto Jiménez y del Estado Mayor conjunto. A un fiscal le interesaría saber mucho quién tenía poder para ordenar la construcción de esa pista militar, pese a la oposición de las Fuerzas Armadas.

Resultaría “fascinante” como es la investigación criminal, hacer lo que hizo unos años nuestra amiga Nuria Piera, de auscultar quién realmente pagó la construcción de ese aeropuerto militar que tenía 16 oficiales como guarnición de custodia, ante la realidad descrita en una certificación de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, de que esa obra no se hizo con dinero de ese organismo castrense, ni por parte del Estado Dominicano.

Al país y a la justicia le convendría mucho averiguar quién trajo a esta tierra a uno de los cabecillas fundamentales del Cartel de Cali, que figura como ficha fundamental del narcotráfico internacional en renombrados libros sobre lucha antidroga, para que le hiciera 10,000 viviendas a nuestras Fuerzas Armadas, en tierras donadas por el Cea, plan que fuera desestimado en los primeros meses del actual gobierno, después de haber sido aprobado por el Senado de la República. El candidato del PRD ha abierto un debate interesante, que al país le conviene, para que quede claro, muy claro, quién puede y quién no hablar de corrupción a los dominicanos.

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