Liberalización de los servicios públicos

Por Pedro Manuel Casals Hijo

Los servicios públicos son aquellos que por su categoría y repercusión deben de ser dirigidos y regulados por la Administración pública. Son los servicios esenciales que un Estado debe garantizarle a cada ciudadano como consecuencia del pacto social que existe entre ambos. Estos servicios son imprescindibles y por su cobertura general deben de estar estrictamente supervisados y en la mayoría de veces, suministrados por el Estado. Para la prestación de estos servicios el Estado puede acceder al sector privado para que le auxilie, en virtud del principio de subsidiariedad que establece que en la medida en que el Estado considere pertinente puede subsidiar o incentivar al sector privado a la prestación del servicio bajo su regulación.

Esto no quiere decir que el servicio deje de ser público, ni que sea manejado por el sector privado, sino que el Estado puede apoyarse en la experiencia y plataforma comercial del sector privado para aplicar estos conocimientos y estructura a los servicios públicos. Existen diversas maneras en que el Estado oferta los servicios públicos a través del sector privado. Para el presente análisis nos enfocaremos en la que consideramos la menos estudiada y sin embargo más eficiente forma de administración de servicios públicos, la Liberalización.

La liberalización es el procedimiento mediante el cual un Estado realiza una apertura a la competencia comercial en una actividad pública. Este fenómeno se fue cosechando debido al auge de la industria de las telecomunicaciones en la década de los 90, que obligó a los Estados en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a suscribir un acuerdo en el cual se comprometían a liberar gradualmente el mercado de los servicios de las telecomunicaciones. Esta liberalización permitió un desarrollo progresivo mucho más rápido y eficiente que si hubiese permanecido en manos de la Administración Publica. En nuestro país el ejemplo se encuentra en la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, donde se liberó la actividad comercial de las telecomunicaciones y permitió el ingreso de prestadores nacionales e internacionales que posteriormente, su propia competencia desarrolló el sector y mejoró la calidad de los servicios.

Debemos hacer la precisión de que el servicio público es medido en base a parámetros de calidad y bajo costo. Por esto el servicio público se considera que debe ser de buena calidad a un menor costo que lo regular. Por esto el servicio público debe siempre de buscar la eficiencia del mismo y en el caso de las telecomunicaciones, se calculó que una libre competencia daría como resultado un mejor servicio a un menor costo. Los doctrinarios actuales de esta problemática centran el debate a que si el hecho de liberar un servicio publico a la competencia privada significa que deja de ser un servicio publico por el hecho de pasar a ser un negocio de rentabilidad, otros autores consideran que el hecho de ser suministrado por el sector privado no deja de ser un servicio publico, ya que el Estado a través de la regulación y supervisión continua garantizando la debida y adecuada prestación del servicio.

Podríamos decir que nuestra posición es mixta. Ya que considero que el hecho de liberar un servicio publico para dar paso a la competencia privada es una obvia indicación de que ese servicio publico ha pasado a ser una actividad comercial privada, pero no es menos cierto que para prestar ese servicio se deban cumplir exigencias y requisitos preestablecidos por el Estado y que la regulación y aplicación de políticas del sector corresponden al Estado.

Por esa razón considero que no deja de ser un servicio público como tal, sino más bien que es una mezcla de un servicio público ofertado por una institución privada regulada por la Administración Publica. Puede sonar un poco confuso pero gracias a esa apertura del mercado, las telecomunicaciones en nuestro país se desarrollaron en 10 años más de lo que se había desarrollado el sector en 30 años. Es un verdadero ejemplo de una actividad comercial con carácter público debidamente adaptada al complejo industrial privado permitiendo un desarrollo sostenido y progresivo que hoy en día representa en nuestro país una inversión de más de seis mil millones de dólares. A diferencia de otros modelos como la privatización que ha sido un rotundo fracaso y un constante fraude a nuestro país y en toda Latinoamérica. En la próxima entrega trataremos la privatización y sus consecuencias, también estudiaremos la nueva tendencia en Latinoamérica; la Nacionalización.

* Dirigente juvenil FNP.