La selección de la nueva JCE

Vinicio A. Castillo Semán

“Leonel Fernández no es un Trucutú”. Con esa aseveración quien esto escribe ha respondido públicamente cuando se le ha preguntado sobre la selección de la nueva Junta Central Electoral y el temor de que el Presidente y el PLD usen su poder senatorial para conformar el nuevo organismo (eje fundamental del sistema democrático), desconociendo el vital papel de árbitro que juega en la competencia de los partidos políticos, llevándose de encuentro los criterios de imparcialidad y/o equilibrio que deben de acompañar su selección.

En el año de 1998 fui testigo de excepción de la grave crisis política que originara la abusiva y arbitraria conformación de la Junta Central Electoral unilateral, hecha por “Trucutuses” perredeistas con un dominio similar al que hoy tiene el PLD del Senado de la República. En esa ocasión me tocó el honor de ser el redactor del Comunicado conjunto firmado por el Dr. Joaquín Balaguer y el Dr. Leonel Fernández Reyna por el PRSC y el PLD, respectivamente y publicado en todos los periódicos nacionales, en momentos en que librábamos una dura lucha jurídica y política por un tribunal electoral equilibrado.

Nunca olvidaré el momento en que al Dr. Balaguer se le leyó el Comunicado en cuestión, al que no quiso hacerle ningún tipo de observación ni enmienda y procediera a firmar de inmediato. Ese manotazo institucional del PRD, nos llevó igualmente a Washington, donde viajé acompañando a la delegación de altísimo nivel del PLD (José Tomás, entonces Secretario General, Reynaldo Pared y Francisco Javier García), la OEA, el Centro Carter y los organismos internacionales que velan por la pulcritud de elecciones en este hemisferio.

El PRD alteró el equilibrio institucional y puso en juego y en cuestionamiento la organización libre y democrática de las elecciones del año 2000. Afortunadamente, luego de la crisis se pudo llegar a un acuerdo entre los principales partidos políticos, que concluyó con la ampliación de la Junta Central Electoral y la participación de jueces recomendados por los partidos adversos al perredeismo, la designación por consenso de todas las Juntas Municipales y de una Comisión de Seguimiento integrada por diferentes personalidades de la vida pública nacional.

El recuento de lo ocurrido sirve como experiencia histórica que no debe ser repetida en esta ocasión, en beneficio del partido que en el pasado fue la víctima de lo que fue sin duda una truculencia institucional, legal porque fue la obra de un Senado electo libérrimamente, pero ilegítimo porque no fue acompañada de la imparcialidad o equilibrio debido que todo tribunal arbitral debe tener.

El PLD y su Comité Político, estoy seguro no cometerán el mismo error del PRD, y no usarán su poder senatorial para avasallar a la oposición. Hacerlo sería una torpeza histórica que solo serviría para darle a la oposición bandera de lucha, nacional e internacional, en contra del gobierno, el PLD y el Bloque Progresista, cuya coalición ha probado una fortaleza electoral que no necesita de árbitros o jueces complacientes para ser reconocida.

La dirección política del PLD debe de rechazar los mensajes de conciliábulos, tramas y acuerdos de aposento que se están “cocinando” entre un sector del PRD y un sector del PLD con influencia en el Senado, para seleccionar jueces electorales “convenientes” para resolver disputas internas o dificultades que puedan surgir en las convenciones que elegirán sus respectivos candidatos presidenciales. Hacerlo sería crear un funesto precedente que distorsionaría el sistema democrático de la República Dominicana y la buena imagen nacional e internacional del Presidente Leonel Fernández.

Independientemente de que soy partidario de que sea aprovechada la experiencia de jueces actuales de la Junta Central Electoral, no se puede perder el norte del equilibrio y la imparcialidad. Esa percepción en el pueblo es la clave que nos garantiza certámenes electorales libres de trauma y de problemas que tantos dolores de cabeza institucionales nos han dado en el pasado. El Senado de la República tiene que hilar fino y ejercer su poder legal con justicia y equidad. Es una diferencia y ventaja moral que no se puede perder frente a la oposición.

Por ello sigo firme en mi convicción de que ni el Presidente Leonel Fernández ni el Presidente del Senado, que son a la vez Presidente y Secretario General del PLD, se parecen a los “Trucutuses” del manotazo institucional del 98 y sé que en manos de ellos no perecerá la imprescindible percepción que debe tener el pueblo del equilibrio e imparcialidad que debe primar en el más alto tribunal electoral dominicano.

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