Para lograr que los gobiernos sean vistos y entendidos por los ciudadanos, se han establecido mecanismos de rendición de cuenta y vinculación. Los cuales contribuyen en la construcción de la confianza y legitimidad de los mismos gobiernos, muchos de los esfuerzos de vinculación emprendidos, son percibidos como de poca trascendencia ante lo que se presume falta de interés por parte del ciudadano. Repetidamente se comenta que parece que los esquemas de vinculación son sólo para los amigos de los funcionarios en turno y la rendición de cuentas interesa únicamente a los grupos de la oposición. Y en ello hay mucho de verdad.
Por principio de cuentas, al grueso de la ciudadanía no le interesa mucho los asuntos públicos. En una encuesta reciente en México arrojo que únicamente el 23 por ciento esta interesado en asuntos públicos, lo cual es similar a otros estudios en países desarrollados. Sin embargo, la necesidad de involucrar a la sociedad persiste y en la retórica pública esta siempre presente. Aunque en la realidad, se busca involucrar, de manera natural, a los propios o neutrales y se evita a los que aprecian como que solo buscan “causar problemas”; como pudieran considerarse a los grupos de oposición o los medios de comunicación. Lo que resulta, además de constantes riñas entre los grupos políticos, son gobiernos que excluyen de hecho parte de la sociedad lo que nos lleva a tener un vehículo incompleto. Por ello es indispensable tener presente que es prerrogativa ciudadana involucrarse, sin embargo es obligación del gobierno ofrecer cuanto espacio es posible para motivar y facilitar la participación del ciudadano.
Tomando como parámetro, el proceso de rediseño institucional de México, como resultado de su transición democrática e incipiente y titubeante consolidación, se encuentra dividido en dos generaciones de reformas. En la primera generación coinciden la cristalización de las instituciones electorales imparciales y los órganos defensores de los derechos humanos. También esa generación corresponde a la instrumentación de esos primeros Consejos de la Judicatura Federal. A ellas le correspondió separar la función electoral del ámbito gubernamental, dotar de legitimidad a los procesos electorales, iniciar los procesos de fiscalización de partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y la democracia interna de aquellos; así como hacer palpables las deficiencias del sistemas de procuración e impartición de justicia y justificar la existencia del Estado en la medida en que procure el desarrollo de los individuos y no por su sola existencia. Este camino no fue fácil, los retractores aparecieron en varios frentes: Tanto en el político como en el académico. Sin embargo, hoy en día los órganos electorales y figura de los ombusman, cuenta con un gran respaldo social.
La segunda generación de reformas institucionales tiene que ver, ya no con el acceso al poder, sino con su ejercicio transparente. El punto central no está en la parte procedimental de la democracia, esto es, en el proceso de toma de decisión sobre los titulares de los poderes públicos, sino en la calidad del ejercicio cotidiano de la misma. Las Comisiones de Acceso a Información Pública y Los Órganos de Fiscalización Superior son las instituciones que deben llevar la vanguardia democrática hoy en día. Se han dado pasos importantes, pero en ambos casos queda mucho por hacer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario