La República Dominicana ha sido víctima de una peligrosa emboscada que puede tener graves e impredecibles consecuencias para su soberanía y su futura estabilidad política, social y económica. La Asamblea Nacional, desestimando el texto enviado por el presidente Leonel Fernández, ha tomado la decisión de asumir constitucionalmente la educación de los ciudadanos haitianos que se encuentran ilegalmente en nuestro país.
Se ha alegado como fundamento esencial que el derecho a la educación está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un derecho universal, lo que es rigurosamente cierto. Nadie discute que ese derecho humano debe ser garantizado por los Estados a sus ciudadanos y a los residentes legales de su territorio. De ahí, a que los Estados se comprometan a garantizar y asumir en sus constituciones la educación de los ciudadanos de otros países que estén ilegalmente en su territorio, hay un trecho enorme, que obliga a desestimar tal absurdo.
Lo primero que hay que decir al respecto es que si un Estado le garantiza constitucionalmente al ilegal la educación pública en sus escuelas y universidades, le está reconociendo implícitamente con ello el derecho a permanecer en su territorio, con lo que está cercenando de cuajo el derecho soberano e irrenunciable que le asiste para repatriar al ilegal.
Es, pues, claro que el Estado dominicano, al momento de descubrir la presencia de un inmigrante ilegal, tiene dos únicos caminos: a) O lo repatria ejerciendo un derecho soberano o b) Regulariza su estatus, otorgándole una legalidad a la permanencia de dicho ilegal en la nación, conforme lo indiquen sus leyes migratorias.
El ilegal ciertamente conserva derechos fundamentales que cualquier Estado tiene que respetar, pero ninguno de ellos, en ninguna Constitución, puede implicar en sí un reconocimiento o visto bueno de su permanencia en el territorio en el que está ilegalmente. Es así como los Estados, al detectar el ilegal, están obligados a respetarle su vida, su dignidad de ser humano y brindarle servicios de salud que puedan requerir en el ínterin que precede a su repatriación a su país, si es el caso. Fuera de esto, si el Estado no quiere o no puede repatriar al ilegal, es su obligación aplicar la ley de migración y regularizar su permanencia en su territorio, que es precisamente a lo que se ha negado hasta ahora el Estado dominicano, prefiriendo a través del artículo 52 recién aprobado constitucionalizar el caos y el desorden.
Ahora bien, fuera del aspecto jurídico, las consecuencias prácticas de un hecho tan trascendental y tan peligroso para la nación como el llevado a cabo, tampoco fueron tomadas en cuenta en lo absoluto por los legisladores que actuaron de forma irresponsable, participando en una alocada carrera de poses de “humanismo, solidaridad y populismo”.
La pregunta que se cae de la mata es: ¿Puede el Estado dominicano garantizar la escuela pública (con desayuno escolar incluido) a los ilegales haitianos que están en su territorio? ¿Qué va a hacer Melanio Paredes cuando los ilegales haitianos se agrupen con apoyo de Ong’s y organismos internacionales para demandar que se les inscriba en las escuelas públicas dominicanas, conforme lo manda la Constitución de la República? ¿Qué va a hacer el Estado dominicano cuando los haitianos ilegales incoen recursos de amparos constitucionales para obligar a nuestras escuelas y a nuestras universidades a inscribirlos? En momentos donde la frontera está abierta de par en par, ¿no es la aprobación del Artículo 52 un llamado a la depauperada población haitiana para que venga con sus hijos a nuestro territorio a estudiar en la escuela primaria y recibir desayuno escolar? Usted, amigo lector, ¿qué haría?
Pero, lo que los nuevos “campeones del humanismo y de la solidaridad” que tenemos en el Congreso no dicen cuando pronuncian sus elocuentes discursos en el hemiciclo y en los medios de comunicación, es con cuáles nombres y apellidos vamos a inscribir a los ilegales y a los hijos de éstos.
Pero, más aún, los legisladores que votaron por la aprobación del Artículo 52 no nos han dicho qué vamos a hacer con los padres de los niños haitianos que estén estudiando en nuestras escuelas y que se encuentren ilegalmente en el país. Sería igualmente un “gesto bello de solidaridad” permitirle que permanezcan en nuestro territorio junto a su familia, porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría realizar el acto de crueldad de separar a esos niños de sus padres, como es la práctica en países desarrollados.
La irresponsable pose de “humanismo” de nuestros legisladores amenaza con meter a la República Dominicana en “tamaño berenjenal” como dice el pueblo, mucho más grave que en el que estamos en la actualidad con el tema haitiano. Ellos serán los causantes de lo que aquí pueda ocurrir, cuando los dominicanos abran los ojos y se den cuenta que han sido traicionados y emboscados por quienes estaban llamados a defenderlos.
Da pena, mucha pena, cómo una minoritaria facción pro-haitiana de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana trata de convertir ese formidable legado del profesor Juan Bosch en un instrumento al servicio de la política norteamericana, en procura de resolver el problema haitiano a costa de nuestro territorio, otorgándole la nacionalidad dominicana a más de un millón de haitianos ilegales, sin importarle que para ello hipotequen la soberanía de la República Dominicana.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=100788
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