El caso Sobeida

Vinicio A. Castillo Semán - 11/16/2009

La puesta en libertad de Sobeida Féliz Morel por una Juez de Instrucción y su posterior fuga ha estremecido a la sociedad dominicana, que ha visto en estos hechos una muestra emblemática del estado de descomposición en que vive. Para quien esto escribe, sin embargo, no ha resultado mayor sorpresa porque es solo una muestra de un problema estructural en el combate al crimen que tiene que ver con la implementación de un nuevo sistema procesal penal y de toda una filosofía con la que se adoctrinan actualmente a los jueces del país, en el sentido de que la norma debe ser la libertad del imputado hasta que se le conozca de forma definitiva su proceso, no importa lo grave del hecho que haya cometido, ni el peligro que su libertad puede entrañar para su sociedad.

Hemos repetido hasta el cansancio ante los sordos que no quieren oir, que el estado dominicano no podrá enfrentar con éxito el narcotráfico y el crimen en general si no tiene una estructura institucional dotada de la mística y el coraje necesarios y si no dispone de los instrumentos legales eficaces para enfrentarlos.

La libertad de Sobeida y su posterior fuga envía un grave y preocupante mensaje multivalente: Primero: de desaliento y desmoralización a los hombres encargados de la lucha contra las drogas en la DNCD y de la Policía Nacional, que no hayan sido arropados o contaminados por la corrupción.

El mensaje es: su esfuerzo no vale la pena, por que ustedes, arriesgando sus vidas, hacen su trabajo y tienen que ver en pocos días a esos infractores en la calle, no sólo burlándose, sino esparciendo todo tipo de rumores para embarrar su honra e imagen.

Segundo: A la sociedad llana el mensaje es que el capo o los capos “resuelven” y “les va bien” y tienen los mecanismos técnicos-jurídicos para burlarse de la justicia y encontrarse en las calles como si nada hubiera pasado, con lo que se establecen malvados paradigmas para nuestras juventudes.

El problema planteado no debe quedarse en el reproche de lo ocurrido, como hiciera el Presidente de la República Dr. Leonel Fernández en la reunión con su gabinete de seguridad y combate al crimen. Independientemente de la importancia que tiene para el Estado la urgente captura de Sobeida y de Figueroa Agosto en la presente coyuntura, lo verdaderamente trascendental para el país es qué hacer para que estos casos no se repitan una y otra vez, como sucede cotidianamente, muchos de ellos sin salir en las primeras planas de los periódicos.

Lo que procede es, a nuestro humilde entender, que el Presidente use el innegable poder político que tiene, al través de la mayoría congresional, e impulse reformas importantes en el diseño actual y futuro de la lucha contra las drogas y el crimen.

Si el Presidente se dispone a impulsarlas, este país podría contar, a principios del año 2010, con una Jurisdicción Nacional Antidrogas, compuesta por jueces seleccionados por su valor y probidad y dotados de la seguridad necesaria para conocer cualquier caso de droga importante que se produzca en el país.

Es ingenuo creer que jueces de provincias y del Distrito Nacional, que cotidianamente conocen los casos normales que se producen en el día a día, tengan la conciencia, la firmeza y el valor para enfrentar a grandes capos, que manejan cientos de millones de dólares y miles de kilos de cocaína. Prueba de ello, podemos decir que luego de la salida del único juez antinarco reconocido que ha parido este país, Juan María Severino (fallecido recientemente en la extrema pobreza, luego de ser menospreciado social y judicialmente), no se ha conocido una sola instancia judicial en la última década que se haya caracterizado por su drasticidad o coherente trayectoria contra el narcotráfico, en la época en que precisamente ese flagelo ha multiplicado su diabólica expansión sobre nuestra población y territorio.

Si el Presidente se decidiera a impulsar la tan esperada reforma del Código Procesal Penal, pedida a gritos en todas las calles y callejones de este país, sobreponiéndose a los obstáculos que funcionarios de su gobierno le han impuesto a la misma, este país podría tener en pocos meses una modificación del Código Procesal Penal que “meta en cintura” a los delincuentes violentos.

Que deje preso automáticamente al reincidente que haya aprovechado la libertad que se le ha otorgado en un caso anterior, para volver a reincidir en graves hechos que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos, como pasa hoy en el 80% de los atracos que son cometidos por gente que tiene abierto uno, dos y más expedientes similares, pendientes de conocimiento y a los que sólo se le ha impuesto una garantía económica como medida de coerción.

Si hay voluntad política, y creo que el Presidente pudiera encontrar el concurso en esta materia del Ing. Miguel Vargas Maldonado y el PRD, esa reforma del Código Procesal Penal bien puede amparar a las víctimas de las infracciones, que hoy se encuentran en una clara desventaja frente al delincuente; que, además de tener una muy buena defensa pagada por el Estado, aprovecha la libertad que se le ha concedido para amenazar a su víctima o a la familia de éste para que desista de darle seguimiento a los juicios criminales de fondo, por lo que no es inusual ver cómo cientos de casos son “desistidos” por atemorizados sujetos, dentro del marco del nuevo sistema procesal penal, que lo único que atiende es la “solución de conflictos”.

Es hora, pues, de que se pase de las palabras a los hechos y se combata con mecanismos institucionales eficientes. De nada valdrá que la DNCD y la Policía Nacional den golpes contundentes al narcotráfico, si no hay una sinergia en las actuaciones de éstas con el Ministerio público y los jueces, que no son más que distintos instrumentos establecidos por una sola parte en esta guerra, que es el agredido Estado dominicano, dentro del cual estamos todos representados.

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