Por nueva vez, la República Dominicana ha tenido que comparecer ante
la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas para desmentir denuncias de racismo y persecución contra los
haitianos residentes en el país. Es una acusación reiterada y
exagerada.
Que en el país hay gente que practica la discriminación y el racismo y no solo posiblemente contra los haitianos, es cierto. Es algo que ocurre en todas partes del mundo. Es un problema cultural, una tara de prejuicios heredados que para ser desmontados requieren de tiempo. Pero...¿acaso es la actitud de la gran mayoría del pueblo dominicano?
También es verdad, que de tiempo en tiempo, se han producido incidentes penosos de que han sido víctimas haitianos residentes en el país. Pero...¿no se trata de hechos aislados que han merecido un rechazo general de la sociedad?
En ocasiones, personal de Inmigración realiza redadas para apresar a haitianos indocumentados que han pasado la frontera y permanecen en el país de manera ilegal, tal como proceden las autoridades inmigratorias de los demás paises en casos similares. Pero... ¿Implica que el Estado Dominicano está practicando una política racista contra los haitianos?
En días recientes, más de una docena de camioneros dominicanos que pasaron la frontera llevando mercancías de distinto tipo fueron rodeados, apedreados por parte de un numeroso grupo de haitianos y bajo amenaza de armas de fuego quedaron en situación de virtual secuestro por espacio de varias horas, debiendo ser rescatados por efectivos de la MINUSTAH. ¿Puede considerarse ese hecho aislado como una demostración de que el gobierno de Haiti mantiene una política de discrimen y persecución contra los dominicanos?
¿No sería absurdo acusar al gobierno de Haití de estar fomentando de manera deliberada una política de deforestación de este lado de la isla, por el hecho de que algunos haitianos, en complicidad con algunos dominicanos, se dedican al corte y quema de árboles para hacer carbón y venderlo en los mercados públicos de su país?
Mucha razón le asiste al Director General de Migración, José Ricardo Taveras, cuando argumenta con toda razón ante los Comisionados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que las denuncias de racismo y discrimen contra el gobierno y el pueblo dominicanos tomando como base hechos aislados, que se producen en todas partes del mundo en la masa migrante indocumentada, son exageradas y en modo alguno responden a políticas oficiales ni actitudes sociales.
Aunque no se dispone de números precisos, en el país se puede calcular que reside un millón bien largo de haitianos. Hasta la última cifra ofrecida, en el Departamento de Migración hay registrados apenas algo más de 50 mil. Los demás están en condiciones de ilegales. Ellos trabajan en las más diversas actividades y remesan a sus familiares en Haití un estimado de mil o más millones de dólares anuales. Muchos miles estudian aquí. Y una gran cantidad de haitianas embarazadas cruzan la frontera para venir a dar a luz en los hospitales públicos, donde son atendidas sin costo; un aporte humanitario que consume una buena parte de presupuesto nacional de salud. Si los haitianos fuesen objeto de maltrato y persecución aquí ¿no sería lógico pensar que volverían en estampida a su país? Ocurre, en cambio, todo lo contrario: no solo se quedan los que están sino que en legión incontenible siguen huyendo de la miseria e inestabilidad imperantes al otro lado de la isla y pasando la frontera hacia este, que consideran una especie de "Tierra de Promisión".
Casos aislados, repetimos, se han producido y continuarán produciéndose, del mismo modo que ocurre con los propios dominicanos. Pero de ahí a hablar de persecución y maltrato generalizados, hay una brecha inmensa que hace caer en el vacío estas denuncias tan magnificadas.
Lo que hay es por fin, un Reglamento Migratorio. Y a través de él, el propósito firme de regularizar la presencia extranjera en el país y particularmente, la haitiana por ser la más numerosa y desorganizada. Lograrlo no es solo un legítimo derecho y una sentida necesidad de Estado, propia de toda sociedad organizada, sino también oportunidad para que los propios haitianos ilegales regularicen su status legal, primer paso para que puedan cobijarse bajo el amparo de la ley y fecoborel reconocimiento de sus derechos.
Que en el país hay gente que practica la discriminación y el racismo y no solo posiblemente contra los haitianos, es cierto. Es algo que ocurre en todas partes del mundo. Es un problema cultural, una tara de prejuicios heredados que para ser desmontados requieren de tiempo. Pero...¿acaso es la actitud de la gran mayoría del pueblo dominicano?
También es verdad, que de tiempo en tiempo, se han producido incidentes penosos de que han sido víctimas haitianos residentes en el país. Pero...¿no se trata de hechos aislados que han merecido un rechazo general de la sociedad?
En ocasiones, personal de Inmigración realiza redadas para apresar a haitianos indocumentados que han pasado la frontera y permanecen en el país de manera ilegal, tal como proceden las autoridades inmigratorias de los demás paises en casos similares. Pero... ¿Implica que el Estado Dominicano está practicando una política racista contra los haitianos?
En días recientes, más de una docena de camioneros dominicanos que pasaron la frontera llevando mercancías de distinto tipo fueron rodeados, apedreados por parte de un numeroso grupo de haitianos y bajo amenaza de armas de fuego quedaron en situación de virtual secuestro por espacio de varias horas, debiendo ser rescatados por efectivos de la MINUSTAH. ¿Puede considerarse ese hecho aislado como una demostración de que el gobierno de Haiti mantiene una política de discrimen y persecución contra los dominicanos?
¿No sería absurdo acusar al gobierno de Haití de estar fomentando de manera deliberada una política de deforestación de este lado de la isla, por el hecho de que algunos haitianos, en complicidad con algunos dominicanos, se dedican al corte y quema de árboles para hacer carbón y venderlo en los mercados públicos de su país?
Mucha razón le asiste al Director General de Migración, José Ricardo Taveras, cuando argumenta con toda razón ante los Comisionados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que las denuncias de racismo y discrimen contra el gobierno y el pueblo dominicanos tomando como base hechos aislados, que se producen en todas partes del mundo en la masa migrante indocumentada, son exageradas y en modo alguno responden a políticas oficiales ni actitudes sociales.
Aunque no se dispone de números precisos, en el país se puede calcular que reside un millón bien largo de haitianos. Hasta la última cifra ofrecida, en el Departamento de Migración hay registrados apenas algo más de 50 mil. Los demás están en condiciones de ilegales. Ellos trabajan en las más diversas actividades y remesan a sus familiares en Haití un estimado de mil o más millones de dólares anuales. Muchos miles estudian aquí. Y una gran cantidad de haitianas embarazadas cruzan la frontera para venir a dar a luz en los hospitales públicos, donde son atendidas sin costo; un aporte humanitario que consume una buena parte de presupuesto nacional de salud. Si los haitianos fuesen objeto de maltrato y persecución aquí ¿no sería lógico pensar que volverían en estampida a su país? Ocurre, en cambio, todo lo contrario: no solo se quedan los que están sino que en legión incontenible siguen huyendo de la miseria e inestabilidad imperantes al otro lado de la isla y pasando la frontera hacia este, que consideran una especie de "Tierra de Promisión".
Casos aislados, repetimos, se han producido y continuarán produciéndose, del mismo modo que ocurre con los propios dominicanos. Pero de ahí a hablar de persecución y maltrato generalizados, hay una brecha inmensa que hace caer en el vacío estas denuncias tan magnificadas.
Lo que hay es por fin, un Reglamento Migratorio. Y a través de él, el propósito firme de regularizar la presencia extranjera en el país y particularmente, la haitiana por ser la más numerosa y desorganizada. Lograrlo no es solo un legítimo derecho y una sentida necesidad de Estado, propia de toda sociedad organizada, sino también oportunidad para que los propios haitianos ilegales regularicen su status legal, primer paso para que puedan cobijarse bajo el amparo de la ley y fecoborel reconocimiento de sus derechos.
http://www.primicias.com.do/index.php?option=com_content&view=article&id=16737:reiterada-y-exagerada&catid=130:opiniones&Itemid=511
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