Pelegrín Castillo.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, declaró este miércoles que con su candidatura aspira a la articulación de un movimiento social de carácter nacional y patriótico que resuelva la crisis que el “colapsado” estado haitiano causa a República Dominicana que ya casi no puede controlar la inmigración masiva.
El problema es que Haití, objetivamente, es un estado colapsado, una zona de desastre ecológico y sanitario, con un gobierno virtualmente inoperante, un territorio controlado por mafias internacionales, situación que es agravada por la actitud “evasiva, irresponsable, cínica y, en ocasiones, imperialistas” de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, dijo Castillo, quien ostenta la condición de diputado.
Advirtió que lo que manda la moral internacional es un esfuerzo internacional para reconstruir, no los edificios dañados por el terremoto, sino las bases institucionales que los problemas de gobernabilidad en Haití han impedido, al perderse en ese territorio la capacidad de auto gobernarse.
El legislador y candidato presidencial, entrevistado en el programa Propuesta Matinal por el canal 45, dijo que los actores políticos, empresariales, religiosos, la sociedad civil y los intelectuales dominicanos no van a resolver ese problema, del cual los consideró corresponsables, porque temen ejercer la soberanía, en lugar de hacer un pacto y olvidarse de estar buscando el voto haitiano.
Consideró inaceptable que unas relaciones excelentes con Haití sean condicionadas a que República Dominicana renuncie a ejercer sus atributos soberanos, a no controlar su frontera, a no aplicar la Ley de Migración y las normas sobre nacionalización del trabajo.
En lugar de ello, el diputado y candidato presidencial sugirió una política exterior agresiva, que denuncie a la comunidad internacional por su abandono al pueblo haitiano, “principalmente Estados Unidos”.
Manifestó su aprobación a que sean respetados los derechos humanos de esos inmigrantes, pero advirtió que eso no puede ser legítimamente garantizado a expensas de vulnerar el derecho de República Dominicana a aplicar sus leyes, sus normas y su constitucionalidad.
Relató que un funcionario de un organismo internacional que vivió muchos años en el país, a quien no identificó, lo visitó en el Congreso para advertirle que se hiciera un esfuerzo por contener esa migración masiva al país, porque después sería muy difícil devolverlos sin verse envueltos en implicaciones internacionales serias.
Estimó que las calles de Puerto Príncipe continúan cubiertas de escombro un año después del terremoto porque República Dominicana, en lugar de aplicar su plan de emergencia concebido desde 1987 para responder a casos como guerra civil o desastres ecológicos, abrió su frontera.
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