Ningún Presidente puede pasar por alto ni cruzarse de brazos ante los enormes riesgos que provoca a la estabilidad de un país el creciente fenómeno de la criminalidad, como el que sufrimos aquí, potencializado por el estado de pobreza, el relajo de las leyes y el irrespeto a la autoridad.
De ahí que constituya una correcta respuesta a esos desafíos la decisión del Presidente Leonel Fernández de someter a las cámaras legislativas un proyecto de ley que reforma aspectos criticados del Código Procesal Penal.
Ha puesto bajo la responsabilidad de una comisión de juristas la revisión y afinamiento del texto de reforma, para asegurarse de que los cambios que ameritan hacerse permitan cerrar las brechas de tolerancia e impunidad que por ahora disfrutan los delincuentes.
Delinquir, y reincidir en el delito, es un instinto que se extiende en la sociedad porque los delincuentes tienen la seguridad de que, con o sin pruebas, hay mecanismos para la coerción y la pena que en nada los disuade.
Y esa sola comprobación ha sido la causa de la creciente desconfianza en la justicia y de que cuando un delincuente es atrapado in fraganti la gente intente lincharlo, para librarse definitivamente de él.
Estamos seguros de que la sociedad, atormentada hoy por la inseguridad y las flaquezas de la justicia frente a los enemigos de la ley y de la paz, acogerá de buen ánimo esta decisión del Presidente, que representa un paso más en el fortalecimiento de la lucha para la prevención y el castigo de la criminalidad rampante que nos acogota.
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