El presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, instruyó que una comisión integrada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Abel Rodríguez del Orbe, el Dr. Marino Vinicio Castillo, Asesor Antidrogas del Poder Ejecutivo y Encargado de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, el Secretario de la Presidencia Dr. César Pina Toribio, y el Procurador General de la República Dr. Radhamés Jiménez Peña, trabajen en la propuesta que conocerá el Congreso Nacional como modifi cación del Código Procesal Penal, puesto en vigencia en el año 2004.
El Presidente instruyó, igualmente, que se difunda, que se debata de forma abierta el contenido de la propuesta de reforma del Código Procesal Penal, elaborada por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej), que había sido mandado ya (con extrema discreción) a las cámaras legislativas, sin que la opinión pública ni la sociedad dominicana tuvieran la más mínima noticia de su contenido.
El Dr. Fernández responde así a un clamor nacional que viene desde hace años solicitando una modifi cación del Código Procesal Penal en aquellos puntos que han probado ser vía de escape fácil para peligrosos y violentos delincuentes, en su mayoría reincidentes, que andan en nuestras calles eliminando valiosas vidas de ciudadanos decentes y cometiendo toda clase de tropelías, con la mayor impunidad.
Lamentablemente, el muro de contención de esta urgente reforma ha estado ubicado en los llamados “actores del sistema”, que con una tozudez increíble se han negado hasta ahora a aceptar lo que la triste realidad de las calles está demostrando.
Ello explica la dilación en tan esperada modifi cación. Los responsables de la implementación del nuevo Código Procesal Penal jugaron un papel clave hace tres años, en el veto de la modificación aprobada por el Congreso Nacional, fruto de una iniciativa del entonces Senador del Distrito Lic. José Tomás Pérez, que fue devuelto al Congreso y abatido allí por una comisión senatorial, bajo el falso alegato de que violaba los derechos fundamentales de los delincuentes reincidentes.
La Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej) ha querido tener el monopolio y la exclusividad en el manejo de un tema que concierne a la vida diaria de todos los dominicanos.
Esa ha sido la gran tara; el elaborar un proyecto de reforma sin abrirlo al debate público, sin consultar a las universidades, sin hacer paneles de juristas, como atinadamente ha ordenado el Presidente de la República que se haga.
De lo que se trata, al fin de cuentas, es que lo que pueda salir de esa reforma sea lo mejor para la sociedad dominicana, que clama porque se le dote de los instrumentos idóneos para enfrentar el crimen, la violencia, el narcotráfico y otras actividades delincuenciales.
Estando la propuesta en el Congreso Nacional, entiendo lógico que tan pronto culmine la reforma constitucional, en la que ha estado inmerso el Congreso Nacional, se haga un esfuerzo conjunto de discusión en la que, respetando la soberanía legislativa, se organicen foros a fi n de permitir el conocimiento a fondo de las distintas propuestas que puedan surgir, de forma abierta y democrática, para que en un plazo relativamente breve (y no a la velocidad de los teóricos del patio) el país pueda contar con la vigencia de la reforma del Código Procesal Penal.
Independientemente de los problemas que implican la reincidencia criminal y las “blandengues medidas de coerción”, que han probado ser incapaces de hacerle frente a la ola delincuencial que nos azota, creo que será fundamental examinar en profundidad la desprotección de la víctima en el nuevo proceso penal de la República Dominicana, sobre cuyos hombros se deja gran parte de la motorización del proceso, una vez interpone una querella contra determinado imputado.
En el nuevo proceso penal dominicano, donde lo que prima es la llamada “solución de confl ictos” sin tener en cuenta el “daño a la sociedad” y la seguridad de ésta, el Ministerio Público no asume, cuando hay querella de parte, el papel activo que le asignaba el antiguo Código de Procedimiento Criminal, lo que en lenguaje sencillo significa que si el individuo de un barrio pobre que es víctima de un crimen o delito, no le da seguimiento judicial al proceso luego de querellarse, tiene que contar con que el mismo está condenado al fracaso en corto plazo.
Las víctimas, en su mayoría pobres, contrario a los imputados, que tienen abogados de ofi cio bien formados y pagados por el Estado, no tienen cómo pagar a un abogado que las represente y en ausencia de su interés directo a lo largo del proceso, no pueden contar con el papel activo del Ministerio Público, lo que se traduce en una práctica favorecedora del crimen, ya que, en la mayoría de los casos, la víctima que se entera de lo que tiene que hacer después de poner la querella para lograr la sanción de su agresor, prefi ere simplemente desistir y no proseguir con tal acción. Esa es la triste realidad que se está viviendo hoy en el nuevo ordenamiento procesal penal que nos impusieron desde fuera y que está siendo ya revisado y reformado en la mayoría de las naciones sudamericanas.
Gracias a Dios el Presidente, que es abogado, muy buen abogado, ha tomado cartas en el asunto y al parecer ha decidido motorizar la tan esperada reforma del Código Procesal Penal.
Ya era hora, Presidente.
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=114044
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