PEDRO MANUEL CASALS HIJO
En el mundo actual el acceso a la información se ha diversificado e incrementado a niveles nunca antes imaginables. Se puede acceder a todo tipo de informaciones, en tiempo real y en solo segundos. El internet es hoy una herramienta de desarrollo social más que un servicio de entretenimiento. Es insostenible tratar de cumplir con los requerimientos académicos y profesionales del mundo moderno sin contar con el medio de comunicación más importante, el internet.
La Republica Dominicana se encuentra actualmente en la posición No. 75 en el Índice de Preparación para la Conectividad elaborado por el Foro Económico Mundial. Esta posición es una vergüenza que demuestra el estado arcaico del desarrollo tecnológico en nuestro país. Estamos en un nivel muy por debajo de la mayoría de países de América Latina. El gobierno debe reorientar sus políticas y medidas enfocadas al desarrollo tecnológico de la nación.
La trascendencia del internet ha obligado a los Estados a reivindicar la importancia de éste poderoso instrumento y declarar una necesidad humana el acceso al mismo. Francia fue el primer país del mundo en dictaminar que el acceso al internet fuese un derecho humano. España ha promovido la conexión a internet como un servicio Estatal, ofreciendo el acceso a internet gratuitamente en plazas publicas, trenes, parques etc. Recientemente Finlandia asumió como derecho fundamental el acceso a internet de banda ancha, esto significa que el Estado debe promover el disfrute de una conexión de calidad y alta velocidad a un costo mínimo. Estas medidas son tomadas en el contexto más moderno y actual del derecho internacional y deben ser observadas por nuestros políticos.
El diputado Pelegrin Castillo, adelantándose a los tiempos como excelente legislador que es, ha planteado una innovadora y original propuesta que encaminaría a la Republica Dominicana a un proceso de actualización en sintonía con el derecho internacional y el mundo globalizado, que consecuentemente incrementarían nuestros niveles de desarrollo. Esta iniciativa para lograr la declaración del internet como bien público universal y de esta manera establecer la exención del pago de impuesto por el servicio de internet es lo único que remotamente se asemeja con la doctrina actual del derecho internacional y el Estado moderno. Debemos felicitar una vez más a Pelegrin Castillo por su trabajo incansable en búsqueda de soluciones a las deficiencias más notorias de nuestra nación.
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