jueves, 12 de marzo de 2009

Escuchar a Temo y ser realistas

POR MAYOBANEX DE JESUS LAURENS*
*EL AUTOR es dirigente del PLD en Barahona.


Las buenas cifras han quedado atrás por el momento. Los números positivos serán parte de la comparación histórica de gestiones para tiempos de campañas electorales. La actualidad económica internacional y su impacto inminente en nuestra economía es una realidad que está a la vista y se puede percibir en todos los renglones de la misma.
“Las perspectivas de crecimiento estarán sobre el 3% para el presente año; tendremos menor acceso a créditos externos debido a la poca disponibilidad de recursos y al incremento de las tasas de los organismos financieros dedicados a estos fines”, dijo recientemente el Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temistoclés Montás.

Montás ha venido desde hace ya varios meses advirtiendo sobre la desaceleración por la que atraviesa nuestra economía, señalando el débil soporte en que se amparaba el sostenido crecimiento de la misma, cuyo motor principal se centra en las telecomunicaciones, turismo, remesas y zonas francas; sectores vulnerables que ante la recesión global surten un impacto inmediato en las pequeñas naciones como la nuestra.

Y es que, tal como lo ha explicado “Temo”, la decisión de China y de los países petroleros de depositar sus dineros en las naciones que han generando la crisis, permitirá la demanda de grandes recursos, provocando para el país y la región mayor endeudamiento y problemas de crecimiento económico, así como en el balance de las cuotas externas.

Todo lo anterior, expresado por el ingeniero Montás, conllevan medidas de urgencia que se vienen aplicando y que afectan directamente a las inversiones en infraestructuras y en los subsidios que mantenía el gobierno para el GLP y el sector eléctrico. El presupuesto tendrá que ser reformulado, afectando todas las dependencias del Estado, situación que motivará las protestas públicas por parte de los sectores sociales que reclaman soluciones a las necesidades acumuladas en cada comunidad.

El equipo económico del gobierno ha estado aplicando las medidas recomendadas por los expertos economistas y por los organismos internacionales para enfrentar la crisis global. Se han disminuido los tipos de interés; el encaje legal bancario ha sido flexibilizado por las autoridades del Banco Central, permitiendo mayor cantidad de recursos al sistema financiero para que estos puedan colocar los mismos al público.

La política monetaria es la correcta, buscando mantener un balance equilibrado entre tipo de cambio y déficit fiscal. Para incentivar la agroindustria, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha dispuesto mantener el régimen de exención a ese sector, beneficiándose del no pago de los anticipos, del impuesto sobre la renta y del gravamen a los activos. De igual manera se mantiene la tasa cero a los insumos y maquinarias agrícolas.

Falta ahora que las autoridades de la presente gestión de gobierno mantengan una coherencia entre control del gasto, recortes de incentivos y política salarial. La sociedad dominicana entiende la magnitud de la crisis internacional y su impacto en la economía dominicana; valora las políticas económicas que se están aplicando, pero reclama más austeridad en el manejo de la cosa pública.

Es inconcebible que mientras el primer mandatario de la nación mantiene el salario por debajo de los 100 mil pesos mensuales, aparezcan funcionarios encargados de secretarías, de direcciones de instituciones, personal de menor rango, así como legisladores, síndicos y regidores con salarios muy por encima de ese monto, que sumado a las dietas, viáticos y pago de combustibles y celulares ascienden a cifras astronómicas.

No es sólo hacer recortes de recursos para los subsidios y las asignaciones a las distintas secretarías de Estado, como ha señalado Temo. Es también aplicar una política salarial bien instrumentada, basada en una ley que imponga sanciones penales a los funcionarios que dispongan incrementos salariales, de dietas y viáticos no avalados por el Ejecutivo. Mientras el salario mínimo de los sectores públicos y privados oscila entre 5,000 y 7,360 pesos mensuales, otros sin embargo devengan sueldos por encima de los 200 mil pesos.

Eso es una inequidad y hay que detenerlo a tiempo antes de que se convierta en una explosión social.

http://www.almomento.net/news/135/ARTICLE/28760/2009-03-12.html

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