Por Ricardo Rojas León
24 de Mar 2009 12:00 AM
El proyecto de reforma constitucional que la Asamblea Revisora de la Carta Magna comenzará a discutir y sancionar esta tarde, probablemente sea el legado institucional más importante que Leonel Fernández habrá dejado a las presentes y futuras generaciones de dominicanos.
Esto así, porque el mandatario ha tenido la iniciativa de invitar a todo el país a participar en el diseño de una Constitución moderna que convertirá al de la República Dominicana en un Estado social, democrático y constitucional de derecho.
La nueva Constitución traerá un fortalecimiento de su parte dogmática, lo que se traducirá en una ampliación de los derechos fundamentales, en especial los nuevos derechos de participación popular, así como los derechos sociales y económicos.
Un gran aporte de la nueva Constitución es el establecimiento de un conjunto de garantías de los derechos fundamentales, precisando prerrogativas ciudadanas tan importantes como la tutela judicial efectiva, así como el derecho al recurso ante un tribunal superior, en caso de prisión arbitraria, o para la protección de uno de los derechos reconocidos por la norma fundamental.
Especial trascendencia tendrán las modificaciones a introducirse en las atribuciones de los tres poderes del Estado, las cuales implicarán, incluso, la pérdida de algunas de las potestades que actualmente tiene el Poder Ejecutivo.
La nueva Constitución dará una solución, a mi modo de ver, adecuada al problema de la repostulación presidencial.
Se permitirá que un Presidente en funciones opte por un mandato adicional consecutivo, pero también se le permitirá postularse luego de transcurrir cuatro años de un mandato presidencial diferente al suyo.
La nueva Carta Magna establecerá el principio de responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios por los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos.
Se creará una jurisdicción especializada en materia constitucional, y se otorgan rango constitucional no solo al Defensor del Pueblo, que será escogido por el Senado, sino también a la Defensoría Pública.
Se ha propuesto crear un Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de ese poder, así como un Consejo General de Procuradores, que dirigirá al Ministerio Público.
Pero esto que he comentado, es sólo una parte de las importantes y positivas transformaciones que la iniciativa de reforma constitucional del presidente Fernández le brindará a esta nación.
Ricardo Rojas León es abogado y periodista
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