La sociedad dominicana acumula un dilatado y extenso pasivo de inequidad económica e injusticia social, que parece asemejarse a lo que ocurre en el Lago Enriquillo, donde desde hace tiempo ingresa un mayor caudal de agua que el que sale por evaporación, lo que provoca que se desborde e inunde grandes extensiones de tierra, con los consiguientes daños a asentamientos humanos, cultivos y animales.
Ese lago, sobre el que se vierten millones de metros cúbicos de agua desde caudales que nacen en la Cordillera Central, Sierras de Neyba y de Baoruco, o cuando se avería el dique de contención Trujillo o por infiltración de ríos subterráneos, no tiene forma de desalojar tan formidable masa acuífera, a menos que no sea con el concurso de los rayos solares, que no fueron tan frecuentes ni intensos en 2008, porque ese fue un año de lluvias y tormentas.
Lo mismo que el Lago Enriquillo con el agua, la población pobre llega a colmarse de injusticia, entonces, uno, con la fuerza de sus caudales, procura recuperar territorio usurpado por el hombre y el otro, con el furor de su agonía e impaciencia intenta romper ataduras de desafuero.
Es menester, sin embargo, resaltar una clara diferencia entre la causa por el que el celebrado lago del suroeste desparrama sus aguas desde la olla natural que las almacena, frente al intento de grupos políticos temerarios por provocar inundaciones sociales, bajo la falsa premisa de que están dadas las condiciones para incitar a las masas a producir un tipo de poblada similar o peor que la acaecida en abril de 1984.
Mentes delirantes con fuertes tentáculos en anatomías partidarias, mediáticas y corporativas, han llegado a creer que los primeros coletazos de la crisis financiera global sobre la economía nacional resultan más que suficientes para promover un estado de desorden y anarquía que ayude a incendiar la pradera social y a crear un estado de precariedad institucional sobre cuyos destrozos se emprenda marcha hacia el poder.
El convite desestabilizador comenzó por los mismos puntos donde arranca este tipo de aventura, es decir por barrios populosos de Santiago, los municipios de Licey, Tamboril, Navarrete y San Francisco de Macorís, pero ahora han incluido a la estratégica zona turística Higuey- Bávaro, con la clara intención de ocasionar daño casi irreparable a la economía.
Los reclamos son los mismos de cuando tres administraciones perredeístas pasaron por el poder sin saber que pasaron, aunque legítimos siempre: arreglo y construcción de calles, carreteras, caminos vecinales, cañadas y otras urgencias, difíciles de afrontar de un cantazo porque el Gobierno carece de recursos suficientes, aunque se admite que en no pocos casos ha habido también falta de voluntad.
A pesar del gran despliegue de prensa a los desórdenes que se escenifican en esas pobres favelas, ningún periódico o canal de televisión ha podido presentar gráficas o vídeos de multitudes que salen a las calles a protestar o cierre voluntario de la mayoría de comercios, sino la escena clásica de encapuchados que encienden neumáticos, lanzan piedras a la Policía o destrozan cristales de vehículos y establecimientos.
En Higüey, grupos de forajidos impedían por la fuerza el paso de vehículos con turistas hacia la zona de Bávaro, en apoyo a un paro de grupos de transportistas que reclaman que les condonen una deuda de 700 millones de pesos contraída en el llamado Plan Renove.
A ese tipo de tropelía, perpetrada por militantes políticos con disfraz de dirigentes comunitarios es que el ingeniero Vargas Maldonado define como “expresión de descontento de la gente…” y a la que el ingeniero Hipólito Mejía ha ofertado sumarse, señal de que la sombrilla partidaria de ambos dirigentes políticos al menos ayuda a cobijarla.
La política es una ciencia y un arte muy complejo difícil de aprender después de llegar a la adultez biolólogica, por lo que no será posible a los mentores de esta “cadena de protestas” entender que no es posible repetir hoy el escenario de 1984, porque aquel fatídico episodio sí fue voluntario y sólo pudo ser contenido con la orden a los militares de tirar a la cabeza o al corazón.
A pesar de los pesares, el 56 por ciento de la población pobre aprueba la gestión del presidente Leonel Fernández, un reflejo quizás del programa de combate a la pobreza que emprende el Gobierno que ha dignificado la asistencia oficial a las familias colocadas todavía al otro lado de la verja de la miseria.
Dios me libre negar o ignorar que nuestro pueblo aún padece de altísimos niveles de injusticia social e inequidad económica, pero no creo que la mentada cadena de protestas sociales de que habla la dirección del PRD sea una cuestión espontánea, sino una burda acción política tendente a pretender pescar en río revuelto. (orion_mejia@hotmail.com)
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2009/3/21/10915/A-Rajatabla
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