Editorial El Nacional
Puede ser más en vez de menos la cifra de 60 individuos ligados al narcotráfico que procuran cargos legislativos y municipales en las boletas de los diferentes partidos, según denunció ayer el doctor Marino Vinicio Castillo.
Castillo, encargado de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, ha advertido que el 30 por ciento de la matrícula de aspirantes a esos puestos estaría representado por gente del narco.
No hay espacio para sorpresa o asombro ante tan angustiante revelación, pues se ha dicho que el once por ciento de toda la droga que llega a Estados Unidos y Europa pasa o se almacena en República Dominicana.
Si el narcotráfico pudo reclutar a 12 oficiales militares para participar en una operación de tumbe de drogas, en la que fueron asesinados siete extranjeros, estaría también en capacidad para reclutar más de 60 candidatos.
Es poco lo que se ha dicho sobre la subterránea industria del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas que ha permeado con su dinero sucio a no pocos sectores de la economía y posiblemente infectado el torrente financiero de la nación.
Si con motivo de las elecciones congresuales y municipales del 2010 ya se habla de guerra de papeletas, es lógico que se presuma que el narco tendría una participación estelar.
La denuncia del doctor Castillo no debería caer en saco roto, bajo el falso epígrafe de exagerada o estrambótica, porque en más de una ocasión lo dicho por ese funcionario ha resultado en dolorosa verdad.
El narcotráfico posee capacidad financiera y logística para penetrar a instituciones básicas de la sociedad, incluido, en primer orden al Congreso y Ayuntamientos, bajo el inobjetable axioma de que “quien puede lo más, puede lo menos”.
Corresponde, pues, a lo partidos políticos colocar impenetrables cedazos en su proceso de selección de candidatos, para evitar que gente apadrinada por las drogas llegue a ocupar curules legislativos o municipales.
La Junta Central Electoral ha de estar también vigilante para rechazar la inscripción de narcocandidatos.
http://www.elnacional.com.do/editorial/2009/10/26/30055/Narcocandidatos
Castillo, encargado de la Comisión de Etica y Combate a la Corrupción, ha advertido que el 30 por ciento de la matrícula de aspirantes a esos puestos estaría representado por gente del narco.
No hay espacio para sorpresa o asombro ante tan angustiante revelación, pues se ha dicho que el once por ciento de toda la droga que llega a Estados Unidos y Europa pasa o se almacena en República Dominicana.
Si el narcotráfico pudo reclutar a 12 oficiales militares para participar en una operación de tumbe de drogas, en la que fueron asesinados siete extranjeros, estaría también en capacidad para reclutar más de 60 candidatos.
Es poco lo que se ha dicho sobre la subterránea industria del lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas que ha permeado con su dinero sucio a no pocos sectores de la economía y posiblemente infectado el torrente financiero de la nación.
Si con motivo de las elecciones congresuales y municipales del 2010 ya se habla de guerra de papeletas, es lógico que se presuma que el narco tendría una participación estelar.
La denuncia del doctor Castillo no debería caer en saco roto, bajo el falso epígrafe de exagerada o estrambótica, porque en más de una ocasión lo dicho por ese funcionario ha resultado en dolorosa verdad.
El narcotráfico posee capacidad financiera y logística para penetrar a instituciones básicas de la sociedad, incluido, en primer orden al Congreso y Ayuntamientos, bajo el inobjetable axioma de que “quien puede lo más, puede lo menos”.
Corresponde, pues, a lo partidos políticos colocar impenetrables cedazos en su proceso de selección de candidatos, para evitar que gente apadrinada por las drogas llegue a ocupar curules legislativos o municipales.
La Junta Central Electoral ha de estar también vigilante para rechazar la inscripción de narcocandidatos.
http://www.elnacional.com.do/editorial/2009/10/26/30055/Narcocandidatos
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