Taveras argumentó que una comisión de legisladores obtuvo un informe negativo del CEA para la venta de esas tierras en el municipio de Sabana Grande de Boyá, propiedad del Estado.
Afirmó que el diputado Reyes estuvo en minoría en la comisión que estudiaba la venta de los terrenos, y que en una sección del hemiciclo retiró su firma, porque el informe de las pasadas autoridades del CEA no ratificaba la comercialización de los terrenos.
“La nueva directiva del CEA, sabiendo que existe un informe no favorable sobre la venta de los terrenos a la familia Rized, aprobó la comercialización”, señaló Taveras.
El legislador peledeísta sostuvo que el ingrediente más importante de esa causa es que existe una denuncia seria del diputado Juan Quiñones, que la ha manifestado de manera transparente y clara, que hay corrupción y que se está comprando diputados. “Lo que procede es una investigación y desaprobar el proyecto”, añadió.
Taveras precisó que en cualquier escenario del mundo, lo lógico para que exista la transparencia ante denuncias de ese nivel, automáticamente debe ocurrir lo que pasó, que el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, ordenó la creación de una comisión investigadora.
Indicó que la comisión no ha sido conformada debido a la crisis que se produjo en el hemiciclo por dicha venta.
“La situación presentada en el Congreso Nacional es un agravio y lo que más duele es que se haya producido una denuncia, que se insista en conocer el expediente de la venta de los terrenos. La denuncia de Quiñones es seria y el hemiciclo no debe insistir en conocer el proyecto y sobre todo como se está dirigiendo el debate”, manifestó.
Taveras declaró que la denuncia del diputado Quiñones ha contaminado el expediente y es penoso que no haya una política general de venta de terrenos.
Recordó que en el país existe un patrimonio interesantísimo de terrenos, pero ese patrimonio de propiedades se produjo sobre la base de despojo a cientos de campesinos desde la dictadura.
Informó que los legisladores han planteado al presidente Leonel Fernández que intervenga en la elaboración de un plan para vender esas tierras de forma racionable, y vuelvan a sus propietarios originales y que tenga un impacto social.
Anteriormente, los diputados Juan Quiñones, Gustavo Sánchez y Manuel Díaz habían acusado al CEA de vender propiedades del Estado a precio vil, sin tener en cuenta las repercusiones negativas. Esos congresistas protestaron por la venta por la suma de 36 millones 474 mil 992, ordenada por Frank Matos.
Los terrenos están valorados en más de 80 millones de pesos. Por esa extensión Ramón Rized Llabalí pago un 10% y el restante dinero en pagares de 20 años. Esas ventas de terrenos del CEA se producen en el territorio nacional.
En Hato Viejo, el CEA, luego de un proceso de quema de campos de caña, en coordinación con militares y civiles, la inmobiliaria vendió más de 200 campos.
El precio del metro de tierra por la zona es de 350 pesos, y el CEA vendió a los beneficiarios la tarea a 2 mil pesos.
Los compradores, que se identifican como el mayor de la Policía Castillo, el coronel Solis y coronel Rosario, tienen recibo del CEA por 40 tareas y cercan 2 mil. Esas personas quemaban los cañaverales para luego ocupar los terrenos.
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